Hace 23 años, las autoridades penitenciarias y la justicia le negaron a Martha Álvarez Giraldo la visita íntima en la cárcel. Decían que darles ese derecho a homosexuales atentaba contra la moralidad. Este miércoles, Minjusticia e Inpec tendrán que disculparse por violar sus derechos.
Pilar Cuartas / El Espectador.-
Veintiún años, seis meses y 18 días pasaron desde que Martha Álvarez Giraldo protestó ante las autoridades colombianas y denunció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las atrocidades que sobre su cuerpo y su mente estaba cometiendo el sistema penitenciario. Encarcelada por quitarle la vida a su hermano, reclamó el derecho a recibir la visita íntima de su novia. Y el Estado le dijo que no, por “razones de seguridad, disciplina y moralidad”. La homosexualidad era su pecado y las lesbianas no podían amarse en la soledad de una celda; tenían que hacerlo frente a las miradas fisgonas del patio de la cárcel. Pero el Estado se equivocó y le hizo padecer un calvario durante los casi 10 años que estuvo presa. Por eso este miércoles tendrá que pedirle perdón.
Martha ya no es la joven de 35 años que perdió su libertad el 12 de marzo de 1994 y que ganaba cuanto campeonato de fútbol disputaba. Tiene 58 años, una cirugía de ligamento y trabaja como técnica en farmacia en Boston (Estados Unidos). Llegó este martes a Bogotá y aún no dimensiona del todo que el acto al que asistirá en la cárcel El Buen Pastor no tiene precedentes. Quería que su caso no se repitiera y terminó haciendo historia.
El santuario
Nunca amó a un hombre. Desde que era niña, Álvarez supo que la atraían las mujeres y a los 12 años se ennovió. Cuando dio el primero beso corrió por las calles de Santuario (Risaralda), a contárselo a sus amiguitas del colegio María Auxiliadora, y por eso la echaron de la institución. Fue creciendo y los hombres la insultaban en la calle y uno hasta le prometió violarla “para que supiera lo que era ser un hombre”. Martha se montó entonces a un avión y con 19 años huyó a EE. UU.
Volvió a Colombia en 1993 y un año después se vio involucrada en el homicidio de su hermano. Los 34 años de condena se redujeron a 20 gracias a la reforma penal del 2000 y terminaron siendo casi 10 por buena conducta. Una década en la cual Martha hizo de su encierro la lucha más trascendental que se haya librado por los derechos humanos desde una cárcel colombiana. Empezó en el centro de reclusión de mujeres de Pereira, en el sector La Badea, la primera de 13 cárceles a las que la trasladarían con el fin de amedrentarla, romper sus lazos afectivos y detener su pelea contra los abusos del sistema.
Cuando llevaba dos años de relación con su novia, la joven pidió la visita íntima y la Fiscalía la aprobó. Sin embargo, el director de la prisión se negó a concederla calificando la solicitud de “bochornosa” y “denigrante”. Ese era un derecho para heterosexuales y no para homosexuales, dijo. Martha interpuso una tutela, que en dos instancias fue negada y la Corte Constitucional nunca revisó.
Ya no había más herramientas jurídicas que usar en el país. Así que, representada por la Red Nacional de Mujeres, Colombia Diversa y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la joven risaraldense acudió a la CIDH el 18 de mayo de 1996 para pedir que las lesbianas en prisión no fueran discriminadas y que se les respetara la visita íntima. Tenían derecho a amar, y mientras esperaba una decisión, el Inpec le hizo la vida trizas.
En el diario que escribió, titulado Mi historia la cuento yo, quedaron las memorias de la barbarie. En Pereira la metieron por días en un calabozo en el que no había agua para bajar los desechos. Aun cuando la ley decía que en esos sitios sólo se podía recluir por dos meses, había internas que duraban en aislamiento hasta cuatro. En Medellín, las reclusas se morían en las celdas si se enfermaban y en Bucaramanga fallecieron dos amarradas a cadenas.
