Blanca Carmona – El Diario.-
A permanecer 697 años y seis meses en la cárcel fueron sentenciados los cinco hombres encontrados culpables de prostituir y asesinar a las 11 jóvenes secuestradas en la zona Centro de Ciudad Juárez en los años 2009 y 2010, cuyos restos óseos posteriormente se localizaron en el Arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez.
El Tribunal de Juicio Oral también condenó a César Félix Romero Esparza, Edgar Jesús Regalado Villa, Manuel Vital Anguiano, José Antonio Contreras Terrazas y Jesús Hernández Martínez a pagar en conjunto 839 mil 274 pesos.
Como parte de la sentencia el órgano colegiado también ordenó al Ministerio Público (MP) que inicie una investigación en contra de elementos policiacos, así como a custodios y funcionarios carcelarios de los dos reclusorios que funcionan en esta frontera por los posibles actos de corrupción en que incurrieron al participar en el traslado de las víctimas, los primeros, y en facilitar la prostitución de las víctimas al interior de las cárceles.
La sentencia fue emitida ayer en la segunda sala de la “Ciudad Judicial” a tres meses y 13 días de que inició este enjuiciamiento marcado como 267/14, con la presencia de los cinco señalados y de José Gerardo Puentes Alva, quien fue encontrado inocente pero continúa privado de su libertad en el Centro Estatal de Arraigos en espera de que el veredicto absolutorio dictado a su favor cause estado o quede firme, lo que ocurrirá dentro de diez días hábiles contados a partir de mañana y si es que el MP no recurre al recurso de casación.
El Tribunal impuso por cada una de las tres víctimas que eran mayores de edad, 45 años de prisión por lo que corresponde al delito de homicidio y 13 años y seis meses de cárcel por el ilícito de trata. Lo que suma 58 años y seis meses de prisión a cada uno de los enjuiciados por cada joven.
Las mayores de 18 años son Jessica Terrazas Ortega, Idalí Juache Laguna y Beatriz Alejandra Hernández Trejo.
Por cada una de las ofendidas menores de edad las jueces también condenaron a cada uno de los sentenciados a 45 años de cárcel en lo que corresponde a homicidio y a 20 años y tres meses de reclusión por la conducta ilegal tipificada como trata, esto debido a que la ley prevé que es más grave ese delito cuando se trata de menores. Lo que suma un total de 65 años y tres meses de encarcelamiento a cada uno de los cinco condenados.
Las ultimadas que no habían cumplido 18 años son María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla Ivonne Aguirre González, Jessica Leticia Peña García, Deysi Ramírez Muñoz, Andrea Guerrero Venzor, Jazmín Salazar Ponce y Mónica Liliana Delgado Castillo, esta última ya había cumplido la mayoría de edad cuando fue asesinada pero en el juicio se estableció que al momento de ser forzada a prostituirse no había alcanzado la mayoría de edad.
El Tribunal le dio valor de prueba a las declaraciones de las madres y familiares de las víctimas, también al reconocimiento que se logró a partir de los huesos localizados en un amplio radio del Arroyo El Navajo, al dicho del denominado testigo estrella de iniciales LJRL, a las deposiciones de dos ganaderos que encontraron en diferentes fechas huesos y uno de estos detonó en la realización de dos operativos para buscar más restos óseos los días 27 de enero y 7 de febrero del 2012.
“Luego dadas las afirmaciones del testigo, se hizo evidente que un grupo organizado de personas, aprovechando la coyuntura delincuencial existente en la ciudad a partir del año 2008 reclutaron a las víctimas con fines de explotación sexual, utilizando la mecánica referida consistente en localizar a personas vulnerables para reclutarlas por la fuerza y luego mantenerlas segregadas de su familia ejerciendo la prostitución forzada, beneficiándose de ello”, dijo la juez redactora de la sentencia Emma Terán Murillo.
