Cosecha Roja.-

Cuatro robos, uno atrás del otro. El escenario: La Recoleta, una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Los ladrones iban en moto. Entraban arma en mano a los locales, se llevaban la recaudación del día y huían hasta el próximo destino. El raid fue el jueves a a las nueve de la noche. Duró cinco cuadras y unos pocos minutos. Empezaron a menos de tres cuadras de la comisaría 19, pero nadie los interceptó. La noticia, como siempre, no tardó en llegar a los medios de comunicación: la inseguridad golpeando en un mismo punto. Pero hay algo detrás del texto repetido. “Lo que sospechamos”, dice uno los funcionarios judiciales que sigue la seguridad en la zona al detalle, “es que detrás de la oleada de robos hay una huelga de brazos caídos de los comisarios investigados por enriquecimiento ilícito”.

Antes era un secreto a voces. Ahora, tras meses de investigaciones, es una denuncia penal formulada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Mandos medios y altos de varias comisarías de la Policía Federal Argentina se han enriquecido ilegalmente por extorsionar a comerciantes de sus zonas asignadas: cada semana les cobran una cuota para “protegerlos” de supuestos asaltantes y para “dejarles pasar” algunos delitos asociados al rubro de cada local. Hasta ahora, 26 policías de las comisarías 7ª de Balvanera, 28 de Barracas y 44 de Versalles – Liniers están implicados.

Esta semana se conocieron los nombres de dos peces gordos que ya fueron destituidos de sus cargos: Luis Alberto Poggi regentaba la Comisaría 7ª, y Mario Trejo, hace poco en la 51, tenía quintas en la 44. Las denuncias penales contra las comisarías 7ª, 28 y 44 fueron radicadas entre el 2 de julio y el 5 de septiembre en el juzgado Federal de Claudio Bonadío, y los juzgados de Instrucción Criminal Nº 1, a cargo de Hernán Martín López, y Nº 20, de Elizabeth Alejandra Paisan.

Para pasar del rumor al papel, el Ministerio de Seguridad investigó denuncias de comerciantes y policías anónimos que en persona o en la línea 0800-555-5065 contaron cómo funcionaba el sistema de quintas y quiénes eran responsables. En el 2011, hubo 6.100 denuncias; este año ya suman 10.650. Con esa información, se realizaron seguimientos a uniformados que iban y venían de los comercios en turnos no asignados, y luego hubo allanamientos a locales clandestinos, como prostíbulos y expendios de droga, en donde encontraron rollos de billetes con papeles que indicaban su claro destino: “Para X en la Comisaría 7ª”. También en las comisarías se descubrieron libros financieros y de actas que señalaban movimientos de dinero ajenos a la función pública y participaciones de socios internos.

Otra fuente de irregularidades recayó en las declaraciones de renta de los policías, que demostraban a dónde iban a parar los dineros captados en el sistema de quintas. La Secretaría de Articulación con los Poderes Legislativo y Judicial, la Unidad de Transparencia y la Unidad de Fiscalización de Fuerzas Policiales y de Seguridad y la Dirección de Asuntos Jurídicos, hallaron datos falsificados, deudas bancarias imposibles de pagar, gastos extravagantes como yates y countries, herencias millonarias, operaciones inmobiliarias de rotundo éxito, y todo tipo de números que no se correspondían con los salarios mensuales asignados a comisarios, subcomisarios, subinspectores, sargentos, cabos primeros y agentes rasos.

Hay que tener en cuenta que las pruebas que los comprometen fueron colectadas antes de que a muchos de ellos los rotaran a otras dependencias policiales, de modo que la mayoría de los implicados ya no está asignada a las comisarías denunciadas.

Cosecha Roja conoció el caso de un policía que de la comisaría de Balvanera pasó a la de Palermo, y tiene un enriquecimiento fuera de sus posibilidades. Dice su expediente que en el 2008 declaró la compra de un terreno con vivienda de 1.100 m2 en Cariló, a pocos pasos del golf y muy cerca del mar, por una cifra irrisoria de 219 mil pesos, es decir 76 mil dólares a esa fecha. Esa inconsistencia continúa en que tiene un hijo estudiando en la Universidad Austral, donde los pagos mensuales superan los 4 mil pesos. Vive como rico cuando su salario no llega a los 10 mil pesos.

Otro policía declaró que se ganó una herencia de 120 mil dólares, y con eso pasó de tener una vivienda social en un barrio modesto a comprarse un yate de gama media, un Peugeot 207 -cero kilómetros-, y una casa lujosa en Capital Federal.

En la investigación financiera se pudo comprobar que en la Comisaría 28, por ejemplo, el ingreso mensual llegó a ser de 70 mil pesos en el 2011, y que las quintas eran comercios como albergues transitorios, verdulerías, prostíbulos, ventas de paco, boutiques, sindicatos de taxistas, gomerías, zapaterías, kioscos e, incluso, correo nacional.

