Cosecha Roja, con información de El Tiempo.-

Un año y diez meses después de ocurrido el asesinato de los hermanos Torres Jaimes, de 14, 9 y 6 años, y tras un accidentado juicio, que debió ser trasladado a Bogotá por la muerte del juez que tenía el caso, el teniente del Ejército Raúl Muñoz Linares fue declarado autor del triple crimen.

En una audiencia pública, la juez 27 penal de Bogotá dijo que en el juicio se hizo evidente la responsabilidad del militar en los delitos de homicidio agravado y acceso carnal abusivo, por los que el oficial podría pagar una pena de entre 40 y 60 años de cárcel.

El testimonio de una niña de 13 años, violada 12 días antes también por el teniente Muñoz, fue clave en la decisión. La menor –que identificó al militar por un problema de pronunciación de la erre- relató que el 2 de octubre del 2010 Muñoz la agarró por el cuello y la llevó al monte para abusar de ella.

El próximo 18 de septiembre se conocerá la pena que deberá pagar el teniente Muñoz Linares.

Piden justicia para los hermanos Torres
En el Juzgado 27 Penal de Bogotá están hartos del caso contra el teniente Raúl Muñoz. Una vez más, la defensa del acusado de asesinar y violar niños quiso dilatar el juicio, aportando pruebas y testigos que nunca llegaron. La jueza encargada dijo que compulsará copias contra el abogado Sergio Rodríguez, y que el 6 de agosto, pase lo que pase, la audiencia se reanudará y terminará. Ese día se conocerá si Muñoz deberá pagar la pena de 60 años de prisión solicitada por el fiscal Víctor Lozano.

El juicio contra el teniente lleva más de un año, y los crímenes que se le imputan ocurrieron en Tame, Arauca, en octubre del 2010. La jueza acusó a la defensa de irrespetar a las víctimas: dos niñas abusadas sexualmente, una de ellas asesinada junto a sus dos hermanos. En febrero de este año, la defensa de Raúl Muñoz pidió la nulidad del proceso, lo que fue considerado un “chiste” por los abogados de las víctimas.

El affaire judicial en el que se convirtió la historia comenzó desde que se conocieron los crímenes. Hubo una discusión nacional acerca de si el teniente debía ser juzgado dentro de la Justicia Ordinaria o dentro de la Justicia Penal Militar, pues los hechos habrían ocurrido mientras el militar estaba en ejercicio aunque, al parecer, evadido de su labor de patrullaje. El caso también puso en la palestra pública la forma de reclutar y entrenar a los hombres del Ejército Nacional; y tuvo vaivenes fatales como el homicidio a manos de sicarios de la jueza de Tame que inicialmente estaba a cargo del caso.

“Que caiga el peso de la ley sobre esos desadaptados, esos sátiros, cobardes, que atentaron contra nuestros niños”, dijo el presidente Juan Manuel Santos, en noviembre del 2010. Las voces contra el victimario se fueron sumando a ese reclamo hasta que la Justicia Ordinaria, cuya pena máxima es de 60 años de prisión, fue designada para definir la suerte del acusado.

Los Buitres

La patrulla Buitre de la Brigada Móvil 5 llegó a Arauca en agosto del 2010. Su misión era recorrer el campo y detectar movimientos de la guerrilla. La zona está ubicada en el Oriente de Colombia, en los límites con Venezuela, y aunque hay mucho petróleo, los habitantes se cuentan entre los más pobres del país.

El teniente Raúl Muñoz Linares comandaba a los Buitres, era quien daba órdenes y ejemplo a sus hombres. Pero ellos varias veces se quejaron ante otros superiores por que Muñoz se evadía de algunas responsabilidades y desaparecía durante horas o días del campamento donde estuvieran.

En octubre de ese año ocurrieron los crímenes, en localidades diferentes. El 12 de octubre, una niña de 14 años fue abusada sexualmente en Caño Limón. Su madre denunció a un militar en la Fiscalía de Tame. Según el testimonio, el hombre tomó a la niña por la fuerza, la sacó de la casa, donde no había adultos, la amenazó con matarla y luego la violó en un matorral; después desapareció. Aunque la víctima desconocía la identidad del militar, dijo que “tenía un problema en la lengua”, una dificultad para pronunciar la ‘R’.

Los Buitres continuaron con su labor de patrullaje. Levantaron el campamento de Caño Limón y llegaron a Caño Temblador, también en Tame. El 14 de octubre, un militar se acercó a la casa de Álvaro José Torres, un jornalero que, como muchos de la región, debía trabajar en parcelas alejadas y se veía obligado a dejar a sus hijos solos. Ese hombre, sin identificar, violó a una niña de 13 años y luego la asesinó junto a sus hermanos menores, de 9 y 6 años.

