Colombia: Los mitos de las políticas de drogas en Bogotá

Por Juan Sebastián Jiménez – El espectador .-*

Los CAMAD y la intervención a las ‘ollas’ del microtráfico. Un recorrido por El Cartuchito, en Kennedy, sede de un CAMAD y Tierra Linda, en Suba, escenario hace poco de una intervención por parte de varias entidades.

Finales de 2012. En un hecho sin muchos precedentes Bogotá es escenario de dos políticas contra el consumo de drogas, al parecer, contrarias. Mientras el presidente Juan Manuel Santos da a conocer los logros de la intervención policial al sector del Bronx, en el centro de la capital, y anuncia la intervención de otras 25 ollas, el alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, inaugura dos Centros de Atención Médica a Drogodependientes (Camad). Uno de ellos, precisamente, en el Bronx.

Han pasado casi dos años en los que los CAMAD y las intervenciones policiales han sido objeto de varios cuestionamientos y de varios mitos. En el caso del CAMAD hay quienes –todavía– creen que se trata de centros en los que el Distrito distribuye estupefacientes y, en lo que a las intervenciones se refiere, hay un imaginario de que estas son operaciones en las que la Policía se toma a sangre y fuego un lugar y luego, cuando los reflectores se apagan, se va, dejando el problema intacto.

El Cartuchito

En entrevista con este diario, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bogotá, Jaime Urrego, sostuvo vehemente que “en ningún CAMAD se hace entrega de ningún tipo de sicoactivo. Se ha confundido el concepto de consumo regulado y disminución del daño y el riesgo con que se le va a entregar droga al consumidor. Lo cual no sucede de ninguna manera”. De acuerdo con Urrego lo que se hace en los CAMAD es prestarle servicios de salud –sicología, odontología, medicina general– a una población históricamente excluida. “Se hace un examen completo desde el punto de vista médico, social y psicológico que permite elaborar diagnósticos para personas que no han tenido un acceso –prácticamente nunca– a un servicio de salud”.

Urrego dijo que “en ese sentido los CAMAD son una herramienta de inclusión social y atención primaria en la cual la población habitante de calle”. Y agregó que “eso no es promover el consumo de drogas”. Resaltó –además–  que sus usuarios “están encontrando una puerta de entrada al Estado. Lo que genera confianza y dignificación. Y esto ya es parte –cuando uno habla de la política pública en el manejo y la prevención del consumo de droga– es una primera etapa –que es muchas veces de larga duración– en donde el contacto permanente con un servicio de salud puede llevar a que la persona acceda posteriormente a procesos de rehabilitación”.

En el caso del Bronx “ya empezamos a entregar jeringas. Aunque el consumo de heroína por parte del habitante de calle es casi nulo. Pero digamos lo tenemos disponible. Estamos haciendo pruebas, voluntarias obviamente, para detección de VIH/Sida y para sífilis y enfermedades de transmisión sexual”. Estos CAMAD se basan, principalmente, en experiencias como la de la clínica InSite, en Vancouver, Canadá, un lugar donde los adictos pueden recibir supervisión médica para inyectarse la heroína que compran, ilegalmente, en las calles. Todo esto en pro de un consumo controlado y de reducir el daño a la hora de consumir. Una medida que se viene implementando desde 2003 y que no ha estado exenta de controversias, incluso, al interior del gobierno canadiense.

Según Urrego “un amplio porcentaje de la población tiene un consumo que se llama exploratorio o recreativo, que no afecta el trayecto de vida de los individuos, pero que, cuando pasa a mayores niveles de consumo y diversifican los tipos de drogas que se consumen, se pierde la autonomía y en ese momento estamos hablando del consumo problemático y del abuso de drogas. Cuando eso es así –si bien el objetivo de todas las estrategias es que la persona decida abandonar el consumo– en ese tramo, en ese trayecto estamos obligados a ofrecerle a la población alternativas para que, primero, no tenga consumo de riesgo y para que cuando consuma no aumente el daño”.

