Colombia: se los llevaron los militares y aparecieron en una fosa común

Por Deisy A. Rodríguez Lagos, Las2Orillas.co.-

Luz Marina siempre recuerda el día en que una funcionaria de Medicina Legal la llamó para avisar que su hijo Fair Leonardo Porras de 26 años, pero con la edad mental de un niño de 10, desaparecido ocho meses atrás, había sido encontrado.

El 8 de enero del año 2008 Luz Marina y su esposo salieron temprano en la mañana de su casa en el municipio de Soacha, mientras que Leonardo y su hermano John aún dormían. Hacia la 1:30 pm Leonardo salió a la calle y nunca más regresó.

Al día siguiente ella decide acercarse a la estación de Policía en busca de ayuda, pero los agentes le dicen que solo puede radicar la denuncia por desaparición en la Fiscalía, una vez hayan transcurrido 72 horas. Luz Marina al no encontrar el respaldo que esperaba por parte de estas instituciones, inicia por su cuenta una búsqueda que dura ocho tortuoso meses.

Cada semana iba a las oficinas de Medicina Legal y revisaba una a una las fotografías de quienes ingresaban sin nombre, pero ninguna era la de su hijo. Entre tanto sus hijos, Liz y John, intentaban hallar algún rastro de Leonardo en centros de expendio de drogas conocidos como “ollas”.

Todas las posibilidades eran contempladas hasta que el 16 de septiembre sonó el teléfono de su casa; era una funcionaria de Medicina Legal y le pedía que se acercara a su oficina. De nuevo Luz Marina vio algunas imágenes y para su sorpresa, allí apareció Leonardo. “Tenía medio rostro destrozado porque había recibido tres disparos…”, recuerda.

Una semana después ella viajó hasta Ocaña (Norte de Santander), donde se encontraba el cuerpo de su hijo para poder traerlo de nuevo al centro del país.

En medio del dolor, narra cómo al dar el nombre completo de Leonardo ante investigadores de la Fiscalía, estos le preguntaron si acaso no sabía que su hijo era un delincuente dedicado a extorsionar a los habitantes de la región y que pertenecía a una banda criminal, por lo cual uniformados del Ejército habían dado de baja en medio de un combate. Aseguraban además, poder comprobar que en el momento de su muerte (el 12 de enero), él portaba un arma en su mano derecha.

Ella solo pensaba cómo era posible que en pocos días, entre el 8 y el 12 de enero, su hijo se hubiese convertido en miembro de una banda de aquella índole, teniendo en cuenta que a pesar de tener 26 años, su edad mental era la de un niño de 10 años y no tenía suficiente fuerza en su mano derecha como para cargar y dispar un arma, ya que era zurdo. Así lo demostró el expediente clínico de Leonardo durante el juicio.

Luz Marina junto a las madres de los 16 jóvenes que desaparecieron de Soacha entre septiembre del año 2007 y agosto del 2008, al saber lo que había pasado se propusieron limpiar el nombre de sus hijos y llegar hasta donde fuera posible para que esos hechos no quedaran impunes y en el olvido. Ella en particular, reconoce que la muerte de Leonardo le dejó un duro pero importante trabajo: hablar en voz alta sobre las actuaciones que protagonizaron agentes del Estado y enfrentarlos. La mayor alarma se activó cuando escucharon en medios de comunicación un pronunciamiento del presidente de esos días, Álvaro Uribe Vélez, en el cual afirmaba que los muchachos de Soacha pertenecían a un grupo al margen de la ley. Durante los dos periodos de su gobierno, de 2002 a 2006 y de 2006 a 2010, el Cinep registró 5.265 ejecuciones extrajudiciales.

El caso de Leonardo llega a la organización de abogados denominada Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Cspp) a través del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado al que se habían vinculado las madres de Soacha, y lo asume la abogada defensora de derechos humanos, Gloria Silva Tovar, quien representa 30 casos más de personas que sin ser parte de alguna estructura ilegal ni tener algo que ver con la comisión de delitos, fueron asesinados por militares y presentados como bajas en combate, es decir que fueron ejecutados extrajudicialmente. Adicionalmente, el Comité está al tanto de más de 100.

