Semana.-

Un hombre de 70 años, una mujer y otra persona más, quince heridos, aún sin identificar, murieron en el atentado con granada cometido por un menor de edad que fue capturado. Las cámaras mostraron el momento en que cometió el hecho.

Pasadas las nueve de la mañana de este miércoles, un menor de edad arrojó una granada contra el supermercado Rapimercar, de Santa Marta, ocasionando la muerte de tres personas, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Dos de las víctimas mortales fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que la tercera murió en un centro asistencial.

El supermercado está localizado en pleno mercado Público de Santa Marta, lugar que hasta la desmovilización de los paramilitares en 2006, fue epicentro de sus actuaciones criminales.

Además de las tres víctimas fatales, quince personas se encuentran heridas, todas trabajadoras o compradores que acuden en busca de bienes. Los daños están por establecerse.

En diálogo con Semana.com, el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, informó que de acuerdo con lo conversado con fuentes de inteligencia policial puede tratarse de una retaliación de parte de algunos de los bandas criminales de ‘Los Rastrojos’ o los que se autodenominan los Giraldo, porque hay resistencia en el mercado a pagar la extorsión de la que son víctimas los comerciantes del sector.

No es el primer atentado. Hace poco una empresa distribuidora de medicamentos también fue blanco de un ataque y quince días atrás asesinaron en Guachaca al presidente de la Junta de Acción Comunal.

Caicedo cree que se trata de un desafío y una intimidación de las bandas criminales contra los comerciantes para mantener el cobro de las extorsiones, pues existen denuncias en el sentido de que ha habido resistencia de los comerciantes a pagar las ‘vacunas’.

La Policía y el Ejército vienen desde hace meses en una campaña exhortando a los ciudadanos para denuncien los casos de extorsión.

Estos hechos, afirma el alcalde, “significan un punto de quiebre, porque hacen dudar a la gente de la seguridad y lo que pedimos es que haya solidaridad entre la ciudadanía y una mayor articulación entre las autoridades”.

Para nadie es un secreto que durante años el mercado público de Santa Marta era el ‘santuario’ del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, extraditado desde 2008 a Estados Unidos, era un territorio controlado por él y en donde tenía a sus mejores amigos y aliados.

El pasado enero hubo un paro armado que paralizó a Santa Marta durante dos días, hecho que obligó al Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, a realizar un Consejo de Seguridad, reforzando el pie de fuerza no solo de Santa Marta, sino la zona rural que comprende 51 veredas en el corregimiento de Guachaca, al pie de la Sierra Nevada.

Lo que se disputan las bandas es el control de un territorio fértil para el contrabando de gasolina y el tráfico de drogas. En los últimos meses se ha incrementado la disputa también por el microtráfico de estupefacientes.

En septiembre pasado fue capturado alias Belisario, jefe de ‘los Rastrojos’, y en allanamientos permanentes capturan a integrantes de ambas bandas. El hecho de que hayan usado a un menor de edad en el atentado da una idea de tratarse de una estrategia con el fin de que sea exonerado de cualquier criminal, pero por tratarse de un acto terrorista no puede ser dejado en libertad.

El Estado, dice el alcalde Carlos Caicedo, “no ha tenido manera de controlar el mercado público de Santa Marta; los antiguos paramilitares del ‘Resistencia Tayrona’ y del ‘Bloque Norte’ mutaron a bandas criminales, están trabajando con la misma estrategia que ya conocen: controlar el territorio, extorsionar a los comerciantes cobrando una cuota de seguridad, traficando con drogas y contrabando de gasolina y otros combustibles provenientes de Venezuela. Arrojar una granada es un acto terrorista, es una intención de someter a toda la ciudadanía que se resiste a aceptar el control de los grupos ilegales”.

Luego del consejo de seguridad con el presidente Santos, las bandas se replegaron y parece que hubieran hecho un pacto de no agresión que terminó rompiéndose a finales de mayo y comienzos de junio, cuando reaparecieron en el mercado cobrando ‘cuotas atrasadas’ de extorsión.

En los corregimientos y veredas de la Troncal, vía que comunica a Santa Marta con Riohacha, hubo entre julio y agosto un enfrentamiento que dejó cerca de 10 muertos, entre los que apenas se pudieron contar.

Lo que está ocurriendo en la zona rural se refleja en Santa Marta, en especial en el mercado público, en pleno centro de la ciudad. El paro armado paralizó la ciudad durante dos días, 4 y 5 de enero.

Hubo tres consejos de seguridad seguidos, uno el 3, otro el 5 de ese mes y uno más con el presidente Santos y la fiscal de entonces Vivian Morales, el día 6 de enero. En esos días circularon unos panfletos amenazantes de los ‘Urabeños’, quienes prohibían abrir el comercio y a los transportadores prestar el servicio. La amenaza se extendió a toda la ciudad.

