Es la una del mediodía en San Miguel de Tucumán. La Corte Suprema ha cerrado sus puertas. Las mujeres de la Mesa para la Libertad de Belén, que manifestaron por la absolución de la joven en la plaza frente al edificio, intuyeron lo que finalmente ocurrió.
“Horrible lo que te voy a decir pero estamos acostumbrados a estas demostraciones de poder de parte de nuestro Poder Judicial que no hace más que profundizar las violencias que Belén ya ha sufrido. Una de la tarde, Tribunales cerró sus puertas sin dar un pronunciamiento”, dijo a Cosecha Roja la abogada Soledad Deza.
Hoy venció el plazo de 90 días hábiles que tenía la Corte para pronunciarse sobre el fondo de la causa y decidir si dejaba sin efecto la condena que pesa sobre Belén. Si bien existía un plazo, por ser un tribunal supremo no existe ningún mecanismo que pueda obligarlo a que se pronuncie.
“Al ser la instancia superior no tenemos ninguna herramienta procesal para denunciar el vencimiento del plazo. Usualmente se puede presentar una queja por retardo en justicia antes el Tribunal Superior pero en ese caso al tratarse de la Corte nos resulta imposible”, explicó Deza.
Hoy la Mesa para la Libertad de Belén denuncia el carácter débil del concepto de acceso a la justicia. Para la abogada, la joven “sintetiza muchísimas de las violencias del Estado. La mora del Poder Judicial profundiza las violencias que ya ha vivido, esto es una investigación nula, un fiscal que acusa sin pruebas, una defensora oficial funcional a la acusación y una cámara que falla y condena sin fundamentos y con prejuicios”
Belén, en tanto, recompone su vida, sostiene su tratamiento psicológico y sobrelleva los embates en su contra. “Había mucha ansiedad con esta fecha, dijo Deza. Sobre todo porque esta última semana hubo acá, en Tucumán, una ofensiva de los sectores conservadores que hicieron una ‘aficheada’ revelando su verdadera identidad e interpelando a la Corte con los nombres de los ministros, que son los de la Sala Penal, en un mensaje ideológico muy confuso. Todo eso, por supuesto que agrava. La demora agrava. La aficheada la vio su mamá. Es un golpe bajo, muy feo”.

En agosto de este año, esa misma Corte ordenó liberar a Belén, condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo: había tenido un aborto espontáneo y fue a pedir ayuda al hospital. Los jueces Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse consideraron que no se respetaron los requisitos del proceso judicial. También dijeron que la condena de primera instancia no es fundamento para la prisión preventiva.
Belén estuvo más de 900 días encarcelada. Le fue negado el derecho de asistir al juicio en libertad y a esperar que la condena quedara firme. La abogada de Belén, Soledad Deza, había pedido el cese de la prisión preventiva ya que no había pruebas concretas de que se haya cometido un homicidio y tampoco existía peligro de fuga.
Según Deza, tras la lectura de los fundamentos, los jueces coincidieron en que no hacía falta ningún ADN porque las pruebas contra la joven eran “contundentes”. Señaló que la defensa nunca planteó la no culpabilidad de la joven. Además, para los miembros del tribunal, el secreto profesional médico cede cuando una vida está en peligro.
La joven tucumana de 27 años fue acusada de un crimen que le queda grande. Sufrió el destrato de los profesionales del Hospital Avellaneda: el médico José Daniel Martín y la partera Marta Monje la denunciaron a la policía y le confiaron el secreto médico-paciente. Hubo grandes confusiones alrededor de la historia clínica y al feto nunca le tomaron muestras de ADN para emparejarlo con Belén.

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