Uno de estos CAMAD es el de Kennedy. Este trabaja, principalmente, con los habitantes de calle de El Amparo y el llamado Cartuchito: un centro de expendio y de consumo a pocas cuadras de la entrada 6 de Corabastos. Un lugar frecuentado por habitantes de calle, recicladores y cachivacheros que venden lo que encuentran en la basura o –en algunas ocasiones– lo que han robado. Venden de todo: desde linternas hasta cobijas y zapatos a escasas cuadras de la Avenida Ciudad de Cali. Entre 6 y 7 profesionales se encargan de recibir a los usuarios que se acercan a una consulta o a que los escuchen. Hay desde un hombre rasguñado por su esposa al encontrarla con otro hombre hasta otro que manda besos a diestra y siniestra. O el caso de un hombre que estuvo muerto media hora por cuenta de varias puñaladas y, al final, revivió y volvió al Cartuchito. “Lázaro le dicen”.

Una de las profesionales de la salud sostiene que los habitantes de calle no se preocupan mucho por su salud y mucho menos por su aspecto por lo que a veces se topan con casos alarmantes. Pero “uno les coge cariño. Son muy lindos”. Eso sin contar con los problemas de seguridad que no faltan. “Durante el mundial asesinaron a un hombre a una cuadra de donde estamos. Y apenas eran las 10 de la mañana”. Pero los funcionarios del CAMAD han logrado el reconocimiento de los habitantes del sector y por eso no han contado con mayores problemas.

De acuerdo con el Distrito desde el 17 de septiembre de 2012 hasta el 31 de mayo de 2014 este CAMAD ha atendido a 2.980 personas –en toda Bogotá han sido casi 11 mil– y ha realizado 9.699 intervenciones –20.620 en toda Bogotá–, 2.880 en sicología y 2.277 en medicina general. Igualmente ha habido 2.369 enrutamientos; es decir, personas que desean iniciar un proceso de rehabilitación y, por ello, son enviadas a distintas entidades para que inicien su tratamiento o para que reciban una atención más profunda. Lastimosamente, de estos, apenas 45 se encuentran en proceso para salir de las drogas. Aunque para Urrego estos datos no son necesariamente desalentadores.

“La deserción frente al tratamiento en drogas no se da solo porque sea habitante de calle o porque el CAMAD sirva o no sirva. Usted mira todos los estratos sociales y todos los tipos de consumos problemáticos, la deserción es muy alta. Así que aquí no podríamos esperar algo mejor. Pero haber logrado que (en todo Bogotá) se acerquen 330 personas al CAD y de esas alrededor de 40 vienen manteniéndose en procesos de tratamientos. Son de los principales logros que hemos tenido”.

Urrego no niega que en ocasiones “ha habido algunas quejas de los vecinos porque se piensa que el CAMAD lo que hace es atraer personas que están en habitabilidad calle. Eso es fácilmente demostrable que no es así. Lo que pasa es que en esta administración, de manera frontal, abre un servicio que reconoce una problemática que ya existía. Lo que pasa es que muchas veces se prefiere, o preferimos, ignorar lo que está a nuestro alrededor y cuando usted pone un CAMAD que va a tratar el tema de drogas surgen una cantidad de prejuicios y temores, todos comprensibles, por supuesto, pero que rápidamente se pueden digamos aclarar en la manera en que si se quita el CAMAD una semana, la misma población va a estar ahí consumiendo y lo ha hecho durante años. Lo que estamos haciendo es reconocer la problemática y enfrentarla en el propio terreno”.

El CAMAD ha sido objeto de varios cuestionamientos recientes. En marzo pasado el contralor distrital, Diego Ardila, dio a conocer un informe en el que se señala que esta medida ha generado un detrimento patrimonial para el Estado debido a la improvisación y la mala gestión con la que se ha implementado y que el Distrito no le ha hecho seguimiento a esta política.

