¿Para quiénes son las ciudades? es la pregunta que a Leslie Kern, académica y autora de Ciudad Feminista (Ediciones Godot, 2020), le gusta hacer para arrancar un análisis urbanístico con perspectiva de género. Y como hay que escuchar a les que saben, vamos a seguir el camino que nos propone y preguntarnos: ¿Para quién es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)? ¿Quiénes diseñan las políticas urbanas? ¿A quiénes desplazan? ¿Cómo se gestiona el espacio público?
Es un montón, así que vamos por partes.
¿Para quiénes se construye CABA?: los chetos in y la mayoría out
Un debate histórico dentro del urbanismo respecto de la planificación de CABA es la relación con el río. Se dice que Caba “le da la espalda”. Puso boliches, restaurantes, costaneras y aeropuertos donde podría haber parques. Lugares rentables versus espacios de ocio. Un reclamo desde muchos sectores era “darle la cara” al río, pero hay que tener cuidado con lo que deseamos porque Horacio Rodríguez Larreta puede hacerlo realidad de la peor manera.
El gobierno porteño impulsa la aprobación de 118 convenios urbanísticos con empresas constructoras para autorizar “excepciones inmobiliarias” al Código Urbanístico, que regula la planificación de la ciudad, así como la altura, morfología y zonas en las que se puede construir. Miren qué lindos:
En teoría, los convenios son autorizados siempre que estén orientados a mejorar la calidad de vida o el ambiente urbano. Pero construir megatorres cerca de la costa hace todo lo contrario: privatiza el acceso al río y reduce los espacios verdes y terrenos absorbentes en una ciudad que tiene solo seis metros cuadrados de espacio verde por habitante. La Organización Mundial de la Salud considera saludable que sean de 15 a 20.
Lo que sí mejoran los convenios es la recaudación del gobierno porteño: según el Observatorio de la Ciudad, con esta movida espera ganar 200 millones de dólares, un monto que nunca viene mal. Después de todo ¡los canteros salen caros! Más aún cuando se compran con sobreprecios. Será por eso que en sólo 10 años, entre 2011 y 2021, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vendió 473 hectáreas de tierras públicas: algo así como 263 Plazas de Mayo.
Siguiendo con el relevamiento del Observatorio, el 54 por ciento de los convenios están al norte y al este de las avenidas Cabildo, Santa Fe y 9 de Julio hacia el Río de la Plata. Es decir: cerca del río. La ciudad ribereña que proyecta el Gobierno porteño a través de sus convenios es la de un cordón de megatorres de lujo a lo largo de la Costa accesibles para lxs pocxs que puedan pagarlas.
Y esperen: hay más. A pesar de la resistencia popular, el gobierno de Caba no tira la toalla respecto de la privatización de 32 hectáreas que integran el predio de Costa Salguero. ¿La última nueva? Prorrogó la concesión a Telematrix S.A. y ahora buscan privatizar 14 hectáreas de la Costanera Norte para boliches y restaurantes.
Proyecto ganador del Concurso nacional de ideas BS AS y el río, promovido por el GCBA.
¿Quiénes diseñan las políticas urbanas? Un caso ejemplificador
El convenio entre el grupo IRSA y el GCBA para construir megatorres de hasta 145 metros de altura para viviendas, shoppings y locales gastronómicos en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors es el más escandaloso de todos. El proyecto entró a la Legislatura el martes 20 de julio de 2021 y el jueves de esa misma semana tuvo dictamen favorable en comisiones. Al otro día las acciones del grupo IRSA subieron un 28 por ciento.
El 18 de agosto, a un mes del dictamen, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura el proyecto “Costa Urbana” con los votos del bloque del Pro, Coalición Cívica, Socialismo, Confianza Pública y Evolución, aunque en campaña este último prometía todo lo contrario.
¿Hicieron estudios del impacto ambiental de construir megatorres sobre un humedal tan cerca de la costa ribereña? Pues claro (que no). ¿Convocaron a una audiencia pública previa a este tratamiento legislativo? Tampoco. La votación violó la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú.
“Costa Urbana”, el megaproyecto de IRSA en Costanera Sur.
IRSA adquirió el terreno que limita con la villa Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica Costanera Sur en 1997 por 50 millones de dólares. Con la aprobación del convenio urbanístico el valor del suelo se multiplicará 32 veces como mínimo. Nada mal.
Dato curioso: Augusto Larreta, hermano del jefe de Gobierno porteño, fue gerente de Relaciones Institucionales en IRSA. Pero jamás nos atreveríamos a sugerir que eso tiene algo que ver con las maravillosas relaciones que la empresa tiene con el GCBA.
Después de la votación en la Legislatura porteña en una audiencia pública el 98% de les oradores habló en contra. Un porcentaje casi idéntico al 97% que se opuso a la privatización de parte de los terrenos que integran Costa Salguero. La consigna “Humedales sí, torres no” atraviesa ambas luchas.
¿A quiénes desplazan? El problema no es la falta de vivienda, es la falta de acceso.
No se coman el cuento de que hacen falta más viviendas para les nueves porteñes: el crecimiento habitacional de la ciudad está casi estancado desde 1947. Lo dice el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Para acercarnos en el tiempo: en el censo de 2001 se registraron 2.776.138 porteñes y en el de 2010 2.890.151. No es nada, chiques.
