La acusación dice que los detenidos el viernes después de la marcha por Santiago Maldonado estaban tirando piedras, bombas molotov, golpeando policías y lanzando vallas. Pero los imputados estaban lejos del lugar donde dicen que los levantaron: algunos comiendo pizza, otros caminando hacia sus casas y otros tomando fotos para los medios en los que trabajan. Según el equipo de abogados defensores, la causa tiene más de ficción que de realidad.
“Fue una cacería, dieron la orden de llevarse a cualquiera. Se nota por las corridas que habían. Lo preocupante es que otra vez se ve una causa armada y sumarios que no tienen nada que ver con la realidad”, dijo a Cosecha Roja Pablo Llonto, uno de los abogados patrocinantes. “Hicieron grupos de imputados diciendo que estaban en inmediaciones de la Casa Rosada, pero cuando vas al detalle uno por uno de los 4 o 5 que integran ese supuesto grupo, aparece que los detienen en lugares que no coinciden”, señaló.
Una acusación sin pruebas
A los detenidos se los acusa de intimidación pública y de haber provocado daños a unos 14 policías. “La única supuesta prueba que hay fue producida por las propias fuentes de seguridad y no las pudimos ver. La acusación es absolutamente absurda e indeterminada”, explicó Claudia Cesaroni, integrante de Cepoc (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos).
La mayoría de los detenidos son reporteros gráficos, estudiantes universitarios y militantes de organizaciones sociales que no estaban encapuchados ni estaban participando de ningún desmán. Al docente José Morales lo acusaron de tirar piedras en Plaza de Mayo y quemar tachos de basura, aunque lo detuvieron en Avenida de Mayo y 9 de Julio cuando salía de una pizzería. Morales tenía entre sus pertenencias el ticket de la pizzería: salió de comer a las 22. En el acta policial dicen que lo detuvieron a las 20.18.
“Toda la construcción de esta ficción policial empieza con que fueron detenidos en inmediaciones de la Plaza de Mayo, aunque de las conversaciones que tuvimos con varios de los que acompañamos, se desprende no estaban de ninguna manera en el lugar que las actas dicen”, dijo Cesaroni. Y agregó: “Creo que esto se va a caer, no hay sustento. Al contrario, tendría que terminar en una causa contra la policía y la conducción política”.
“El marco probatorio es muy endeble, casi inexistente”, dijo Ismael Jalil, integrante de la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional). “Ahora lo que sigue después de hacer un chequeo del expediente, es hacer un ofrecimiento de pruebas de testigos y personas que estuvieron en el lugar de la detención”. Desde la Correpi, invitaron a quienes tengan videos o fotos de la represión a que los envíen para sumar a los materiales ya recolectados.
Abusos policiales
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó ayer un comunicado denunciando la escalada de escalada represiva y criminalizante contra el derecho a la protesta: “La respuesta estatal a la movilización social por la aparición con vida de Santiago Maldonado incluyó un conjunto de hechos graves. Al igual que lo ocurrido en otras oportunidades durante los últimos meses, la violencia policial y la criminalización de los manifestantes buscan infundir temor y disuadir las protestas”.
El CELS hizo un punteo de los abusos del operativo policial, que estuvo a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en articulación con el gobierno nacional. Señalaron que hubo “cacería”, “uso brutal de la fuerza”, “policías sin uniforme y sin identificación” y “Ataque a trabajadores de prensa y personas que registraron la represión”.
La falta de pruebas, las detenciones arbitrarias, lo endeble de las actas y los ataques contra la presenta cambiaron el foco de la causa por las detenciones, en manos del juez De Giorgi y el fiscal Ramiro González. La justicia pidió que declaren como testigos los agentes que participaron de operativo y recopilan decenas de registros fílmicos del momento. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) también inició una investigación y pidió que el Ministerio de Seguridad informe sobre la actuación de policías de civil.
Intimidación pública
Al momento de hacer sus declaraciones indagatorias, a los 31 detenidos les presentaron una lista de acusación unificada en la que se repetía el delito de intimidación pública. “Son figuras penales muy abiertas, porque a todos los que en algún momento cantamos ‘el que no salta es militar’, podrían imputarnos de estar convocando a la violencia colectiva, por ejemplo”, explicó Cesaroni.
El delito “intimidación pública” establece prisión de dos a seis años para el que “hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común” para “infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes”. El delito se agrava cuando se usan “explosivos, químicos y otros materiales afines”.
En el artículo 212 del código penal se especifica la acusación que se les hace a los detenidos durante la marcha: “Violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.
“Si esta imputación prospera enfrentarán un proceso penal que puede durar años por el solo hecho de haber participado de una manifestación, haber intentado registrar la violencia policial o, simplemente, haber estado caminando por la ciudad un viernes a la noche”, denunciaron desde el Cels.
