Foto: Julián Ríos
“Lo que quieren es acallar a los líderes sociales, atemorizar a las comunidades para que no reclamen sus derechos”. Luz Perly Córdoba habla fuerte por un micrófono. Lo hace durante una rueda de prensa en un salón del norte de Bogotá. Sigue con su intervención: “Somos reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y del medioambiente. Pero todo lo que suene a reclamo es amenazado y desplazado”.
Ella viene de Arauca y es una de las lideresas de la Asociación Campesina de Arauca. También hace parte de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que reúne a campesinos dedicados a esta actividad en todo el país. Córdoba trabaja con cultivadores de la Orinoquía.
Su visita a Bogotá fue más allá de exponer, una vez más, la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, un problema que ha dejado 326 asesinatos según la Defensoría del Pueblo (desde 2016 hasta el 18 de julio de este año). Ya lo hizo en otros espacios, denunciando las intimidaciones y asesinatos a quienes encabezan los procesos de sustitución de cultivos para usos ilícitos por proyectos productivos rentables que motive a los cultivadores a abandonar ese oficio, uno de los puntos acordados en el proceso de paz entre el Gobierno y la desaparecida guerrilla de las Farc.
Luz Perly vino a Bogotá para reunirse con otros 17 líderes sociales de distintas regiones que están amenazados por grupos armados. La Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung y el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) los invitó para analizar el aumento de líderes asesinados y las fallas en la protección que reciben por parte del Estado. Andrés Chica también habló en la rueda de prensa al término de la reunión. Él viene del sur de Córdoba, pertenece a la fundación Cordovesia y trabaja con las juntas de acción comunal de la región. En su intervención cuestionó la efectividad de los esquemas de seguridad que otorga el Gobierno.
En 2017, la Presidencia firmó el decreto 2252, que reglamenta la labor de las alcaldías y gobernaciones para brindar protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y este año se creó el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios por medio del decreto 660. A pesar de la promulgación de estas normas, en palabras de Chica, el Estado no cumple con la tarea de salvaguardar su vida ni la de otros líderes.
“Hasta hoy, 10 de julio, tenemos 14 líderes asesinados en Córdoba. El último fue Iván Lázaro, integrante de una asociación de campesinos del sur del departamento. Lo asesinaron en Puerto Libertador, en el corregimiento de San José. También hay más de 30 defensores, presidentes de juntas de acciones comunales y líderes étnicos desplazados”.
¿Qué está fallando?
Diana Sánchez es coordinadora de Somos Defensores, un programa no gubernamental que hace seguimiento al trabajo de los líderes sociales y defensores en el país. En sus análisis acerca de las fallas de la protección, ella señala que el Estado se ha dedicado a proteger de manera individual y limitada, pero no ha dado el paso para que esa salvaguardia hacia quienes reclaman derechos sea colectiva.
“El paso definitivo deben ser las garantías”, aclara la coordinadora. “Significan remover de las regiones a los factores y los actores amenazantes contra los líderes. Para alcanzar eso debe existir una acción estructural, donde las diferentes partes del Estado —princioalmente el Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía— tengan un papel determinarte. Vemos que esto no se ha hecho. Y si se hizo, entonces cada uno tomó un carril diferente”.
Para Somos Defensores, la Fiscalía no ha hecho mucho para dar con los responsables de los crímenes y así combatirlos para removerlos de las regiones y de las zonas donde trabajan los líderes sociales. Solo hasta 2016 tomaron la decisión de priorizar unos casos debido a la presión nacional e internacional frente a los delitos. El programa tiene un registro de 611 homicidios durante los dos periodos del gobierno Santos (2010 – 2014 y 2014 – 2018), pero el ente acusador ha investigado 181 entre 2016 y 2018.
“Si no hay investigación por parte de la Fiscalía, difícilmente las bandas criminales o los responsables se removerán. Dicen que de esos 181 casos el 50 por ciento están esclarecidos. Para nosotros que estén esclarecidos es que haya condenas, pero solo en 16 hay penas. Ni llega al 10 por ciento”.
Pero el tema no queda solo en efectuar las debidas investigaciones. Chica, el líder social de Córdoba, comentó que existe un obstáculo a la hora de denunciar amenazas o crímenes ante las autoridades locales: nexos entre los grupos delincuenciales y la fuerza pública. “Nos ha pasado que ponemos una denuncia ante la Policía sobre algo que ocurrió con un líder de algún corregimiento y, sin siquiera haber salido de la estación, el jefe de la banca criminal nos llama para advertirnos”.
Sánchez, por su parte, menciona que en la más reciente reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad —convocada por el Ejecutivo el pasado julio—, el fiscal general Néstor Humberto Martínez mencionó puede haber corrupción en su entidad y en las fuerzas policivas y militares, lo que dificulta más atender el problema de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“En Somos Defensores hemos hablado con el cuerpo élite de la Policía sobre los altos niveles de corrupción. Dicen que depuran su institución, pero hasta ahora no hay resultados. Siguen existiendo nudos fuertes entre los criminales y la fuerza pública”.
Otras medidas de protección
Si bien es necesario que la Fiscalía y la fuerza pública mejore la labor de salvaguardar la vida de quienes defienden los intereses de las comunidades más apartadas del país, esa tarea también recae sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), un organismo de protección adscrito al Ministerio del Interior que se encarga de coordinar la protección física de personas amenazadas. Tanto para Córdoba como para Chica, las medidas que ofrece la UNP no son suficientes y, en algunos casos, se adoptan sin tener en cuenta los contextos de los pueblos o regiones.
“En el caso de Puerto Libertador, hay 16 elementos de la UNP en un municipio con 25.000 habitantes. Es poco”, dice el líder social del sur de Córdoba. “No queremos ese tipo de esquemas de seguridad porque nos siguen matando. Esa es una de las fallas del Gobierno:cree que con carros blindados nos está protegiendo, pero así no es la cosa”.
Lo que piden estos líderes sociales es que se fortalezcan los mecanismos de autoprotección en sus zonas, como lo son las guardias indígenas o cimarronas. Y que se permita la creación de guardias campesinas, pues son ellos quienes mejor conocen los municipios y brindarían una mejor seguridad a las comunidades.
“A principio de este año volvimos a pedir protección. ¿Qué hicieron las autoridades? Nos enviaron 3.000 soldados a los corregimientos y nos mataron cuatro líderes, en frente de los militares”.
Esta nota se produjo en el marco de la Beca Cosecha Roja y también fue publicada en Semana Rural
