Por Norman Flores
Foto: Comisión Provincial por la Memoria
Es la madrugada del 1 de junio de 2020 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Rige el decreto presidencial que establece el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). No hay luces ni ruido de sirenas que indiquen que el auto que se aproxima es un patrullero. Cruza de carril, en contramano, para chocarlos de frente. Desde la moto, Ezequiel intenta maniobrar para evitar el choque pero impacta con el costado izquierdo del móvil policial. Su acompañante Ulises Rial, de 25 años, muere en el acto. A Ezequiel Corbalán, de 31, lo llevan al hospital y muere cuatro días después.
Durante lo que resta de esa madrugada, los oficiales bonaerenses intentarán encubrir la embestida para culpar a las víctimas.
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La madrugada del choque Ulises, que estaba en casa con sus amigos, se cruzó a Ezequiel junto a una vecina y los invitó a pasar. A las tres de la mañana, Ulises y Ezequiel fueron en moto a comprar a un quiosco. Cuando pasaron por una gomería, un patrullero que estaba allí parado les hizo ruidos con la sirena para que pararan. Pero Ezequiel, que temía perder la moto, su herramienta de trabajo, no frenó porque no tenía los papeles.
A unas cuadras de ese hecho, y a cinco de la casa de Ulises, en la intersección de Carbajo y Piaggio, otro patrullero, que manejaba el oficial bonaerense Pablo Moresco, se cruzó de carril para embestirlos de frente en contramano. Esto lo comprobó el mismo GPS del móvil policial y un peritaje que realizó la Gendarmería Nacional y que fue ratificado por la Comisión Provincial por la Memoria, quien patrocina a las familias en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Además, el patrullero circulaba sin luces ya que las sirenas no funcionaban desde diciembre de 2019, según consta en actas.
“Los chicos nunca se imaginaron que fue un patrullero el que los embistió, fue directo a asesinarlos”, dice Verónica, mamá de Ulises. “Eran las 4. Eran las 5 y mi esposo se fue a trabajar. Mi hijo no llegaba, a lo cual me desespero y empiezo a llamar a la comisaría. Nunca me atendieron. Llamé al hospital a las 6 de la mañana, me atendieron. Pregunté si había entrado algún accidentado en moto a lo cual me dijeron que no había ingresado ningún accidentado en moto cuando mi hijo ya estaba muerto en la morgue del hospital”.
Luego del peritaje realizado por Gendarmería Nacional, el fiscal Rubén Giagnorio cambió la carátula de “homicidio culposo” a “homicidio doloso calificado por ser ejecutado por funcionarios policiales”. El juicio contra Pablo Moresco comenzó el miércoles 19 de octubre en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Nicolás.
Verónica denuncia la situación judicial del oficial bonaerense: “Moresco llega en libertad, nunca fue detenido. Él está libre, sigue su vida rutinaria como normal, con dos muertes encima”.
Además, las familias de los chicos asesinados están preocupadas porque el fiscal Darío Giagnorio aceptó un nuevo peritaje de toxicología contra los chicos que propuso la defensa del policía.
En el juicio no se va a condenar la participación de los otros policías que estaban en el móvil que manejaba Moresco. Sus acompañantes eran Mariana Huesa y Omar Bazán. En su primera versión, la mujer policía reconoció que Moresco había cruzado de carril para frenar la moto. Pero después se desdijo. “No sé si habrá recibido amenazas o qué pero cambió la versión”, dice Verónica.
Sobre Bazán, cuando se secuestraron los celulares de los policías, se encontró un intercambio de mensajes entre este oficial y Moresco. Así lo explica Verónica: “Bazán le decía que tenían que practicar, que tenían que decir la misma versión los dos y que preso no iba a ir, que se quedara tranquilo”.
Un testigo, que declarará en el juicio que se desarrollará hasta el 24 de octubre con cuatro jornadas, escuchó decir que un policía le dijo al otro “quédate tranquilo que esto lo arreglamos entre nosotros”.
La Comisión Provincial por la Memoria relevó que en los últimos cinco años se registraron 33 muertes producidas por patrulleros en las fuerzas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires.
Ezequiel Corbalán vivía en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Por la pandemia se había quedado sin trabajo por lo cual comenzó a trabajar como cadete, por eso no quería que le quitaran su moto, su herramienta de trabajo. Ulises Rial tenía 25 años, trabajaba en una siderúrgica y tenía una hija de un año y medio. A horas del comienzo del juicio, Verónica, su mamá, muestra su dolor: “Como familia vivimos como se puede, destruidos. La verdad es que a mí me mató en vida lo de mi hijo”.
Mientras temen que el fiscal termine beneficiando al policía acusado del asesinato de los jóvenes, Verónica reclama: “Queremos que se haga justicia, que Pablo Nicolás Moresco pague lo que hizo, como cualquier ciudadano que mata. Tiene que pagar con cárcel, no tiene que tener beneficio de nada por ser policía. Tiene que pagar”.