Luz Marina Bernal quería explorar otras alternativas para conocer la verdad y lograr justicia, por eso acudió a la abogada Silva, quien dice que en ese momento se intentaba realizar la audiencia de acusación contra cinco militares: un mayor, un cabo y tres soldados; sin embargo, por vencimiento de términos, permanecían libres “debido a maniobras dilatorias de su defensa”.

Más adelante, el mayor Wilson Quijano Mariño, cabo segundo Carlos González Alfonso y los soldados profesionales Richard Contreras, Ricardo García y Carlos Zapata fueron acusados de haber cometido una ejecución extrajudicial, es decir, que como se demostró durante el proceso de la demanda legal, desaparecieron, asesinaron, y llevaron a una fosa común a Leonardo, como su madre prefería llamarlo.

El Instituto Nacional Penitenciario definió que aquellos militares pagarán la condena respectiva en guarniciones militares en lugar de una cárcel ordinaria; esto implica que conservan su condición como miembros de la fuerza pública, su rango, y que pueden gozar de múltiples libertades, así como percibir ingresos, según la abogada Gloria Silva,

Además de buscar que los militares asumieran las consecuencias de sus actos y pagaran la pena impuesta en una prisión ordinaria en lugar de una militar, Luz Marina y la abogada luchaban por que la memoria de Leonardo fuese honrada mediante la declaración de su asesinato como crimen de lesa humanidad (“la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y con conocimiento de dicho ataque”, según la Corte Penal Internacional), pero sobretodo, que la sociedad supiera que no se trató de un hecho aislado. En otras palabras, “que aquella situación había sido repetida en otras regiones del país y que al interior del Ejército, tanto mandos bajos, como medios y altos tenían que ver con las ejecuciones”, sostiene la abogada Silva.

En este caso, la justicia sentenció al mayor Quijano a 53 años de prisión y al teniente Vargas y los tres soldados, a 54 años y ratificó su decisión cuando la defensa militar de los militares insistió con el recurso de casación.

El mayor Wilson Quijano Mariño abandonó las filas del Ejército en medio del proceso en su contra. Sin embargo fue acusado, condenado, y recluido en una guarnición militar de la que se había fugado recientemente, pero debido a que fue denunciado por agredir a su compañera sentimental, lo recapturaron.

Después de los fallos en primera y segunda instancia, la justicia determinó que el 8 de enero del año 2008, Fair Leonardo Porras Bernal fue trasladado de Soacha a Bogotá y de allí, el 9 de enero hasta Ocaña por Alexander Carretero, quien le entregó el joven en la vereda Aguas Claras a Dairo Palomino, miembro igual que Carretero de un grupo de ‘reclutadores’, (hoy en prisión y amenazados al parecer por sus declaraciones, indica la abogada Silva) liderado por Ender Obeso.

Posteriormente en un retén militar del día 11 de enero, autorizado por el mayor Wilson Quijano Mariño, Palomino entregó por 200 mil pesos y sin documentos a Leonardo, a uniformados del pelotón n°1 de la compañía Búfalo entre quienes estaba el cabo segundo Carlos González Alfonso, y los soldados profesionales Richard Contreras, Ricardo García y Carlos Zapata, -al mando del oficial teniente Diego Vargas Cortés- del batallón Francisco de Paula Santander de Infantería n° 15, quienes lo subieron a un camión y lo condujeron a zona rural de Ocaña.

Finalmente el 12 de enero, Vargas reportó la muerte en combate de una persona sin identificar, llevada a una fosa común. “Fair Leonardo fue ‘presa’ fácil para ellos’”, asegura con un gesto ofuscado la abogada Silva.

Los ‘reclutadores’, según la jurista, conformaban una red criminal de Ocaña en la que también participaban familiares de algunos militares. Como Carretero y Palomino, otros hombres se dedicaban a engañar a las víctimas con supuestas oportunidades laborales, por lo que las buscaban entre poblaciones vulnerables como Soacha y las conducían con facilidad al destino acordado con los uniformados. Recibían entre 200 mil pesos y 1 millón por las diferentes entregas; se trataba de un negocio fundamentado en el programa de recompensas a informantes, puesto en marcha por el ex ministro de Defensa, Camilo Ospina con la firma de la directiva 029.

