nomasviolenciaportadaDaniela Romero – Página Siete.-

Al margen del dolor que significa haber perdido a  una madre, hija o hermana por un hecho violento, los familiares tienen que lidiar con los fiscales, jueces, abogados e investigadores que en vez de ayudarlos  ponen obstáculos en la investigación para encontrar al autor de un crimen.

Una investigación realizada durante los últimos seis meses en los municipios de El Alto, Quillacollo (Cochabamba) y Santa Cruz, identificó  15 trabas en los procesos de casos de feminicidio que impiden que las familias de las víctimas accedan a la justicia.

El estudio fue realizado por la ONG Alianza por la Solidaridad, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (El Alto), la Oficina Jurídica para la Mujer (Quillacollo) y la Fundación Paz y Esperanza (Santa Cruz), instancias que recogieron suficiente información para establecer que no hay avances en los casos.

Entre uno de los obstáculos que se presenta ante las partes de un proceso, en especial para los familiares, es la declaración de reserva del caso.

“Es evidente que bajo el pretexto de no perjudicar la investigación declaran la reserva del caso. El tema es que esa reserva que declaran, de alguna manera, cubre la deficiencia de las instancias policiales y de fiscales”, afirmó la representante del Centro Gregoria Apaza, Ana María Rojas.

Otra de las falencias es la falta de ayuda psicológica para los parientes de la víctima. Los  investigadores les piden una serie de trámites sin darse cuenta de que las personas pasan por un mal momento.

“En ninguno de los ocho casos existe una medida para tomar que pueda reparar la salud emocional de la familia que quedó. Asimismo, están los prejuicios que se tiene desde los investigadores. En algunos casos, son ellos los que  le recomiendan (a los detenidos)  que se vayan, dando la cara por ellos sin preocuparse de la otra parte”, sostuvo Magalí Chávez, coordinadora de programas de Alianza por la Solidaridad.

Rojas contó que en un caso ocurrido en la ciudad de El Alto, en el que una mujer fue asesinada por su expareja, la familia de la víctima presionó a los fiscales e investigadores a través de los medios de comunicación y con otros mecanismos. De lo contrario, el caso no hubiera llegado a tener una sentencia.

“En el otro caso, la madre, que es una persona de la tercera edad, se hizo cargo de los nietos, no tenía el tiempo ni los recursos para seguir con la investigación y (los investigadores) la marginaron completamente”, explicó.

Chávez demandó que es necesario que los operadores de justicia no vean el feminicidio como un delito de bagatela.

1. Retardación de  procesos

Los procesos tardan varios años en resolverse y sufren demoras en todas sus etapas, principalmente en la etapa preparatoria. Entre las causas está el incumplimiento de plazos en la justicia.

2. Fiscalía no cierra etapa preparatoria

Hay casos de feminicidio  que  se producen en el domicilio de la víctima o en lugares próximos con testigos, sin embargo, aún con eso, las investigaciones  duran igual o más que en otros delitos registrados.

3.Exámenes de laboratorio

Existe una demora en la solicitud de análisis de laboratorio y  peritajes. Así se  extiende la etapa preparatoria o no se logra obtener resultados a tiempo con la pérdida de pruebas de diferente índole.

4. El manejo de anticipo de pruebas

Las autoridades no  utilizan el anticipo de pruebas, se pide una excesiva fundamentación para autorizarlo sin considerar que se puede perder la declaración de testigos claves durante la pesquisa

5. Falta de formación de las autoridades

Hay un falta de formación idónea de las funcionarias y funcionarios que tienen la responsabilidad de investigar los delitos, además de la falta de medios e instrumentos para la recolección de evidencias.

6. Toman el papel de los investigadores

Se ha evidenciado que muchas veces son los familiares quienes  asumen la tarea de averiguar la ubicación del autor, reunir pruebas, identificar y convencer a los testigos para que declaren.

7. No se da prioridad a los feminicidios

Los juzgados cautelares y los tribunales de sentencia no dan prioridad a la atención de los casos de feminicidio y les otorgan el mismo trato y plazos que a  delitos de bagatela, por lo general.

8. La revictimización como una amenaza

Las familias deben repetir una y otra vez la versión de los hechos en todas las instancias; deambulan de un lugar a otro por la distancia entre las oficinas de investigación. Lo que genera angustia y desesperación.

9. Hermetismo en la información

La Fiscalía y la Policía no son accesibles para los familiares de las víctimas y los cuadernillos de investigación no están disponibles para ellos. En general, el maltrato y la displicencia, entre otros, se ven cada día.

10. Mentalidad patriarcal

Pareciera que aún no existe en las y los operadores de justicia predisposición suficiente para la aplicación del enfoque de género en sus investigaciones, resoluciones o acciones.

11. Cobros irregulares en los trámites

Los investigadores piden dinero a las familias para gastos de transporte, fotocopias, impresión de fotografías y otros, cosa que resulta gravosa para las personas de pocos recursos.

12. Infraestructura precaria

Las malas condiciones  en las que los investigadores desarrollan sus actividades generan mayor tensión, no se cumple con la privacidad para la víctima e influye en el ánimo.

13. Tipificación errónea en feminicidios

Pese a la existencia de la figura de feminicidio, delitos que encuadran dentro de este tipo penal siguen siendo calificados erróneamente bajo otras figuras, como asesinato.

14. Dejadez ante denuncias anteriores

La víctima en algún momento denunció hechos de violencia, principalmente familiar o doméstica, antes de perder la vida, pero no recibió protección del Estado.

15. No hay apoyo psicológico

En ninguno de los casos se ha solicitado apoyo psicológico para los familiares, que también son considerados víctimas, ni medidas de protección ante la existencia de amenazas.