1. Un operativo desproporcionado y violento.
Por primera vez en mucho tiempo cuatro fuerzas de seguridad realizaron un operativo conjunto en una manifestación. El despliegue fue inédito: alrededor 900 efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de la Ciudad sitiaron la zona del Congreso. Camiones hidrantes disparando chorros de agua y de tintura amarilla, agentes protegidos con cascos, escudos y máscaras antigás y armados con escopetas antitumulto y lanzagases, disparando a la multitud desde las barricadas.
“Se trató de un operativo desproporcionado y violento que buscó intimidar, reprimir y castigar el ejercicio del derecho a la protesta”, denunció en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales. “El operativo de ayer muestra la consolidación de una política frente a la protesta social que tiene que ver casi exclusivamente con el uso de la fuerza de una manera desproporcionada, injustificada y, por lo tanto, ilegal”, explicó a Cosecha Roja el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier.
2. La escalada represiva.
En los dos años de gobierno de Cambiemos hubo 111 hechos represivos contra conflictos sociales. Uno cada siete días. “Hay analizar el operativo de seguridad de ayer como un acumulado y no como un hecho aislado. Es la máxima expresión de una cadena de operativos, particularmente de este año”, planteó Gastón Chillier. La lista incluye la represión a los docentes frente al Congreso cuando intentaban armar la Escuela Itinerante y la razzia después del Paro de Mujeres del 8 de marzo, los violentos operativos de las fuerzas federales en la Patagonia (en los que murieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel) y la cacería policial tras la marcha en Plaza de Mayo al cumplirse un mes de la desaparición de Maldonado.
“Ahí se empezaron a producir estas prácticas de cacerías y detenciones arbitrarias en las que les imputan una variedad de delitos que va desde resistencia a la autoridad hasta intimidación pública. Otra práctica que se repite es el uso de infiltrados en las marchas para justificar respuesta violentas de las fuerzas de seguridad”, explicó Chillier.
Y agregó: “Hay un patrón común que es el uso de la fuerza como una respuesta a las demandas y conflictos sociales. Ese un camino muy peligroso en el cual pareciera que el gobierno se desentiende del resultado que pueda tener esta escalada de la conflictividad social y las demandas sociales”.
3. La justificación de la represión.
Después de que Gendarmería reprimió una murga de niños que ensayaban para el carnaval en la villa 1-11-14, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo que hubo un enfrentamiento y celebró el accionar de las fuerzas de seguridad, aunque tiempo después la Justicia procesó a seis gendarmes que participaron en el operativo. Tras la represión de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen donde murió Santiago Maldonado, la ministra volvió a defender a sus subordinados y acusó a los mapuches de terroristas. Unos meses más tarde, cuando un grupo de Prefectos asesinó por la espalda a Rafael Nahuel, Bullrich fue un poco más lejos: “Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”, dijo. Ayer, el encargado de defender la represión fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien acusó a los manifestantes de violentos.
“Lo que más preocupa es la respuesta del gobierno frente a estos casos. Legitimar el accionar de las fuerzas de seguridad de una manera automática, corporativa, como si el objetivo, el deber del gobierno, fuera cerrar filas y apoyar a las fuerzas antes de investigar siquiera”, dijo Chillier. Y agregó: “También es riesgoso para el gobierno quedar atado a las versiones de las fuerzas de seguridad. Pareciera que la política de seguridad es de las fuerzas y no de los responsables políticos”.
4. Sin información oficial.
Anoche las abogadas y los abogados de los organismos de derechos humanos recorrían las comisarías buscando información sobre los detenidos. En los centros de detención les prohibieron hablar con ellos y les negaron información. El gobierno nunca entregó la lista oficial de los detenidos.
En una conferencia conjunta de organismos de derechos humanos, una abogada explicó que la Policía y la Justicia ni siquiera permitieron que los detenidos que estaban heridos fueran atendidos. Recién el viernes por la tarde el juez liberó a los primeros.
5. Sin protocolo.
¿Cuál es el marco legal que regula los operativos de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones? En julio de 2016 la ministra Patricia Bullrich presentó el “Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas”, llamado Protocolo Antipiquetes. Se derogaron los protocolos anteriores pero nunca se aprobó el nuevo.
En una respuesta a un pedido de informes del CELS, el Ministerio de Seguridad dejó en claro que actualmente no hay un marco normativo que regule la intervención de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones. Según explicaron, las fuerzas actúan “cumpliendo las directivas que judicialmente se les impartan en cada caso concreto” según las leyes orgánicas de cada fuerza. Sin embargo, ninguna de estar normativas regula el uso de la fuerza en protestas. “O hay directivas y las mantienen en reserva o no hay directivas ni pautas de actuación dadas por la autoridad política y las decisiones fueron delegadas en los jefes policiales”, denunció el CELS. “Todas estas indefiniciones y esta oscuridad genera mayor incertidumbre sobre cómo debemos monitorear la actuación de las fuerzas de seguridad frente al reclamo social”, agregó Gastón Chillier.
6. Delitos inventados.
Las represiones en la Ciudad de Buenos Aires inauguraron un nuevo encuadre jurídico. En las protestas de movimientos sociales ante el Ministerio de Desarrollo Social, en el reclamo en Plaza de Mayo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y ayer en la represión frente al Congreso la policía acusó a los detenidos por el delito de intimidación pública y envió las causas a la Justicia Federal. Con agravantes, estos cargos pueden tener hasta seis años de cárcel.
“La elección de la figura de ‘intimidación pública’ en estos últimos casos resonantes tiene una explicación más política que jurídica. Para ser federal, se debe tratar de un delito que haya puesto en riesgo, de alguna manera, la seguridad del Estado o la soberanía nacional”, explicaron desde el CELS. La intimidación pública implica que las personas tuvieron la intención de generar un temor colectivo y pusieron en riesgo la seguridad nacional.
Para Chillier, “el uso de la Justicia Federal le da un carácter político, complementa la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad. Es doblemente peligroso: la consecuencia es ahogar los canales de participación de la sociedad y de interacción con las instituciones del Estado”.
7. Letalidad encubierta.
“Un policía me vio con la cámara y me disparó a medio metro”, contó Pablo Piovano, un fotógrafo de Página 12 que recibió diez disparos de bala de goma en el pecho. Los videos mostraron a gendarmes que dispararon a los cuerpos, agentes que lanzaron gas pimienta en la cara a un diputado y a una diputada. “El uso de la fuerza y de las armas llamadas ‘menos letales’ fue contrario a todos los protocolos: hubo disparos de balas de goma indiscriminados y al cuerpo, los gases lacrimógenos se utilizaron sin ninguna precaución, lo mismo ocurrió con el gas pimienta que fue utilizado de manera abusiva. Además, las fuerzas de seguridad buscaron limitar el trabajo periodístico con disparos y bloqueos para que no se tomaran imágenes de las detenciones ni de los heridos”, sostuvo el CELS en un comunicado.
“Hay un informe de letalidad encubierta que analiza el impacto de las ‘armas no letales’, que nosotros decimos que son menos letales. Ayer, por ejemplo, había cartuchos de gases vencidos y mucho armamento nuevo adquirido que no se sabe cuál es”, explicó Chillier.
