Por Alice de Souza
Los agricultores en el sur del estado de Pará ya habían anunciado un “día de fuego” en el que promoverían una acción coordinada de incendios en la región. En capitales como Porto Velho y Rio Branco, el humo tomó el cielo durante semanas. La reserva ambiental Margarida Alves, en Rondônia, se incendió durante 20 días. Todo eso ya había pasado cuando la nube negra convirtió el día en noche, a las 15, en la ciudad más grande de Brasil. La oscuridad que envolvió a São Paulo el 19 de agosto suplantó toda la tragedia que ya estaba ocurriendo en el país. El dolor de la gran ciudad fue el anuncio oficial del sufrimiento de la selva tropical más grande del mundo.
Primero vinieron las imágenes del cielo oscuro y las luces encendidas a media tarde en São Paulo, y luego las imágenes del bosque en llamas y los animales muertos. El número de focos de fuego en el país en agosto ya es el más alto en los últimos siete años. En los primeros ocho meses de 2019, el número de incendios fue un 83% mayor que en el mismo período del año pasado. Los datos del monitoreo del Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe) muestran que en una semana hubo más de 9,000 nuevos puntos de fuego en el país.
El primer estado en sufrir fue Roraima, con un registro récord desde el principio de la monitorización del Inpe, hecha hace 21 años. Otras siete provincias, todas con áreas boscosas, están en la lista de altas tasas de incendios. Sao Paulo, que no está ahí, ya recibió una respuesta al caso de la oscuridad. La combinación de un frente frío con la alta presión atmosférica del período seco del Medio Oeste ha evacuado parte del humo de los incendios del Amazonas allí, dicen los expertos. Los otros estados todavía están esperando respuestas y ayuda. Parte del Amazonas se encuentra en una situación de emergencia. Acre, en estado de alerta ambiental.
Los incendios en la región no son nuevos. “Empezaron a intensificarse con la ocupación humana. El fuego se usa ampliamente para abrir nuevas áreas para la agricultura. En la década del 90, el país experimentó un período crítico de incendios e instituyó un sistema de monitoreo”, explica el ambientalista y director de WCS Brasil, Carlos Durigan. Sin embargo, según él, los casos en la Amazonía se han intensificado en los últimos cinco años. En parte debido al cambio climático y los períodos de sequía. Parte no solo de limpiar pequeñas áreas para la agricultura como en el pasado, sino también para la ocupación ilegal de la tierra. La deforestación en la Amazonía alcanzó, en julio de este año, un aumento del 278% en comparación con el mismo período de 2018.
Los datos son de Inpe y, según el presidente Jair Bolsonaro, son falsos. Justo un mes antes de que la oscuridad azotara a Sao Paulo, el presidente se reunió para un desayuno con periodistas. En la reunión, el mismo que negó la existencia de hambre en Brasil, dijo que Inpe mintió sobre la deforestación. El episodio se convirtió en una crisis y terminó con el despido del director de la agencia que ha estado midiendo la deforestación en los bosques brasileños con satélites desde 1988.
Cuestionar a las agencias brasileñas de control e inspección ambiental se ha convertido en una acción recurrente del gobierno actual, lo que lleva dramatismo a la situación de la Amazonía. Incluso antes de ser electo, Bolsonaro defendió la construcción de represas hidroeléctricas en la región. “El gobierno se hizo cargo y minó el trabajo realizado por sus propios órganos. Eso, para muchas personas que viven en la ilegalidad, sirvió como incentivo. Una idea de libertad para hacer todo. Existe la posibilidad de abrir la espacio a la expansión agrícola en la Amazonía, con la apertura de carreteras e infraestructura, cuestionando la existencia de áreas protegidas”, dice Carlos Durigan.
Es por eso que, aunque los incendios no son nuevos, en la administración actual han ganado mayor peso político. El sentimiento entre los ambientalistas y la red de conservación es que existe un plan institucional para la destrucción de los bosques y políticas públicas dirigidas a la protección del medio ambiente. “Hay un aumento de los focos de fuego incluso en las zonas inundables de los ríos, como el Amazonas, que están relacionadas con la ocupación ilegal.” El “día del fuego” programado para el 10 de agosto, fue descrito por un agricultor como una aviso a Bolsonaro de que el grupo “estaba trabajando”.
Desde principios de agosto, Jair Bolsonaro ha utilizado su cuenta de Twitter para reafirmar las acusaciones de robo de PT, publicar la defensa de disminución de la burocracia de la pesca en el país, publicar una foto del personaje Johnny Bravo, contestar a la prensa varias veces, llamarse “capitán de motosierra”, exaltar a los militares y comentar sobre las primarias argentinas. Las palabras sobre el incendio en el Amazonas no siguieron el mismo flujo y solo llegaron el miércoles (22). Bolsonaro insinuó que las ONG podrían haber provocado los incendios para “llamar la atención del gobierno”.
El comentario se basa en otra controversia ambiental. El gobierno decidió reformular la gestión del Fondo Amazonas, una iniciativa del país establecida hace 11 años para recaudar dinero y gestionar proyectos de conservación, incluso de reforestación. La decisión extingue el Comité Directivo del Fondo, reduciendo la participación de la sociedad civil en las decisiones. Noruega y Alemania, los principales financiadores, congelaron la transferencia de fondos.
Cuidar el medio ambiente en este principio de la gestión no parece ser una prioridad de la presidencia. La elección del ministro explica bien. Ricardo Salles es investigado por alterar la legislación ambiental para favorecer a los mineros. No lo aceptan los ambientalistas. Es apoyado por los ruralistas. En su opinión, Amazonía necesita “soluciones capitalistas”. Ayer, en un evento de la ONU sobre cambio climático, fue abucheado. Ayer, cuando hablaba por primera vez sobre el incendio, el gobierno lanzó un paquete de privatización para subastar dos represas hidroeléctricas en la Amazonía. El proyecto fue abandonado durante las gestiones anteriores por los impactos ambientales. Brasil sigue ardiendo.
