Cosecha Roja.-

“Dos móviles de la Policía Metropolitana se estacionaron en la puerta y ahora nos vigilan. Están ahí desde hace una hora”. Así describió Odón, voluntario nocturno, la situación que él y otros empleados del Hospital Neuropsiquiátrico Borda veían como sospechosa a las 2 de la madrugada de hoy.

A esa hora, y en una vigilia permanente, ellos estaban custodiando los Talleres Protegidos del hospital, un edificio que el Gobierno de la Ciudad quiere convertir en Centro Cívico, a pesar de la opinión de quienes viven o trabajan en el manicomio. Significaría, dicen gremios y grupos culturales, ocupar un predio de la salud pública para poner en macha una jugada política y económica.

El edificio de los Talleres Protegidos está al fondo del Hospital Borda, lindando con la calle Pedriel en el barrio Barracas. Sus vecinos más cercanos en el predio son el Centro Cultural y la capilla. También hay una cancha de fútbol con banderas de gremios como ATE y la Asociación de Profesionales que se niegan a la construcción del Centro Cívico.

Algunos árboles del lugar están talados: una topadora contratada por el Gobierno de la Ciudad intentó empezar la tarea de limpiar el terreno. Sucedió hace quince días. Los funcionarios que llegaron, acompañados de la Policía Metropolitana, quisieron retirar a los internos y a los empleados que a plena mañana estaban realizando actividades de carpintería. Fue la primera de varias visitas. “Hoy, viernes 24 de agosto, se presentó un oficial de justicia en los talleres protegidos del Borda para desocupar el predio. Los trabajadores resistieron protegiendo la actividad de los internos y las herramientas que ellos utilizan. Es inminente una orden de desalojo, que implicaría el uso de la policía para desalojar a los trabajadores que resisten”, publicó en aquel momento en Facebook un grupo de voluntarios. La noticia corrió por los pabellones del Borda: enfermeros, barrenderos, pacientes, médicos, psiquiatras y psicólogos se reunieron en el edificio de los Talleres Protegidos y evitaron una ocupación a la fuerza. Los agentes de la Metropolitana rompieron los candados y trataron de entrar. Pero, de nuevo, pudo más la resistencia.

En el hospital hay oposición a la propuesta de Mauricio Macri por varias razones. “Ese espacio pertenece a la salud pública, y el gobierno no puede construir a costa de excluir a los de siempre, a los internos”, dice Verónica Kazimierczak, coordinadora de radio La Colifata, una emisora que nació en el hospital, está en el dial y en internet, y transmite desde la institución todos los sábados.

“¿Por qué aquí? ¿Por qué no en otra parte? Este es un terreno que fue donado para que se fundara un hospital, y ahora no puede cambiar su propósito. Si construyen aquí hoy, después van a seguir otras cosas y el Borda se va a acabar”, comenta Marta Tarca, psicóloga que acompaña a los internos en el Centro Cultural.

Ella, en el fondo, como otros profesionales de la salud, sí quiere que la institución se acabe, o más bien que cambie, pero no así. “Lo que quieren hacer con el Centro Cívico es quitarle un predio al hospital para que haya valorización económica en la zona y se sigan limitando los recursos para atender la salud mental”, agrega Tarca. Se trata de una estrategia de “urbanismo económico”, que al ubicar oficinas gubernamentales o espacios públicos en algún barrio de poco tránsito, aumenta el valor comercial de los terrenos residenciales e industriales, y deja la idea de “cobertura estatal”. “Estamos a diez minutos del Obelisco, ¿quieren otro Puerto Madero?”, se pregunta la sicóloga.

El cambio que muchos buscan para el Borda no está relacionado con esa valorización económica, sino, con una postura de desmanicomialización, que significa atender integralmente a los pacientes pero sin confinarlos a vivir en un espacio cerrado. “Hay gente que lleva toda la vida en el hospital y no le ha servido de nada, son como desaparecidos o gente invisible que no cuenta en la sociedad”, comenta Kazimierczak, quien considera que las actividades culturales y de oficios, como las de herrería y carpintería, que se desarrollan en los Talleres Protegidos, son una esperanza para la resocialización y externación de los pacientes.

En el último año, la población del Borda se ha reducido considerablemente: de 1.200 internos que había, ahora quedan poco más de 600, lo que suena a logro si no se lo mira con lupa. “La mayoría quedó en situación de calle, y otros tantos están siendo atendidos en clínicas privadas con un costo que las familias o el gobierno están pagando, en un eterno negocio que incluye a los mismos jerarcas del hospital”, dice la psicóloga. Esa podría ser también otra explicación subyacente a la polémica que internamente ha generado el posible Centro Cívico.

“El presupuesto actual del Borda corresponde a 155 millones de pesos por año, un costo que, si vemos la inversión de 20 mil pesos mensuales por paciente, alcanzaría para renovar la institución y transformarla en lo que queremos: un hospital general, con todos los servicios y atención externa para la salud mental”, afirma Alberto Faba, director del Centro de Artistas, que plantea estas cifras como contrapeso a los 370 millones que el Gobierno de la Ciudad pagaría por el Centro Cívico. En los pasillos del Borda varias voces repiten, como un grito: “Plata sí hay, voluntad no”.

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