Cuando el campesino llegó a la casa y no encontró a sus hijos, les pidió ayuda a sus vecinos. Así tuviera que recorrer todo el Llano, Torres prometió hallarlos. Tras varios días de “patrullaje” y de haber preguntado a todo el mundo, incluyendo grupos de militares que se cruzaban en el camino, los tres cuerpos aparecieron mutilados en una fosa cerca de la casa.

Los testimonios

El caso de los tres niños asesinados conmocionó al país. Había sevicia, ensañamiento y un dolor muy grande. Como Arauca es un territorio de confrontación constante entre las FARC, el ELN y las Fuerzas del Estado, se creyó que los autores eran grupos ilegales, que tal vez alguno fue a reclutar a los menores para la guerra, pero se había encontrado con más resistencia de la esperada.

Con los días, aún en octubre, esa hipótesis de que había sido la guerrilla se desvirtuó. Soldados a cargo de Muñoz comenzaron a declarar. Dijeron que el teniente se escapaba de sus labores y desaparecía por ratos largos. También, aportaron equipos militares untados de sangre y dijeron haber estado cerca de donde ocurrieron los crímenes.

El teniente, entonces, aceptó frente a sus superiores que había tenido relaciones sexuales con las dos niñas, pero negó haber cometido los asesinatos. De inmediato, en noviembre del 2010, lo llevaron a la Fiscalía Especializada de Arauca para declarar formalmente: explicó qué había hecho entre el 10 y el 14 de octubre.

En marzo del 2011, la jueza Gloria Gaona fue asesinada en Tame. Estaba a cargo del caso que enlodaba a Muñoz y a todo el Ejército Nacional. Este hecho de violencia retrasó el juicio contra el militar, porque obligó a trasladar la causa a Bogotá, y también sembró la duda de que estuviera relacionado con los crímenes de Arauca. Hoy, ambas investigaciones están deslindadas, al menos en su procedimiento jurídico.

Dentro de la acusación a Muñoz, se han sumado testimonios a favor y en contra del teniente. Un ex guerrillero, Elainer Payares, declaró que cuando hacía inteligencia para el Ejército se había enterado del asesinato de tres niños a manos de un grupo insurgente. Sin embargo, el ganadero Libardo Ruiz contradijo ese testimonio, diciendo que cuando ocurrieron los crímenes, el guerrillero trabajaba para él y que no fue sino muchos meses después cuando entró a militar en las FARC.

También, el general retirado Rafael Neira, quien en el 2010 era el oficial de mayor rango en Arauca, explicó cómo había sido la investigación de la Brigada 18 del Ejército y a qué conclusiones habían llegado. Según Neira, Los Buitres acampaban a 430 metros de donde ocurrieron los asesinatos y hubo algunas situaciones que hicieron sospechar a los soldados: “Ellos me empezaron a contar sobre las ausencias del teniente del campamento y que regresó mojado y preocupado, buscando agua para lavar la ropa”,

Por esa queja, el general retirado llamó al teniente. “Él se mostró silencioso y pasivo. No dijo nada, a pesar de que ya había muchos indicios sobre lo que había pasado”.

El dato que la niña de la primera violación había aportado acerca de la identidad de su agresor también fue fundamental. Ella había dicho que era un militar que no podía pronunciar la ‘R’ y ese, según sus subalternos, no podía ser otro que Muñoz.

El comandante de la Brigada 18 dijo en su declaración que le parecían muy similares los dos casos y que a partir de eso enfiló su búsqueda hacia la responsabilidad del teniente. “Pidió perdón y dijo que había llegado mojado al campamento porque después de tener relaciones con la víctima había llovido. Yo no lo seguí escuchando y ordené que llamaran a la Fiscalía, ese día lo entregamos al CTI”, explicó Neira.

Hubo también pruebas de ADN en los cuerpos mutilados de los niños y los resultados apuntaron a la presencia de Muñoz. La defensa explicó, entonces, y se sostiene en ello, que el militar era “novio” de la niña y que sí tuvo relaciones sexuales, pero consentidas. Según el abogado Sergio Rodríguez, el teniente no cometió los homicidios.

El proceso contra el militar, ya relevado del Ejército, está por llegar a su fin. Aún no se descarta la posible participación de otros hombres adscritos a la patrulla Buitres. El 6 de agosto, anunció la jueza 27 Penal de Bogotá, se concluirán los alegatos finales y se conocerán la responsabilidad y la probable sentencia de Raúl Muñoz. Para él, la fiscalía pide 60 años de prisión.

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