La primera vez que el cura Carlos Eduardo José abusó de Mailín Gobbo, en el Instituto San José Obrero, de Caseros, ella tenía 11 años. Los abusos se extendieron 9 años más. En 2008, a sus 20 años, Mailín pudo ponerlo en palabras y contárselo a su familia. En 2017 hizo la denuncia. Este jueves 4 de febrero, a las 8, comenzará el juicio oral al cura imputado por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado”.
“Los abusos sucedían en la escuela: en un natatorio y en un sótano, donde el cura llevaba a las chicas a confesarse”, detalla a Cosecha Roja Héctor Silveira, abogado defensor de Mailín junto a Alejandro Stipancic.
Carlos Eduardo José no sólo era el párroco de la escuela a la que asistía Mailín, sino que era amigo de su familia. Casi todos los mediodías iba a almorzar a su casa y también jugaba al fútbol con su padre.
Cuando en 2008, gracias a un tratamiento psicoanalítico, Mailín pudo contarlo, ella y su familia hicieron una denuncia eclesiástica que llegó al Obispo de San Martín, Guillermo Rodríguez Melgarejo. Melgarejo respondió como suelen responderse estas denuncias en la Iglesia Católica: trasladó al cura acusado de abuso sexual a Tandil.
Mailín siguió con su vida y se atendió con distintxs psicólogxs. Poco tiempo después conoció a Yazmín Detez, cuatro años menor que ella. Vivía a 50 metros de su casa, pero nunca habían hablado. A través de una almacenera del barrio que las unió, se encontraron. Yazmín tenía 16 años y a los 10 había sido víctima del cura de la escuela. Se abrazaron y lloraron durante toda una tarde. Se hicieron amigas.
Nueve años después, en 2017, una tarde cualquiera se encontraron y fueron a hacer la denuncia a la comisaría 1° de Caseros. Después declararon en la UFI 14 de San Martín. Recién ahí el caso se visibilizó y se sumaron dos denunciantes: Karen y Cecilia.
Desde ese año, y después de estar prófugo una semana, Carlos Eduardo José cumple prisión preventiva.
“La única denuncia que prosperó es la de Mailín, las otras no porque se consideraron prescriptas”, cuenta Silveira, quien junto a Stipancic recurrió a la Corte Suprema de Justicia bonaerense para que revierta esa proscripción. Actualmente, la Ley 27.206 sancionada por el Congreso, modifica el plazo de la prescripción de delitos contra la integridad sexual de menores. Estos derechos también están amparados en la Convención de Belem Do Para, el Tratado Internacional por los Derechos del Niño, el Tratado Internacional por los Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Silveira explicó que “en Capital ya hay jurisprudencia favorable de la Cámara (Federal de Casación Penal)”. De hecho, fue su colega Stipancic quien logró en 2016 que la Cámara de Casación Federal dispusiera la aplicación retroactiva de la llamada Ley Piazza y otorgara imprescriptibilidad a un delito de abuso sexual contra la infancia denunciado 17 años después de que se cometió.
“En Buenos Aires no tenemos esa suerte por eso buscamos la misma comprensión de la Corte de la provincia, pero si no tenemos respuesta favorable, iremos a la Corte Federal”, dijo Silveira.
Ni bien se supo la fecha del juicio, amigas de Mailín y de las otras denunciantes que esperan que la Corte habilite sus causas, se organizaron para darle visibilidad y empuje al caso. Y, sobre todo, para que otras personas se animen a denunciar. Ni bien habilitaron las cuentas “Basta de ASI (Abuso Sexual Infantil)” de Instagram y Twitter, comenzaron a llegarles mensajes de otras personas que también fueron acosadas y/o abusadas por José.
“Hay muchísimas mujeres abusadas por este cura. Tengamos en cuenta que no sólo estuvo en Caseros, sino que antes de caer preso fue trasladado a Tandil, Azul y Loma Hermosa”, explica Silveira. Seguramente muchas de ellas aún no puedan verbalizarlo, otras no se animan y otras aún son menores.
El abogado contó que en los días previos al juicio, con el reflote del caso de Mailín, muchas mujeres de entre 20 y 30 años le escribieron a ella para contarle que habían pasado por lo mismo.
El juicio, por el que pasarán 96 testigxs -entre ellxs Yazmín-, se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín, constituido por Raúl Luchelli Ramos y Mónica María Carreira. Los cargos que se le imputan al cura están agravados por “su carácter de sacerdote, por tener a la menor a su guarda como representante legal del colegio y por haberle provocado un grave daño a la salud”. Podrían costarle una pena de entre 8 y 20 años.
Tanto la fiscalía como los abogados defensores pedirán la pena máxima.
Además de aspirar a que el tribunal falle de manera favorable y ejemplar, Silveira espera que pueda ser un antecedente y que todo el sistema judicial esté a la altura de las circunstancias para que se hagan las reformas necesarias en lo que respecta a los abusos en la infancia: “No puede haber medias tintas en el abuso infantil”.