La Contraloría Distrital encontró, entre otras, “que el grupo interdisciplinario de talento humano difiere entre lo establecido en los lineamientos y lo observado en visitas fiscales, análisis de informes de gestión, hojas de vida y soportes de los CAMAD de los hospitales del Sur y Centro Oriente, ubicados en los sectores Cartuchito y Bronx, es así como esta Contraloría estableció que los servicios de los profesionales fueron facturados y pagados, quienes no prestaron el servicio completo en las siguientes disciplinas, y que fueron además avalados por la Universidad de Antioquia (firma interventora)”. A lo que el Distrito ha respondido que “no se ha presentado ningún detrimento patrimonial” y que el contralor se equivoca en algunas de sus afirmaciones.

Pese a estos señalamientos, el pasado 26 de junio el alcalde Petro informó que, en Bogotá,  se van a abrir 20 nuevos CAMAD para apoyar la labor de los cuatro ya existentes, entre ellos, uno que presta sus servicios en la Cárcel Distrital, donde atiende a por lo menos 80 reclusos, y que, de acuerdo con Urrego, “es el primer CAMAD que hay en un centro penitenciario en el país. Es una experiencia de punta en Las Américas”.

Con estos 20 nuevos CAMAD se busca, según el alcalde Petro, promover la “inclusión juvenil y mitigar la exclusión que se presenta en la actualidad sin criminalizar a los consumidores y empoderando a la juventud, construyendo democracia y ciudadanía para evitar que los jóvenes terminen esclavos de las drogas. Hemos dado la orden a los equipos de salud que visiten Uruguay, Estados Unidos y Canadá, para reproducir las experiencias internacionales en Bogotá (…) Si se debilitan las mafias, se debilita una parte del poder político. La política del aseo, la política de subsidio de transporte y los CAMAD, ayudan al ciudadano. Es allí donde Bogotá Humana está marcando los senderos de la paz”.

Tierra Linda

El 21 de octubre de 2013 –en un artículo publicado por el portal Razón Pública– el analista Hugo Acero cuestionaba que “la mayoría de las intervenciones del Estado en las ‘ollas’ criminales de distintas ciudades han sido predominantemente policiales y de control del territorio, con escasa participación y poca coordinación de las instituciones de desarrollo social y de servicios (bienestar social, salud, ICBF, servicios domiciliarios, prevención y atención de emergencias, renovación urbana, etcétera)”. Una idea alimentada, entre otras, por los anuncios de guerra contra las ollas hechos por el mismo presidente Santos y los videos de expendios de droga siendo demolidos.

Los resultados en materia policial no son menores. Fuentes de la Policía le indicaron a este diario que entre 2011 y 2012 se hizo un inventario de 453 estructuras dedicas al narcomenudeo que ya fueron controladas. “Debido a que los controles que se han implementado para el tráfico de estupefacientes hacia otros países han sido más rigurosos, las organizaciones narcotraficantes se vieron en la obligación de cambiar sus estrategias. Por ello empezó a aumentar el consumo interno. Esto motivó que la Policía, la Fiscalía y el Gobierno se reunieran para implementar unas estrategias para combatir lo que en su momento se denominó el narcomenudeo”.

Ejemplo de estas nuevas estrategias es el caso de la calle 85 o Zona T. “Allí las personas se hacían pasar como vendedores ambulantes e iban ofreciendo simultáneamente las sustancias. Ya no tienen que tener un inmueble. O a través de llamadas. Entonces ya tienen una persona, le dan un número y le encargan dos, tres, cuatro dosis. Cuando uno viene a hacer una intervención, la persona tiene dos, tres dosis y no se puede judicializar porque hace parte de la dosis personal, porque la cantidad no se le demuestra en ese momento la comercialización. Eso ya requiere unos trabajos que nosotros llamamos estructural”, entre otros, la creación de la Unidad Seccional Antinarcóticos de Bogotá, que es piloto, con cinco fiscales dedicados exclusivamente a combatir este flagelo.

