Cosecha Roja.-
“No soy delincuente ni traficante, no pedí estar enferma. ¿Por qué tengo que hacer algo ilegal?”, dijo Cecilia Heyder, de 47 años, cuando debió explicar ante medios de comunicación y estrados judiciales por qué pedía que le permitieran consumir en Chile, su país, el fármaco Sativex que está elaborado con cannabis. Ella, madre de dos hijos, fue diagnosticada en 2010 con lupus sistémico dérmico y en 2011 con cáncer de mamá en etapa II.
Cecilia se convirtió en activista por los derechos fundamentales y fundadora de la organización Cáncer de Mamas. Había probado la marihuana en su juventud y como madre no estaba de acuerdo con su uso. “Me creía todo lo que decían de la marihuana, que era la puerta de entrada a otras cosas”, dijo a la organización Cultiva tus Derechos, que la acompañaron en su reclamo por el medicamento que puede paliar los dolores de los enfermos del cáncer y otras afecciones.
El lunes 21 de julio Cecilia celebró que le permitieran importar el Sativex para su uso personal en un tratamiento limitado de tres meses. Es una buena noticia porque sienta un precedente de cuidado para los enfermos en Chile, pero es insuficiente porque la orden del Instituto de Salud Pública no se extiende a otros pacientes que han hecho la misma solicitud y porque ahora Cecilia y sus acompañantes deberán reunir 6.500 dólares para el costo del medicamento, los gastos de importación y el envío hasta su casa.
Según lo explica la organización Cultiva tus Derechos, el reclamo de Cecilia “es porque se reconozcan los usos terapéuticos del cannabis, porque los pacientes que lo requieran puedan acceder a él de manera legal y segura, porque los médicos se atrevan a investigar e incluirla dentro de las opciones terapéuticas. Es para que los usuarios dejen de ser perseguidos y detenidos. Su pelea no es por plantas o fármacos, su pelea es por derechos, es por salud”.
A finales del 2012, cuando los dolores del cáncer de mama y del lupus se volvieron insoportables, uno de los médicos que la atendía le sugirió que probara con marihuana, que quizás de esa manera se iba a sentir mejor, porque a otros pacientes les había funcionado. Cecilia Heyder no tenía más opciones porque los medicamentos que le recetaron ya no surtían efecto. Probó formas de consumo y dosis variadas buscando la más adecuada para lograr alivio; para eso tuvo que leer revistas, hacer búsquedas en internet y averiguar con otros enfermos que fue conociendo. Al encontrar la medida de su paliativo, Cecilia se dio cuenta de que no podía seguir ocultándose para encontrar marihuana, que si la compraba ilegalmente estaba contribuyendo al negocio del narcotráfico y si la cultivaba podía tardar meses en recoger sus flores e igualmente ser señalada como delincuente. Un ejemplo que no quería dar a sus hijos.
En esa búsqueda el Sativex apareció como la opción legal y probada, con la gran dificultad de que no es un fármaco que se produzca o venda en Chile, es decir que no podía conseguir. “La ley dice que puedo usar cannabis con fines medicinales, pero no me dejan comprarla, que me la regalen o cultivarla porque me pueden acusar de tráfico, ¿entonces cómo la consigo?”, esa pregunta fue el inicio una batalla jurídica que comenzó en febrero de 2013.
Cecilia inició trámites ante el Instituto de Salud Pública para que le permitieran importar Sativex y usarlo en ella misma. Desde el diagnóstico de cáncer, ya había pasado por una mastectomía y se había sometido a radioterapia y quimioterapia, con algunos resultados efectivos que sin embargo no dejaban de generarle consecuencias dolorosas e incómodas. Así, mientras sufría los estragos de su enfermedad, hizo largas filas en el Instituto de Salud Pública, en los hospitales donde la atendían y en decenas de oficinas donde le pedían documentos que comprobaran su padecimiento y justificaran el pedido de importación de Sativex. Según Cecilia, sufrió tratos discriminatorios y llegó a ser señalada como delincuente por los mismos funcionarios que la atendían. Un año y varios meses después, en julio de 2014, su solicitud fue aprobada.
Para Ricardo Fábregas, director de Instituto de Salud Pública de Chile, el permiso de importación de este medicamento sienta un precedente para la legislación en la atención a pacientes de enfermedades críticas y crónicas. “Estamos abiertos al uso terapéutico de drogas que puedan ser beneficiosas para la población. Ya que hay evidencia científica que así lo demuestra, lo razonable es abrir el camino para que la población tenga acceso a ello”, dijo al medio TeleSurTv.
Para Cecilia, el primer paso de su lucha es la importación, que espera concretar en agosto, cuando reúna, a través de campañas benéficas, el dinero suficiente para conseguir el fármaco. Tres meses después, en octubre o noviembre de este año, se quedará de nuevo sin Sativex y la batalla legal por aliviar su dolor deberá continuar. No será tarea fácil porque la norma que penaliza la marihuana en Chile, la Ley 20.000, la considera una droga dura, con penas de 3 a 20 años de prisión y elevadas multas para quienes la consuman, vendan o cultiven. Ante ello, la pregunta en público de Cecilia Heyder continúa sin respuesta: “¿Por qué tenemos que ingresar un medicamento que cuesta 3 millones y medio de pesos, cuando podemos tener una planta acá?”.
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