La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) le envió una carta abierta al gobernador Daniel Scioli para que dé marcha atrás con el recorte presupuestario al organismo y cumpla con el envío de las partidas acordadas con el Ministerio de Economía para el 2012. La CPM denunció que la baja del 34% en el presupuesto debilita gravemente la continuidad de los trabajos vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos, a los aportes investigativos y documentales en los juicios por delitos de lesa humanidad, y a la transmisión de la memoria de nuestro pasado reciente.

A continuación se transcribe la carta abierta al gobernador Daniel Scioli:

La Comisión Provincial por la Memoria expresa públicamente su preocupación ante la falta de respuesta del Ejecutivo provincial frente a las demandas de que cumpla con el envío de las partidas presupuestarias acordadas con el Ministerio de Economía para el ejercicio 2012.

El Ejecutivo provincial ajustó a la CPM en un 34% respecto de lo acordado.

Desde hace meses la CPM ha venido gestionando las partidas para la ejecución de su plan de trabajo para el presente año, diseñado de acuerdo a los fondos convenidos con las autoridades pertinentes del Ejecutivo hacia fines del 2011. Sin embargo, a pesar incluso del compromiso que comunicó el propio gobernador a miembros de la CPM en la reunión del 8 de agosto del presente año, no ha habido ninguna respuesta concreta al reclamo.

Esto debilita gravemente la continuidad de los programas de trabajo de nuestra institución.

Las acciones de monitoreo a los 60 establecimientos penitenciarios, comisarías e institutos de menores se han visto afectadas no pudiendo realizarse todas las visitas que durante el año 2011 llegaron a 120. De ser así, imposibilitaría no sólo un preciso diagnóstico de la situación carcelaria sino la protección de los derechos de los detenidos, y por lo tanto generaría mayores espacios de impunidad.

El programa Jóvenes y memoria trabaja este año con 700 escuelas de la provincia, y articula acciones con 8 provincias del país, convocando a más de 10.000 jóvenes a trabajar por la memoria y la defensa de los derechos humanos. La falta de recursos dificulta las tareas, y pone en juego la realización del Encuentro de Jóvenes por la memoria a realizarse en el mes de noviembre en el complejo de Chapadmalal. Se lesionan así las expectativas de alumnos, docentes y padres de distintos lugares de nuestra provincia que quieren ver concretado el trabajo de todo el año.

Las tareas de investigación en el Archivo de la DIPPBA para producir pruebas por los delitos de lesa humanidad son cada vez mayores. Los documentos son de extrema importancia ya que permiten dar cuenta de hechos y responsabilidades en la represión, claves en la investigación. Paralizar la acción implica una dura demora en los juicios, lo cual contraría el amplio consenso político y social que tiene esta política de Estado.

Las partidas adeudadas a la CPM son exiguas ante la dimensión del presupuesto provincial. Entonces ¿qué lugar ocupan en las prioridades del gobernador las políticas de DDHH y memoria? El ajuste a la CPM puede entenderse como una política de cercenamiento de su capacidad de acción en defensa de los derechos humanos y promoción de la memoria.

La CPM mantendrá con firmeza su pluralidad y su autonomía e independencia de los gobiernos; nada ni nadie nos doblegará en nuestra posición. Ha sido así desde su creación en el año 1999. En estos 12 años hemos demostrado seriedad y profesionalidad en el trabajo, así como también la clara directriz ética que guía cada uno de nuestros actos. La CPM está presente en todo el territorio provincial, denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando a las víctimas, aportando pruebas en cada uno de los juicios, reconstruyendo las historias locales, convocando a miles de jóvenes a la participación y al compromiso con el otro, poniendo al arte como interpelador de la sociedad.

Esperamos que el Sr. Gobernador cumpla con su palabra para no cercenar nuestra acción, lo cual implicaría un retroceso en las políticas de los derechos humanos y la búsqueda de verdad, justicia y memoria.

Firman: Adolfo Pérez Esquivel (presidente) / Hugo Cañón (presidente) / Laura Conte (vicepresidenta) / Aldo Etchegoyen (vicepresidente) / Alejandro Mosquera (secretario ejecutivo) / Víctor Mendibil (secretario) / Mauricio Tenembaum (prosecretario) / Elisa Carca (tesorera) / Elizabeth Rivas / Susana Méndez / Daniel Goldman / Roberto Tito Cossa / Emilce Moler / Mempo Giardinelli / Fortunato Mallimaci / Verónica Piccone / Carlos Sánchez Viamonte / Luis Lima / Víctor de Gennaro / Martha Pelloni

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