Causa Awada: para la justicia porteña no es delito contratar talleres clandestinos

Cosecha Roja.-

En el taller textil de la calle Pola al 1900 vivían 15 bolivianos. No tenían documento, trabajaban todo el día, comían y dormían en la misma habitación con sus hijos, en condiciones laborales “infrahumanas”. No tenían ni siquiera llaves de la puerta. En 2011 la justicia condenó a los talleristas que lo manejaban y, 15 días atrás, sobreseyó a los dueños de las marcas para las que trabajaban, entre ellos Daniel Awada, cuñado del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y presidente de Como Quieres que te Quiera y Cheeky. En su defensa el empresario alegó que “no es delito” contratar talleres clandestinos.

“Aun en el peor de los casos, y si se presupusiera algo absolutamente incoherente como el aprovechamiento de mi parte del trabajo de las víctimas, nos encontraríamos frente a un supuesto de atipicidad”, dijo Awada. Esto, a su juicio, “significa extender inconstitucionalmente los límites de la aplicación de la ley penal”, declaró en la causa a la que accedió Cosecha Roja.

En otras palabras, y según la apelación del fiscal Adrián Madrea, lo que propuso el cuñado de Macri es que “contratar a un taller donde trabajan esclavos para producir ropa de su marca para beneficiarse con ello no es su problema ni está prohibido”.

Según el relato del presidente de la empresa Cheek SA, los talleres que contraban eran “empresas independientes”. Las relaciones laborales y jerárquicas -se defendió Awada- son responsabilidad de los titulares del taller. “Nuestra firma paga a cada uno de esos talleres las partidas de prendas que concluyen. Todos expiden facturas por los servicios que ofrecen a la compañía y nuestra firma satisface esas prestaciones únicamente con cheques”, explicó.

La jueza María Fontbona de Pombo sobreseyó a Awada y los demás dueños. El fiscal apeló y la Cámara confirmó la decisión de levantarles la imputación por el delito de “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular”.

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El taller de Mataderos funcionaba desde junio de 2007. Estaba unido por dentro a otra vivienda de la calle Garzón 5611: un mueble disimulaba el boquete a través del cual pasaban los trabajadores. Las condiciones eran similares a las del taller de Pola y Condarco donde el lunes murieron dos niños en un incendio. Según describieron los trabajadores y los inspectores en el juicio contra los dueños- eran de “precariedad, insalubridad, hacinamiento y encierro controlado”. Y a los costureros los sometieron mediante gritos, maltratos y aprovechamientos a condiciones laborales infrahumanas”.

La policía allanó la vivienda el 3 de octubre de 2011 después de una denuncia. En el operativo secuestró ropa con etiqueta de las marcas Portsaid, Portsaid Básicos, Como Quieres que te Quiera y Cheeky, bolsas con etiquetas de la firma Cheeky Baby y Cheeky; www.kosiuko.com in God we trust, ovillos con cinta y chapitas metálicas de Kosiuko y botones metálicos de Cheeky. También se llevó telas, retazos, ovillos de hilo elastizado, carreteles de hilo de distintos colores y hojas con membrete de las marcas con moldes de ropa dibujados, documentación de Cheeky –certificados de retención, órdenes de pago, recibos- y bolsas de la dicha firma.

Cuando les tocó describir las tareas que hacían, los trabajadores dijeron que cortaban telas, despuntaban los hilos, confeccionaban prendas para adultos y para niños, planchaban y cosían etiquetas para Cheeky, Kosiuko, Portsaid y Como quieres que te Quiera.

Para el fiscal de la causa quedó probado que los dueños del taller -que fueron procesados y condenados por reducción a la servidumbre- tenían una relación de empleo con las sociedades que agrupan las marcas. “Existe por tanto una grave responsabilidad por parte de los directivos imputados respecto de la forma en criminal mediante la cual se explotaba a los trabajadores de la calle Pola 1995/7. (Ellos) tuvieron conocimiento e intención de producir sus prendas de vestir en el taller esclavista”.

Es el primer caso en el que los responsables admitieron los hechos y reconocieron que contrataron los talleres clandestinos, que les daban los moldes para confeccionar la ropa, que abarataban costos para aumentar la tasa de ganancia. Aún así la justicia sobreseyó Awada y Patricia Norma Fraccione (presidente y vice de Cheek S.A.), Aníbal Marcelo Terra e Ingrid Georgina Kern Dornfeld (presidente y vice de Kowzef SA que posee la marca Kosiuko), Sergio Jaime Said y Victoria Papu de Said (presidente y vice de Mazalosa SA que explota la marca Portsaid). “Este caso tiene un condimento particular porque esa dinámica se nutre del trabajo esclavo”, fundamentó el fiscal.

Foto: Mariano Armagno / Infojus Noticias