En Cali, el asesor jurídico manoseaba a las sindicadas prometiéndoles ayuda para salir de prisión y abusaba de ellas sexualmente. En Cúcuta, Martha durmió la primera noche en un calabozo, mientras los guardias se fueron de rumba y regresaron a la noche siguiente borrachos. La mordió una rata y nadie se inmutó. Y en la cárcel de Ibagué llegaron a vivir más de 200 mujeres en un espacio adecuado para 63. Hasta los baños servían de dormitorios.
Pero también hubo momentos de victoria. Alba Nelly, una de sus amigas en prisión, condenada a 17 años, esperaba impaciente que la CIDH le aprobara a Álvarez la visita conyugal. Alba Nelly tenía novia: Noelva. Compartieron el encierro durante cuatro años y cuando Noelva recobró la libertad querían una intimidad digna. La directora del penal de Pereira les negó la petición y ahí fue cuando Martha Álvarez entró en acción: en un computador de la biblioteca de la prisión les ayudó a redactar una tutela el 30 de julio de 2001. “Ganamos, ganamos”, gritaron las reclusas corriendo por un pasillo cuando vieron que el noticiero de la noche anunciaba el triunfo de las lesbianas.
Tras haber cumplido nueve años y nueve meses de su condena, Martha salió libre el 18 de diciembre de 2003. La boleta número 101 le dio salida. En esa época, la Corte Constitucional reconocería que la visita íntima es un derecho consagrado también para las personas homosexuales. Pero el daño estaba hecho.
El Buen Pastor
Dieciocho años después de presentada la solicitud, en 2014, la CIDH se pronunció de fondo sobre el caso y le dio la razón a Álvarez. El organismo afirmó que el Estado colombiano interfirió de forma arbitraria y abusiva en su vida privada con base en prejuicios discriminatorios. No sólo las autoridades penitenciarias legitimaron esta violación de derechos, también el Poder Judicial.
La CIDH hizo recomendaciones y el pasado 14 de julio las partes firmaron un acuerdo en el que el Estado se comprometió con acciones concretas para evitar que dichos atropellos se repitan. Entre las más destacadas están la modificación del reglamento general del Inpec para respetar los derechos de la población LGBTI, que ya se hizo, pero que falta aplicar a los reglamentos internos de cada cárcel; la creación de un observatorio constitucional de decisiones judiciales que afectan a la población LGBTI privada de la libertad; la publicación y difusión de 8.000 ejemplares del diario de Martha Álvarez, de los cuales 6.000 se entregarán en las prisiones del país, y el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas.
“Mucha gente no sabe lo que pasa en una cárcel, y tienen que saberlo. Quiero que ese libro sea un referente para las personas presas, que sepan que no tienen que soportar injusticias. Y que el encierro no quita la humanidad”, aseguró Álvarez a El Espectador.
La decisión es histórica. Es la primera vez que la CIDH interviene en una petición por visita conyugal homosexual. Marta Tamayo, miembro de la Red Nacional de Mujeres y quien acompañó a Álvarez desde 1994, sostiene que este caso “marca un hito”. Y recuerda que en los años noventa, cuando las profesoras lesbianas iban a debatir el Estatuto Docente en la Corte Constitucional con la cara oculta por miedo, Martha Álvarez buscaba alguien que la defendiera y Tamayo buscaba alguien que diera la cara. Así se volvieron inseparables en esta batalla jurídica.
Y lo lograron. Este miércoles, 6 de diciembre de 2017, el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Justicia y el Inpec, le pedirá perdón a una persona LGBTI por primera vez en la historia del país. Será en la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Martha está nerviosa, pero esperanzada en que con este acto sentirá paz, como cuando alguien que se creía muerto aparece.
Foto de tapa: Mauricio Alvarado / El Espectador
* Sin Clóset es el nuevo espacio de El Espectador para hablar de diversidad sexual.
