Chile: torturadores y asesinos que se comparan con los apóstoles de Jesús

“Te pido que con tu infinito poder cambies aquellos corazones duros que, con razón o sin ella, nos detestan sin darnos cabida en la sociedad”. Así termina la carta que leyó el viernes 23 de diciembre Claudio Salazar Fuentes, El Pegaso. El 29 de marzo de 1985, luego de secuestrarlos y torturarlos toda una noche, junto a un grupo de cuatro agentes El Pegaso degolló y abandonó en el descampado a tres militantes comunistas. Para matar al sociólogo José Manuel Parada usó un corvo, el tradicional cuchillo del ejército chileno, Salazar .

Siete días más tarde, la Corte Suprema aceptó su apelación y le otorgó la libertad condicional. En un fallo dividido por 3 a 2, los jueces aprobaron el razonamiento de la defensa de Salazar Fuentes: que ya ha cumplido la mitad de su condena y, por lo tanto, califica para el beneficio.

Una semana antes del fallo, Salazar leía su texto. La del Pegaso fue una de nueve cartas leídas en una misa en vísperas de Navidad en la cárcel especial para ex represores de la dictadura de Augusto Pinochet, el Penal Punta Peuco. Mientras su apelación se tramitaba en el Palacio de Justicia, el abogado de Salazar declaraba a la prensa que la misa era un “acto desinteresado, que no busca beneficio alguno sino que redención y paz”.

En el acto hubo 120 personas, entre ex represores y sus familiares. Afuera se manifestaban los familiares de las víctimas. Adentro, en medio de un operativo de seguridad, se leían extractos de la Biblia y una prédica a cargo del sacerdote jesuita Fernando Montes, un mediático cura cercano a la presidenta Bachelet. Los ex represores hablaron en el orden jerárquico de los cargos que ocupaban al momento de cometer sus delitos.

Además de Claudio Salazar, otro de los que difundieron la carta fue Basclay “El Troglo” Zapata, apodado así por su costumbre de violar a las prisioneras del centro clandestino de detención Villa Grimaldi. Está  preso desde 2007, condenado por el secuestro y desaparición de seis personas y la ejecución de otras dos. En su carta se comparó con el apóstol San Pablo.“’Entraba en las casas, arrastraba hombres y mujeres, y los entregaba a la cárcel’ (Hechos 8:3). Eso y otras cosas también hice en la DINA”, señaló.

En ninguna parte de su texto mencionó a Diana Aron, Alfonso Chanfreau o Elsa Leuthner, algunas de sus víctimas. Sí señaló que cumplió órdenes militares “poniendo especial celo en su ejecución porque pensaba que tales órdenes eran legítimas, y en aras del bien superior de la Patria” y, que al igual que San Pablo, “equivocadamente pensé que mis actos eran cumplimiento irrestricto de la ley”. Así, Zapata no pidió perdón, sino que “cree necesario pedir ser perdonado”.

También leyeron sus cartas mayor de Ejército Carlos Herrera Jiménez, quien prefirió pedirle disculpas a su propia familia y Pedro Hormazábal Fuentes, ex agente que fue apresado en 2014. Los dos enfatizaron que el posible daño causado fue al cumplimiento de labores de seguridad pública.

En un año en el que Chile ha comenzado a discutir la posibilidad de otorgar beneficios carcelarios por razones de salud, para los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos esta misa no sería otra cosa que “el show final de una campaña en busca de impunidad sin terminar con los pactos de silencio”.

“Alguna acción realicé”

Como agente de la Policía de Carabineros chilena durante el régimen pinochetista, Salazar Fuentes está condenado a cadena perpetua por el secuestro, asesinato y degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, un hecho conocido como el caso “Degollados”, que por su alto impacto público fue uno de los primeros en juzgarse una vez iniciado el gobierno democrático de Patricio Aylwin.