No obstante –y pese a la creencia generalizada– las medidas no han sido solo policivas. Y hay casos que lo demuestran. Es el caso de Tierra Linda, en Suba. Esta localidad de casi 1.500.000 habitantes fue escenario hace unos meses de una intervención en la que participó el mismo presidente Juan Manuel Santos y que incluyó la demolición de la olla en cuestión. Pero antes, en febrero pasado, ya había habido una intervención en Tierra Linda. En entrevista con este diario, la alcaldesa de Suba, Marisol Perilla, dio a conocer que “nosotros hicimos una mesa de trabajo con Policía donde detectamos que no podíamos limitarnos a la judicialización, a la identificación de elementos del delito, sino que debíamos garantizar la reconstrucción del tejido social en la zona. Entonces eso implicaba prioritariamente invertir una dinámica donde los valores que estaban posicionados eran el miedo, la falta de solidaridad, la indiferencia, la desesperanza y la desconfianza en el Estado”.

Y agregó que “eso fue lo que nos llevó a que, mientras la Policía actuaba con la judicialización de 14 personas que se encargaban del tráfico en la localidad y la incautación de alrededor de 3  mil gramos de estupefacientes, nosotros a su vez lo que hicimos fue generar una recolección de 330 toneladas de basura, la recuperación de la calle 128b entre carreras 54 y 54a, que era una calle que estaba sin pavimentación, sin iluminación y que estaba siendo utilizada no solamente para la disposición de basuras sino también para utilizarla como una zona de parqueo de carretas y también para llevar llantas y demás elementos contaminantes de esta zona que además colinda con el canal Córdoba. Todo esto se convirtió en una intervención integral que hoy lo que encontramos es que los ciudadanos de esa zona ya no están dispuestos a volver a ceder, a aceptar la presencia de microtraficantes sino que están dispuestos a cuidar, a querer su territorio y pues a estar cada vez más unidos en una especie de frente colectivo y solidario de ciudadanos por su barrio”.

“Es que la idea no es meterse a la fuerza sino trabajar con la comunidad”. Le dijo un agente del sector a este diario durante una visita a Tierra Linda, un barrio por el que, de acuerdo con el uniformado, era muy peligroso “y no se podía caminar a ciertas horas de la noche”. “Es que esto fue una bendición, antes esto era invivible, mejoró un 500%”, sostuvo Andrea, una mujer de unos 50 años que, como ella misma lo confiesa, estuvo presa por “andar en malos pasos” pero ahora se dedica a su labor como dirigente barrial. “Yo tengo cuatro familiares presos por eso (en referencia al tráfico de estupefacientes). Pero, le soy sincera, no es que los extrañemos mucho”.

Y recordó que “antes uno le tocaba tener encerrados a los niños por el olor a droga y la contaminación. Eso no se podía caminar por acá” y resaltó que la intervención le devolvió el buen nombre a Tierra Linda “porque nos echaban la culpa por todo”. No obstante la mujer señaló vehemente que el problema no se ha acabado porque “capturaron a los rasos, a los intermediarios pero, no nos mintamos, aquí no cayó ningún grande. Esos a los que llaman Los Paisas”.

“Era un sector donde la gente llevaba quejándose alrededor de 20 años ¿por qué? Porque había una invasión y lo que ellos denominan zorreros traían allá su reciclaje y fuera de eso tenían el microtráfico. El año pasado hicimos una intervención, lógicamente interinstitucional, y usted ahorita va y es un sector recuperado. Usted va y la gente es feliz y agradecida con el Estado y sobre todo con la Policía porque se solucionó ese problema”, sostuvo al respecto uno de los uniformados que hizo parte de esta intervención que incluyó, además, la construcción de un muro para separar la calle del caño y un programa de sustitución de vehículos de tracción animal.

