El juez Canicoba Corral
¿Hay un pacto de silencio en el caso Santiago Maldonado? ¿Se perdió tiempo de manera intencional? ¿Que papel jugó la mano derecha de Bullrich durante la represión? ¿Que implica que la Gendarmería siga en el lugar mientras está sospechada por la desaparición de Maldonado?
Lo que parecía una oportunidad de responder esas preguntas podría terminar en la nada. El juez federal de Capital, Rodolfo Canicoba Corral, se declaró incompetente y la causa irá rumbo a la Patagonia. También caerá en el despacho de Otranto, el mismo que tiene la causa central.
El expediente empezó con una presentación de la Liga por los Derechos del Hombre y el Instituto Sampay. Los organismos pidieron que se investigue a Macri, Marcos Peña, Bullrich, Garavano, a Claudio Avruj, a Pablo Noceti y a varios gendarmes por encubrimiento.
La denuncia quedó en manos del fiscal Federico Delgado y de Canicoba. En su dictamen ante el juez, Delgado reclamaba copias de todo lo actuado en Esquel, y recomendaba que Otranto sea apartado de la causa central porque fue quien ordenó la represión y “articuló la intervención de la fuerza de seguridad”. El fiscal entiende que es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado durante el casi mes y medio que tiene la causa.
Canicoba Corral no explicó si llegó a tener contacto con el expediente, pero en su resolución no hay una sola mención a pormenores de la investigación. En su texto para deslindar competencias sostiene que como los hechos sucedieron en Chubut, la investigación sobre encubrimiento debe realizarse en ese lugar.
En el final de su resolución, Canicoba le da la razón a Delgado en casi todas sus observaciones, pero salda el debate a partir de ese planteo de territorialidad. “La falta de información, la negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona y las pruebas a las que apunta el fiscal, no pueden ser entendidas como una figura autónoma o alternativa del de ‘desaparición forzada’ sino que forman parte estructural de ese tipo penal”. Pero luego agrega que “para una más pronta y eficaz administración de Justicia, impondrían que fuera la Justicia Federal de Esquel la que debería abocarse a su investigación”. Delgado, en cambio, utiliza esos argumentos para pedir que la causa de “desaparición forzada” sea investigada en Buenos Aires.
Los familiares de Santiago Maldonado le critican a Otranto y a la fiscal Silvina Avila la tardanza para realizar las medidas de prueba. Al no apuntar a la Gendarmería no fueron protegidos los camiones utilizados en el operativo, se dilataron los entrecruzamientos de llamadas, los rastrillajes en el lugar de la represión y la toma de testimonios a los gendarmes involucrados. Si bien en la causa por encubrimiento no están apuntados ninguno de los dos, es probable que en algún momento se ponga bajo la lupa si su accionar colaboró con la posibilidad de que se cometiera ese delito. Por eso, ahora los denunciantes piensan en apelar la medida de Canicoba Corral.
El juez Guido Otranto.
“La decisión del juez es una forma más de seguir encubriendo los hechos. Las autoridades que nosotros pedimos que se investiguen tienen su domicilio acá y pedimos que se investiguen acá. Ellos desde acá actúan. Por lo tanto pueden dar explicaciones acá de lo que hacen desde acá. Vamos a presentar la apelación ante la Cámara de Casación y nos vamos a presentar como querellantes”, le explicó a Cosecha Roja la titular de la Liga por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum.
Con su resolución de incompetencia, Canicoba Corral le entrega a Otranto una responsabilidad jurídica y política muy pesada. Desde el comienzo del caso, el juez recibió críticas cruzadas del Gobierno, de los Maldonado y de los mapuche a los que ordenó desalojar. En los próximos días debe resolver si acepta la causa contra Macri y compañía, algo que complica sus planes de carrera.
En este momento, Otranto se postuló para la vacante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca. En el concurso convocado por el Consejo de la Magistratura en mayo del año pasado, el juez de Esquel quedó primero en el orden de méritos. Fuentes del Consejo le explicaron a Cosecha Roja que su prueba de oposición “fue destacada” y que sus antecedentes profesionales lo perfilan como el candidato.
Más allá de sus condiciones y currículum, Otranto también precisará de un guiño del Gobierno nacional para que su pliego termine en el Senado y lo asciendan. Para alguien en su situación, lo menos recomendable es tener causas calientes que puedan complicarlo. Por alguna razón el juez se mantuvo firme en la causa central por la desaparición de Maldonado. Ahora habrá que ver qué resuelve con esta nueva situación.
