Por Antonella Tiravassi, Ana Clara Camarotti y Mariano Fusero*
¿Cuántas muertes son indicador suficiente para entender que debemos asumir con celeridad otra política de drogas?
La abusiva mercantilización de las vidas de las personas consumidoras de drogas ilegalizadas debería ser objeto de revisión urgente de la agenda pública. Veinte personas murieron y al menos 49, de varios distritos del conurbano bonaerense, se encuentran internadas en grave estado por consumir cocaína adulterada.
Hasta el momento la histórica doctrina de la negación de las drogas y sus campañas fallidas ancladas en la cultura del prohibicionismo nos demuestran, en la práctica, que la población consume cada vez más (1) y que el mercado de sustancias está cada vez más diversificado y librado a merced de las redes ilegales de abastecimiento. La pandemia COVID19 pone muy en evidencia esta paradoja, mientras que se complejiza el tráfico y escasean sustancias el consumo se dispara (UNODC, 2020). No importa cuánto se constriñe la cadena de producción o cuán prohibitiva se anuncie la política que envuelve ese proceso productivo, el mercado fluye y la demanda está intacta (más bien en crecimiento). A 60 años de las políticas prohibicionistas resulta difícil esbozar justificaciones que sigan sosteniendo las actuales políticas de drogas basadas en el abstencionismo y el prohibicionismo en el mundo y en Argentina. Políticas que amplían daños, padecimientos y vulneran los derechos de las poblaciones.
Cuando nos alertamos por las personas jóvenes que mueren en una fiesta electrónica por el consumo de pastillas de calidad adulterada, o por este reciente envenenamiento doloso a las más de 80 personas, entre hospitalizadas y fallecidas, que creían estar consumiendo cocaína, nos obliga a ponernos a reflexionar sobre ¿por qué seguimos dando crédito a la rentabilidad económica, proselitista y burocrática de este prohibicionismo usurero que lucra con las vidas de las personas? Necesitamos romper con el fetichismo de la hipocresía que nos enrostra perversamente las muertes y aún así nos deja siempre girando en falso sin poder desgranar de raíz el problema.
Las respuestas estatales, por tanto, no pueden seguir centrándose en la culpabilización de las personas que consumen drogas y en enfoques psicologistas y criminalizantes. Se trata de poner al contexto social, cultural y económico en el que se producen estas prácticas de consumo en el eje del análisis y trabajar desde un marco respetuoso de los derechos humanos, a partir de una política de Estado comprometida y realista. Políticas efectivas basadas en la reducción de daños que permitan a las personas usuarias tener conocimiento informado basado en evidencia sobre los efectos reales que causan las sustancias y los adulterantes con las que suelen cortarse. No hay nada nuevo para inventar, el control y seguimiento de sustancias puede hacerse mediante el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la OEA, del cual nuestro país forma parte desde el año 2016. Con la implementación de este sistema se pretende el monitoreo constante de las sustancias que circulan por el mercado y sus adulterantes, a fin de informar a la población sobre sus calidades y efectos posibles. Actualmente se lleva adelante en otros países y se encuentra dentro de los abordajes de reducción de daños recomendados por diversos organismos internacionales como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a su vez son exigidos por nuestras leyes nacionales desde hace, por lo menos, una década. Según los datos publicados por el Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID), Argentina reportó en el Sistema de Alerta Temprana de las Américas por última (¿y única?) vez en 2018 .
Tener y utilizar este sistema de alerta temprana, permite, retomando el caso que nos convoca de adulteración de la cocaína, saber cuáles son los síntomas con los que las personas llegan a la guardia para comenzar a alertar con información precisa y correcta a la población que está en peligro y a las y los profesionales de las guardias que deben atender estos casos.
La adulteración de sustancias no es algo nuevo. Asimismo, en el último informe de CICAD/OEA “Adulterantes de las drogas y sus efectos en la salud de los usuarios: una revisión crítica” (2019) que brinda detallada información sobre la presencia de adulterantes en muestras de cocaínas fumables de los países involucrados, deja en evidencia que para el 2015, el porcentaje de muestras adulteradas eran mayores en Argentina (82%) y en Brasil (57%). No obstante, en nuestro país ya contamos con marcos regulatorios como la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26657/2010) y la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos (Ley 26934/2014) que demandan explícitamente establecer abordajes de reducción de daños, mediante los cuales se podrían evitar las muertes causadas por adulteración de drogas.
Necesitamos reflexionar y responder nuevos interrogantes para modificar las respuestas ineficientes que hasta ahora venimos dando: ¿podemos seguir teniendo la misma ley de drogas en nuestro país desde hace tres décadas, la cual se basa en un paradigma criminalizante y abstencionista, cuyos resultados son claramente adversos a la salud pública? ¿Podemos seguir dilatando la aplicación de leyes nacionales que obligan a la implementación de un paradigma más humanitario relacionado a la reducción de daños? ¿Qué respuestas se necesitan para estos nuevos contextos de consumo de drogas? ¿Cómo lograr construir un vínculo estrecho y dialógico entre las personas que consumen drogas y el sector de la salud?
*Integrantes de RESET, política de drogas y derechos humanos
(1) Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2020 de la UNODC, alrededor de 269 millones de personas usaron drogas en todo el mundo durante el 2018, lo cual supone un aumento de 30% con respecto al 2009.