Si bien la denuncia penal presentada por la ministra Nilda Garré se enfoca en los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, se espera que de allí se deriven otros delitos y más personas implicadas. Fuentes de la causa dijeron a Cosecha Roja que estas denuncias sientan un precedente en la Policía Federal Argentina, pues se demuestra que los ciudadanos, como los comerciantes coimeados, tienen el poder de rechazar la extorsión y revelar las conductas delictivas de funcionarios y entes públicos.

¿Inseguridad?

Tras el sistema de quintas, la inseguridad fue el motivo que llevó a muchos comerciantes de negocios legales a pagar sobornos a los policías. Esto implica la suposición de que en las zonas de la denuncia -Balvanera, Barracas y Liniers-, los asaltos a negocios eran recurrentes y amenazantes. La Policía, entonces, debía responder a su función pública de proteger a los ciudadanos y regular la seguridad. De alguna manera, esa sensación se convirtió para algunos uniformados en una oportunidad de negocio ilícito: el de demostrar protección pero con dinero extra. Si los comerciantes pagaban, los asaltos desaparecerían.

Algunos lo creyeron y se convirtieron en fieles pagadaores. Otros no y tal vez tuvieron sus consecuencias: delincuentes entraron a sus locales y así los amedrentaron. Los que faltaban por pagar comenzaron a hacerlo. La protección extra, e ilegal, parecía efectiva: disminuía los robos a comercios y aumentaba las arcas de los policías.

¿Fue eso lo que sucedió en las jurisdicciones de las comisarías denunciadas? ¿La supuesta ola de inseguridad que hoy recorre barrios como Recoleta y Palermoobedece a esa lógica?

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, antes hubo otras denuncias de coimas que terminaron en la destitución o relevo de comisarios y subcomisarios, pero era habitual que se manejaran con asuntos internos y no de forma pública. Era fácil, entonces, que las quintas del barrio le quedaran de herencia al policía que llegara de reemplazo. Cortar la cabeza sin desbaratar el sistema suponía mantener intacta la estructura que permitía hacer negocios.

Esta vez las denuncias contra la 7ª, la 28 y la 44, fueron dadas a conocer en conferencia de prensa, de modo que hubo un efecto diferente entre los ciudadanos, antes coimeados, y los mismos policías. “Se les acabó el negocio”, dijo una fuente judicial. “Es posible que haya efectos en la seguridad de varias zonas ahora que se están investigando otras comisarías. Creemos que algunos comisarios están en huelga de brazos caídos, pero si no dan resultados como legalmente deben hacerlo, las consecuencias para ellos igualmente llegarán”, expresó un funcionario que pidió reserva de identidad.

El mecanismo de las quintas

Para llegar a ser comisario de Policía hay que pasar por distintos cargos y tener cierta antigüedad: unos veinte años en la fuerza. Y es necesario, aunque pocos lo mencionen, tener dotes de buen administrador. Una comisaría, sugiere la denuncia, es similar a un comercio. En una función paralela a la oficial, se puede decir que el personal a cargo del comisario-gerente incluye policías de menor rango que visitan local por local cobrando la coima semanal. Que la caja chica compartida por todos proviene de extorsiones recurrentes pero deslindadas de la actividad principal. Que los ingresos y egresos de cada comisaría dependen de la cantidad de comercios que paguen sus cuotas y de la cantidad de policías entre los que haya que repartir ciertos porcentajes. Que los clientes son buenos o malos según la prosperidad de la zona o las jugadas ilícitas que haya que “regular” o permitir. Y, finalmente, que en el libro de contabilidad se anota, sin olvidar fechas y nombres, quiénes pagaron, quiénes deben y cuánto hay por asignar.

“No importa si los comercios son de zapatos, ropa, prostíbulos o drogas; la amenaza es la misma: si no pagás, te van a chorear”, le dijo una fuente judicial a Cosecha Roja. A esos comercios que tributan extras a las comisarías se los conoce como “quintas”, y aunque la mayoría pagan para no ser asaltados, otros lo hacen porque infringen la ley de marcas, ocupan el espacio público, contrabandean mercaderías, están vinculados a la trata de personas o al narcotráfico, o, en fin, cometen ilícitos que no deben salir a la luz pública.

Otro problema de las quintas asociado a la inseguridad son los negocios ilegales. Los policías corruptos dejan actuar en “zonas liberadas” a las mafias organizadas que trafican drogas, autopartes y órganos -todo lo que tenga potenciales compradores en el mercado negro-, y explotan sexual o laboralmente a mujeres y niños. Si con la coima la comisaría de una zona se hace de la “vista gorda” al permitir ese mundo paralelo, la criminalidad urbana aumenta.

La denuncia hecha por el Ministerio de Seguridad de la Nación pone en el ojo del huracán a la Policía Federal Argentina por la relación que establece entre los implicados y el delito. Los 26 agentes hoy investigados no solo se enriquecieron ilícitamente y sobornaron a ciudadanos, también promovieron, participaron y ocultaron otros crímenes.

 

 

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