Pegaso cumple su pena en el penal de Punta Peuco, cárcel fue construida en 1995 para encarcelar a los dos primeros condenados por crímenes de la dictadura. Si en Chile -el país con la tasa de reos más alta del continente- los presos viven hacinados, la situación de los condenados por crímenes de la dictadura es la contraria. Cada uno de los cuatro módulos del penal de Punta Peuco donde viven tiene living, cocina propia y ducha. Las habitaciones personales tienen baño propio y los presos pueden recibir electrodomésticos, radios, televisores con cable y computadores, para los que está disponible internet.

Las tres víctimas del Pegaso Salazar eran militantes del Partido Comunista: Santiago Nattino y Manuel Guerrero fueron dirigentes del gremio de profesores; mientras que José Manuel Parada era sociólogo en la Vicaría de la Solidaridad, el órgano de la iglesia que amparaba a las víctimas de la dictadura. Semanas antes del crimen, Guerrero y Parada habían contactado a un desertor del Ejército que confirmó la existencia del Comando Conjunto, dedicado al exterminio del PC. Los cuerpos de los tres fueron hallados el 30 de marzo de 1985.

En su carta, Pegaso dijo que  “alcancé a ser carabinero por más de veinte años, y desde luego, alguna acción realicé que produjo dolores innecesarios a las personas que debía proteger. Respecto de la solicitud de perdón acerca de mi delito por el cual permanezco preso, ya la hice sin obtenerlo de sus destinatarios”.

Cuando salga en libertad,  Pegaso se sumará al beneficio que gozan tres de sus cómplices: el único de los condenados en el triple crimen que quedará en Punta Peuco será Miguel Estay, que además es el único civil implicado. Los otros militares, Alejandro Sáez Mardones, José Florentino Fuentes y Guillermo González Betancourt han obtenido el mismo beneficio en los últimos dos años.

En Chile, solo 1375 agentes represivos de la dictadura enfrentaron procesos judiciales. De ellos, 126 han sido condenados a pena efectiva: 117 están recluidos en Punta Peuco. Los familiares de víctimas acusan una campaña sistemática por liberar a ese centenar de represores, que el 12 de diciembre tuvo un reimpulso cuando el ministro de Justicia, Jaime Campos Quiroga, declaró que había “falta de coraje” a la hora de debatir la situación de los condenados con enfermedades, de los que se manifestó a favor.

Tres días después cuatro ex represores encarcelados ingresaron a la justicia una solicitud de indulto presidencial y se anunció la ceremonia del perdón en Punta Peuco. Las organizaciones de familiares piden la renuncia del ministro Campos por abrir un debate sin distinción entre los reos comunes y los criminales de lesa humanidad. Señalan que el estado no puede indultarse a sí mismo. Y añadieron un antecedente desconocido: el hermano del ministro, Ángel Campos Quiroga, fue identificado como torturador en una base de la Fuerza Aérea en la sureña ciudad de Temuco y fue condenado cuando ya estaba muerto, el 2014.

Firmes en su agenda, los reos de Punta Peuco le pidieron a la presidenta Bachelet que visite el penal para, en su calidad de doctora, constatar el estado médico de los violadores de derechos humanos.

La semana pasada Manuel Guerrero Antequera, hijo de uno de los degollados, dijo que los ex agentes “cometieron los peores crímenes, no ayudaron a la justicia, se les rebajaron penas. Tienen cárcel especial. Cumplan condenas y déjenos en paz”. El día jueves, al enterarse de la libertad condicional otorgada al “Pegaso”, acusó que Chile incumplía la legislación internacional sobre derechos humanos y volvió a criticar la famosa misa. “Algunos dicen que tales gestos son desinteresados, gratuitos, de profundo y auténtico arrepentimiento. Falso, son pura racionalidad instrumental. Con esta medida, toda la asociación ilícita terrorista que operó desde el Estado en el Caso Degollados está libre”.

El año en que los cinco agentes cometieron ese crimen, el ‘85, Manuel tenía 14 años. El colegio desde el que secuestraron a su padre, que trabajaba allí, era también su escuela secundaria: presenció la detención de Manuel padre a tres metros de distancia y corrió tras el helicóptero que vigiló todo el operativo hasta la puerta del colegio. Apenas la Corte Suprema emita el “cúmplase”, el asesino de su padre saldrá en libertad.