La presidenta del Tribunal, Catalina Ruiz Pacheco, destacó que las víctimas eran vulnerables por sus precarias condiciones socioeconómicas y la edad que tenían, lo que fue aprovechado por la red de tratantes.
Alegría pero también tristeza provocó la sentencia en algunos de los familiares de las víctimas que acudieron a la lectura de la sentencia.
La mamá de Andrea Guerrero Venzor lloró al escuchar la pena dictada a los cinco feminicidas y consideró que su hija de alguna manera nació con “estrella”, pues fue la primer bebé de 1995, año cuando comenzaban a reportarse los primeros feminicidios en Ciudad Juárez e incluso ella de niña junto con su madre pintó cruces en demanda de justicia para María Sagrario González Flores, quien desapareció el 17 de abril de 1998 a los 17 años.
“Se va a escuchar duro pero me siento orgullosa de mi hija, porque de lo bueno salió algo malo. Si no fuera en parte por mi hija estas personas no estuvieran aquí. Tuvo que pasar esto de mi hija para que estas personas estén aquí, yo tenía el testimonio que dejó Andreita porque ella trabajó con Manuel Vital Anguiano”, contó Dora María Venzor Colomo, madre de Andrea.
“Ese daño no se repara con nada, es como decirle a usted que un dedo no le duele para cortárselo. Aún con esa pena el daño está hecho… si son, que paguen nada más, ya nada se puede remediar, nadie nos va a devolver a nuestra hija. Realmente no sé si ellos son culpables”, expresó el padre de María Guadalupe Pérez Montes.
“Se siente uno confundida, porque siento coraje, emoción y tristeza y porque dice uno sí se hizo justicia pero a nuestras hijas no nos las van a regresar… Aunque tan siquiera se hizo justicia, ya no van a hacer más daño porque si los dejan sueltos así como le hicieron daño a nuestras hijas le pueden hacer daño a más personas. Yo sí estoy convencida que ellos son los responsables, las pruebas son las que hablan”, señaló la mamá de Deysi Ramírez Muñoz.
Sólo la madre de Andrea compartió la sala con los familiares de los sentenciados, el resto de los parientes de las víctimas estuvieron en una sala privada adjunta al recinto donde se dictó la sentencia.
Los familiares de Jesús Hernández Martínez consideraron que su pariente es inocente, que la Fiscalía General del Estado fabricó las pruebas y lamentaron el fallecimiento de las víctimas pero indicaron que no se debe subsanar una injusticia con otra.
“No tienen pruebas en contra de los presuntos, puros dichos fabricados, contrariados, vagos, sin fundamento, no hay pruebas científicas, contundentes, no hay sangre, no hay huellas, no hay ADN, no tienen absolutamente nada, sólo dichos fabricados por la Fiscalía estatal, son unos más de los chivos expiatorios de aquí de Juárez… lamentamos lo que les pasó a las muchachas, estamos con ellos (los familiares) tenemos familia, hijos pero el Gobierno quiere subsanar una injusticia que se cometió con ellas cometiendo otra injusticia contra nuestros familiares”, señaló Omar Martínez, primo de Jesús.
En tanto que la esposa de César Félix, uno de los que fue más reconocido por diferentes testigos que comparecieron al juicio por su cabello canoso, afirmó que cree en la inocencia de su pareja con quien lleva 20 años de matrimonio y procreó dos hijas actualmente de 13 y 19 años de edad, respectivamente.
“Es una injusticia lo que están haciendo, todo lo que dicen es mentira. Desde un principio los ministeriales buscaban a otra persona, tenían un retrato hablado de un hombre con barba de candado y cabello entre cano sí, pero hay muchas personas que son de cabello cano incluso hace poco salió la noticia de un hombre con esas características que se quería llevar a una muchachita “, dijo María Luisa Ponce.
Los familiares de los sentenciados y sus abogados señalaron que van a presentar un recurso de casación y de ser necesario se irán al amparo para probar que son inocentes.
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