La alcaldesa resaltó –además–  la coordinación que hay entre la Alcaldía y la Estación de Suba. “Estamos dando unos frutos muy interesantes que nos permiten mostrar que el papel del Policía no es solamente judicializar ni perseguir ladrones sino garantizar el fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias de tal manera que el delito sea cada vez más marginal en el territorio”.  Y es que el problema no es menor si se tiene en cuenta que para los 1.500.000 habitantes de Suba hay –apenas– 800 agentes.

Medidas conjuntas

Antes que promover una política por encima de la otra, tanto los encargados de los CAMAD como quienes han sido protagonistas de las intervenciones a los expendios de droga son vehementes en la necesidad de medidas conjuntas. Jaime Urrego resaltó, por ejemplo, que en “el caso del Bronx eso fue un trabajo intersectorial liderado por el alcalde con la ayuda de todos los sectores: Integración Social, Educación la UAESP y, por supuesto, la Policía. Efectivamente tenemos un plan de intervención unificado, obviamente que cada quien con su competencia y es necesario que de todas maneras las políticas nacionales en relación con el manejo de las denominadas ollas o zonas de alto impacto por el microtráfico sean intervenidas en lo que compete a las autoridades correspondientes”.

Para la Policía “hay unos trabajos que se han hecho muy buenos, articulados con todas las organizaciones. La ventaja es que esto es un delito que nos duele a todos, en ese sentido siempre hay un doliente, o muy buenas intenciones de todas las instituciones para atacar este fenómeno. La Policía también tiene un grupo de prevención, tiene un grupo que va a los colegios, damos charlas porque también es fundamental eso: evitar futuros consumidores o adictos a largo plazo”.

Por su parte la alcaldesa Perilla señaló que ve con buenos ojos el establecimiento de un CAMAD en Suba. “Me parece bien porque mire hay una cosa dramática, si usted va a los barrios más marginales de la localidad, usted puede pasar a las 9 de la noche y encuentra niños y niñas desde los 7 años que ya son consumidores de sustancias sicoactivas. Eso quiere decir que esos niños de entre 7 y 13 años sin duda van a ser personas drogodependientes. La drogodependencia ya es una enfermedad, es algo que trasciende una dinámica únicamente de la espiritualidad y de la autonomía de la persona. Tiene que ver con unas condiciones clínicas, con cómo las personas están pasando por un proceso de intoxicación y pueden pasar a un mejor momento. Entonces en un momento se confundió la estrategia del CAMAD como una estrategia de estar absolutamente de acuerdo con el consumo de las frogas. No lo que pasa es que ya hay situaciones en las que los jóvenes o las personas que consumen ya no logran resolver su problema por sus propios medios”.

Y rechazó que una “visión excesivamente moralista del tema pues ha hecho que los espacios de socialización que tienen las fundaciones, las iglesias, donde recogen a los jóvenes que consumen normalmente sean muy escasos y generalmente no sean bien aceptados en los barrios y en las diferentes localidades porque creen que esos espacios lo que van a llevar es más inseguridad. Entonces el CAMAD es una alternativa que es bueno que esté en los barrios, que la gente que tiene problemas con las drogas encuentre una alternativa”.

Es cierto que –en teoría– la política del CAMAD y la de las intervenciones policiales difieren en que para la primera el problema de las drogas es, sobre todo, un problema de salud pública mientras que en lo que, a las intervenciones se refiere, es probable que el problema de las drogas se vea distinto, como un problema de seguridad ciudadana. Sea como sea, la pregunta es si estas son tan excluyentes la una de la otra o es posible implementarlas en paralelo. Mientras tanto, Bogotá seguirá siendo un laboratorio para el futuro de las políticas contra el consumo de drogas en un país que –en apariencia– busca liderar el debate a nivel mundial sobre qué hacer con este flagelo. Todavía hay muchos mitos en el aire.

Foto: Archivo El Espectador 

*Esta investigación se desarrolló en el Seminario Taller de periodismo especializado en la cobertura de seguridad ciudadana, del que participaron 20 periodistas de América Latina. El encuentro organizado por la FNPI (Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano) fue en Bogotá, Colombia en mayo de 2014.