Los proyectos que busca aprobar el GCBA son en su mayoría edificios chetísimos que le permite a una minoría invertir en ladrillo mientras se encarece el precio de la vivienda para todes. De las más de 195 mil viviendas que se construyeron entre el 2005 y el 2018, más del 50 por ciento son consideradas de lujo.
Pero no sólo eso: muchas ni se usan. En 2019 el IVC registró que el 10 por ciento de las viviendas en CABA son ociosas y que los barrios donde se concentra la desocupación son los de mayor poder adquisitivo: Puerto Madero, la nave insignia de la especulación inmobiliaria, en 2019 tenía solo el 28 por ciento de los departamentos ocupados. Lo siguen Recoleta, Núñez, Belgrano y Palermo. ¿De qué forma los convenios que sumarían todavía más megatorres deshabitadas a zonas con pocos espacios verdes mejorarían la calidad de vida de les vecines de CABA?
Este modelo de ciudad es una manifestación más de la tendencia a la gentrificación que crece a nivel global. Es un fenómeno urbanístico y social que hace referencia a la “puesta en valor” de un barrio con obras de infraestructura y la apertura de locales cool, que produce suban los precios de los alquileres y un desplazamiento paulatino de sus habitantes históricos. Así se recambia un grupo social de poder adquisitivo bajo por clases altas.
¿Cómo se gestiona el espacio público?: con más policías y distinción Norte/Sur
Lxs políticxs de ese mismo espacio político refuerzan el estigma entre la “gente bien” del norte de la city y los maleantes y drogones del sur.
La exclusión no se hace sólo a base de discriminación discursiva y gentrificación, hace falta mano dura que acompañe ¿nocierto? Por eso el GCBA apuesta al policiamiento del espacio público para proteger a “les vecines” de les criminales. ¿Cómo lo hace? Engrosando cada vez más las filas de la Policía. En marzo de 2021 ya sumaba 26.080 efectives sin la capacitación necesaria para atender, por ejemplo, episodios de crisis en personas que sufren trastornos mentales. Para 2023 se comprometieron a sumar 4 mil policías en la calle (con el doble de formación) para que la Ciudad fuera más segura. El policiamiento creciente del espacio público es un peligro para todas esas poblaciones que no constituyen el ciudadano ideal: es decir, blanco, meritocrático, etcétera.
La mayoría de las detenciones que realizan las fuerzas de seguridad son contra vendedores ambulantes, trabajadorxs sexuales y migrantes. ¿Cuál es el modus operandi? Lxs maltratan, les pegan y detienen por resistencia o atentado a la autoridad. Lo que debería ser una simple contravención -una multa o el decomiso de la mercadería- se convierte en un delito penal. Además del hostigamiento y la criminalización, nunca faltan casos de gatillo fácil en los barrios del sur de la Ciudad.
Les excluides de la utopía porteña
Mientras los intereses inmobiliarios demuelen, se llevan puesto patrimonio histórico y hacen peligrar los barrios de casas bajas, más de 300 mil personas viven en villas o asentamientos y otras 7.500 en la calle. La pandemia agravó la crisis económica y derivó en una baja de los sueldos reales, un aumento en la desocupación y en la inflación. Muches inquilines de la CABA tienen que destinar la mitad del sueldo al alquiler, que aumentó un 60 por ciento entre agosto de 2020 y agosto de 2021, según Reporte Inmobiliario. Algunes ni siquiera pudieron hacer eso. Más y más gente fue expulsada a la marginalidad y terminó en la calle o participando de una toma de terreno. Según datos de la cámara civil federal que regula los desalojos en la ciudad de Buenos Aires, hubo 2500 desalojos en el año 2018; 2900 en el año 2019; un poco más de 600 en 2020, y 300 en 2021.
Hablemos un poquito de doble vara: cuando es un inglés que esquiva la ley para comprar las tierras que circundan un lago y después bloquea el acceso público que la Justicia le obligó garantizar es un “magnate” y los medios lo tratan bien. Cuando son mujeres pobres y solteras que toman un terreno y arman ranchos para poner un techo sobre sus hijes son okupas que ameritan ser expulsadas con patrulleros y topadoras.
Repasemos: la suba del precio de los alquileres y la violencia de las fuerzas de seguridad empujan a las poblaciones vulnerables e indeseadas hacia fuera de los márgenes de la Capital, y cuando finalmente cruzan la General Paz eso se convierte en un problema conurbanesco a resolver por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ni casas sin gente, ni gente sin casas
Construir más edificios no soluciona el déficit habitacional. El problema es ¿cómo incentivar la ocupación de las casas que ya existen? ¿Se pueden elaborar y aprobar leyes que graven a las viviendas ociosas para inyectarle oferta al mercado y que los precios de los alquileres bajen?
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi fue uno de les que sugirió un impuesto a las viviendas que estén vacías. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), añade otras alternativas: facilitar a través de subsidios y otras acciones la refacción de viviendas vacías en mal estado a cambio de darle determinado uso.
El IVC hizo un cuadro comparativo de las políticas de viviendas vacías implementadas en otros países. Alguno de estos modelos podría ser un punto de partida.
También son necesarias políticas que protejan los ecosistemas amenazados por la especulación inmobiliaria, pero en esa materia estamos mal a nivel nacional. El Congreso cajoneó la Ley de Humedales durante todo el 2021 y el Ejecutivo la excluyó del temario para las sesiones extraordinarias, la última oportunidad para darle tratamiento a la Ley. Perdió estado parlamentario y ahora hay que empezar de cero.
Ideas hay. Sólo hace falta decisión política para hacerle frente al poder de las constructoras.