En agosto Semana hizo un recorrido por las veredas de Don Diego, Calabazos, las Tinajas, Parque Tayrona, Mendihuaca, Guachaca y Buritica donde se refugian los miembros de las bandas y encontró que una gran cantidad de negocios comenzaron a cerrar, ha habido desplazamientos temporales, y ante los mayores controles policiales y del Ejército, el precio de la pimpina de gasolina de contrabando se incrementó de 29.000 a 40.000 pesos.

Las víctimas
Un comerciante le dijo a Semana que “aquí todos sabemos quiénes son y nadie habla porque no hay continuidad en la presencia de los organismos de seguridad del Estado. Un día nos dicen tienen que hablar con tal oficial de enlace del Gaula y cuando uno lo llama resulta que ya lo trasladaron”.

En el consejo extraordinario presidencial, el alcalde propuso una estrategia consistente en fortalecer la investigación judicial, crear una policía metropolitana, hacer vigilancia por cuadrante, crear una central de emergencia, establecer una unidad antibacrim y poner en marcha un plan desarme.

En ese encuentro, además, los comerciantes indicaron que la sensación de inseguridad era tan alta que se sentía más la presencia de las bandas que de las fuerzas de seguridad estatales.

En el mercado hay por lo menos 1.200 comerciantes minoristas, cerca de 50 mayoristas y en la ciudad hay por lo menos 900 tenderos agremiados en Undeco a los que les están cobrando, pero en este momento no saben a quién pagarle, porque ambos ‘combos’ cobran.

Otro comerciante con muchos años de asiento en el mercado señala que a los Giraldo les falta poco por tener el control total ya que los ‘Urabeños’ se replegaron hacia Ciénaga. Sin embargo, agrega que en el tiempo que la ciudad estuvo bajo el mando de alias ‘Belisario’ el comandante de los ‘Urabeños’, capturado a comienzo de este mes, llegaron a tal nivel de descaro que se pavoneaban por la ciudad y el dinero del ‘impuesto’ o ‘vacuna’ lo recibían en los cafés de los centros comerciales rodeados por escoltas estratégicamente ubicados.

Pero también se dice que los comerciantes prefieren pagar a los Giraldo que a bandas foráneas. El miedo se ha apoderado también de los miembros de las Juntas de Acción Comunal quienes el 26 de agosto enviaron al Secretario de Gobierno una carta en la que informan que 25 de las 35 juntas acordaron el 23 de agosto en Aguas Prietas, suspender toda clase de actividad comunitaria hasta tanto no se normalice la situación de orden público en el corregimiento de Guachaca.

Las Autodefensas Gaitanistas, más conocidos como ‘Urabeños’, enviaron un comunicado en el que reconocen la existencia del grupo y aclaran que el conflicto que se vive en la Sierra Nevada no es contra los ‘Rastrojos’ sino contra los mal llamados ‘Giraldos’.

Afirman que estos “pretenden sembrar terror y perturbar la tranquilidad de los habitantes de la zona”, pues, según advierten, están amenazando a la población civil obligándolos a colaborar y si no lo hacen serán declarados objetivo militar.

También acusan a los Giraldos de estar usando el nombre de los ‘Urabeños’ para que la gente crea que son los otros y no ellos los generadores de las agresiones. Pero lo que se sabe es que un grupo de la familia Giraldo se alió a partir de 2009 con los Gaitanistas o Urabeños mientras otros se fueron con ‘los paisas’, la famosa oficina de cobros de Envigado.

En su comunicado los ‘Urabeños’, mencionan como cabecillas del combo de los Giraldos a los hermanos Rubén y Aldemar Giraldo, conocidos con los alias de ‘Rubén’ y ‘Cascarita’, respectivamente, sobrinos de Hernán Giraldo; Sixto Acosta, ‘Sixto’; Hernán Paredes, ‘Canoso’; Juan de Dios Pulgarín, ‘Pata e traba’; José Calle Giraldo, ‘Peligro’; Elkin López Torres, ‘Silla’; Jimmy Zapata, ‘Coyote’; Leonardo Vélez, ‘Tete’, y Jorge Salcedo Medina, ‘Mulito’.

Un conocedor del conflicto en la Sierra dice que mientras los ‘Urabeños’ tratan de blindarse con la población haciendo esta declaración, también es cierto que los ‘Giraldos’ se hastiaron de tener que estarle tributando y poniendo la inmensa base social que tienen y por eso quieren autonomía para establecer su propio orden.

A esta hora se realiza un consejo de seguridad en la alcaldía de Santa Marta para evaluar los hechos.

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