Laura Moreno y Jessy Quintero son dos nombres que no necesitan mayores explicaciones. A la fecha, un buen número de colombianos sabe que ellas están acusadas de haber participado en el asesinato de Luis Andrés Colmenares. Y si lo saben es porque el caso Colmenares, como pocos, ha despertado en el público una particular fascinación. No hay semana que transcurra sin que al menos una noticia se conozca de este proceso. Tanta publicidad mediática, sin embargo, es hoy una gran preocupación para la Fiscalía, organismo que no olvida que en una semana y media comenzará el juicio en contra de las dos jóvenes.
El organismo investigativo reconoce que, en Colombia, la libertad de prensa incluye el derecho a escarbar en cualquier proceso judicial. El caso Colmenares, sin embargo, parece haberse salido de proporciones. A la Fiscalía le inquieta que las universitarias ya perdieron la presunción de inocencia “como consecuencia de los juicios realizados por fuera de los estrados judiciales”. La entidad, la misma que las llamó a juicio por considerar que cuenta con las pruebas para responsabilizarlas de la muerte del joven estudiante, señaló que Moreno y Quintero, al parecer, ya fueron condenadas a pesar de que no existe aún una sentencia que así lo indique.
Estas y otras acotaciones reposan hoy en el despacho del juez 11 penal del Circuito de Bogotá, Hermán Suárez Guaje. El funcionario recibió en días pasados un oficio de 14 páginas, conocido por este diario, por parte de la coordinadora de fiscales ante la Corte Suprema, Martha Lucía Zamora, quien fue designada al expediente en junio pasado. En ese oficio, Zamora le solicitó al juez Suárez que estudie la posibilidad de controlar el acceso de cámaras fotográficas y de video de los medios de comunicación a las audiencias; sin restringir, eso sí, la entrada de los periodistas.
Para la fiscal Zamora, conservar la presunción de inocencia de Moreno y Quintero hasta que un fallo diga lo contrario no es el único propósito de esta medida. Proteger a la familia Colmenares también lo es. “Se les ha presentado indiscriminadamente sin respetar su dolor, se les ha sometido al escarnio público y al ataque”, resaltó la alta funcionaria. Los padres de Luis Andrés Colmenares, sin embargo, creen que de no haber sido por los medios al caso de su hijo se lo estaría carcomiendo la impunidad: “Nosotros hemos recibido de los medios apoyo y solidaridad para que el caso esté donde está, con el apoyo por supuesto de la Fiscalía y la Dijín. De todas maneras, yo soy respetuoso de las decisiones de la Fiscalía”, le dijo a El Espectador Luis Alfonso Colmenares.
Otra de las motivaciones de la Fiscalía es que los medios, dice el documento, “han pretendido hacerse al conocimiento de cada particular detalle sobre los testigos”, a pesar de que acreditarlos o desvirtuarlos le corresponde al juez y divulgando, además, información de sus vidas privadas. Ese fue el caso, por ejemplo, de José Wílmer Ayola, de quien se supo hasta que tenía una demanda por alimentos. Por cuenta de las filtraciones se ha conocido información sensible como las fotos del cadáver de Luis Andrés Colmenares y los dictámenes forenses. Según Zamora, las controversias alrededor de estas pruebas fuera de los estrados judiciales han afectado la investigación y las teorías de la Fiscalía y de los defensores.
Esta es la segunda vez que una funcionaria judicial cuestiona el papel que los medios de comunicación han jugado en el caso Colmenares. Lo hizo por primera vez la jueza María del Carmen Vallejo —quien hace una semana denunció amenazas en su contra— en la audiencia en que revocó la medida de detención preventiva en contra de Carlos Cárdenas. “No se puede desconocer que este proceso se ha vuelto muy mediático pero de eso no sólo son culpables los medios: lo somos también los que hemos sido abogados de las partes y la propia Fiscalía. Y tanta especulación pública ha llevado a que se tengan apreciaciones muy equivocadas sobre el caso”, le dijo a este diario Mario Iguarán, defensor de Cárdenas.
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