Por una parte, los militares adecuaban las actas según los pagos a los supuestos informantes que eran en realidad miembros de los ‘reclutadores’, y por otra, estos últimos presentaban documentos falsos de identificación para legalizar la entrega de quienes serían víctimas de falsos positivos.

Para la abogada Silva, lo más grave es que en primera y segunda instancia se estableció que el Ejército varió las actas donde registró el desembolso del pago por Leonardo a los ‘reclutadores’. “De manera que los datos facilitados por la defensa militar no corresponden con la realidad”, sostiene, y añade que muchos otros documentos clave, para conocer la verdad de las ejecuciones extrajudiciales, están sometidos a reserva en poder del Ministerio de Defensa.

Las muertes o bajas, constituían muestras de eficiencia del Ejército frente a la política de ‘seguridad democrática’ establecida con el propósito de menguar el crimen organizado, y significaban beneficios para militares de todos los rangos, como lo confirmaría más tarde el excoronel Robinson González del Rio en indagatoria ante la Fiscalía por varios casos de este tipo: “recibía fines de semana libres y en cada uno, hasta 5 millones de pesos para disfrutar a mi gusto”.

En el marco de este proceso, se supo que en Norte de Santander las primeras víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron campesinos y que ellos ya venían denunciando esos hechos incluso con movilizaciones sociales, sin conseguir mayor resonancia más allá de la región. “Allí empieza a correr un rumor que desprestigiaba al Ejército; sus militares estaban matando a los campesinos y presentándolos como criminales dados de baja en combate y por eso ven la necesidad de llevar victimas de otros lugares, pues creían que nadie las reclamaría y que la situación económica de sus familias no daría para activar mecanismos urgentes de búsqueda”, asegura Gloria Silva.

En la actualidad solo seis madres de los jóvenes de Soacha persisten en su labor de denuncia, pues la mayor parte de ellas ha recibido amenazas de origen incierto. El movimiento estuvo conformado por madres de 14 jóvenes de Soacha, 4 de Bogotá y 1 de Fusagasugá.

La madre de Leonardo cuenta que a las primeras audiencias acudía sola y que era común que los militares la señalaran y se burlaran del dolor que sentía. Poco después llegaron las primeras amenazas contra su vida y la del resto de su familia, pero ella en lugar de retirar la demanda en curso, continuó hablando sobre las circunstancias en las que habían desaparecido y asesinado a su hijo.

Por eso recibió el respaldo de las organizaciones internacionales Amnistía y Oxfam, por medio de las que ha sido invitada a España, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Irlanda para contar la historia de Leonardo y en general de los falsos positivos en Colombia.

En Bogotá gracias a Claudia Girón de la Fundación Manuel Cepeda y Francisco Bustamante de la Asociación Minga, y otras personas, Luz Marina ha conocido víctimas de violencia sexual, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales de otros departamentos, y construido con ellas lazos de fraternidad dentro del espacio Tejiendo la memoria: colores olores y sabores en el que participan en total treinta víctimas, quienes se reúnen cada ocho días en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para tejer piezas de lana, conversar sobre sus seres queridos que ya no están, sus familias y territorios, y escuchar historias o poemas de invitados que las visitan con frecuencia.

Luz Marina se convirtió asimismo en actriz. Hace poco ella; Lucero Carmona, madre de Omar Triana; y María Sandoval, madre de Jaime Valencia (dos jóvenes asesinados a partir de la misma modalidad que usó el Ejército con Leonardo), estrenaron con otras actrices la obra de teatro Antígonas, tribunal de mujeres en la que denuncian la persecución por la que han pasado y abordan su historia personal mientras exteriorizan diferentes sentimientos. Eso, asegura, funciona como terapia para sobrellevar la ausencia de sus hijos.

Para ella, vale la pena seguir luchando al lado de otras madres para impedir que esas muertes queden impunes y los casos archivados. Asegura que de ese trabajo constante depende que la memoria de sus hijos siga viva. “Yo no puedo dejar de hablar porque en el momento en que me calle, puede que se esfume la memoria de mi hijo”, dice sin resignarse Luz Marina Bernal.