Cómo buscar a Luciano Arruga

Julia Muriel Dominzain / Cosecha Roja.-

Dónde está Luciano Arruga: de eso se trata el habeas corpus que pidieron en abril los familiares del joven que desapareció el 31 de enero 2009 del destacamento policial de Lomas del Mirador. En julio el juzgado Federal Nº 1 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas, hizo lugar al recurso. Ayer fue la primera audiencia en la que Cecilia González -Ministra de Seguridad de la Nación-, Martín Fresneda -Secretario de DDHH-, Abel Córdoba -Titular de la Procuraduría de Violencia Institucional-, Hugo Pimentel -APDH La Matanza-, el CELS y familiares debatieron los pasos a seguir. “Reclamamos el derecho a saber la verdad, después de cinco años y ocho meses de impunidad”, dijo a Cosecha Roja Vanesa Orieta, hermana de Luciano.

Es una causa paralela a la que investiga a los ocho policías. El foco es encontrar a Luciano, evitar la burocracia, agilizar los tiempos y, principalmente, que la bonaerense no se investigue a sí misma. “Poner a los funcionarios a escuchar a la familia permite que reflexionemos acerca de lo que significa la problemática y la importancia de que brinden herramientas a la justicia para buscar a Luciano”, dijo Orieta. El Ministerio de Seguridad de la Nación será el encargado de recabar, organizar, centralizar y coordinar la información que llegue desde las fuerzas de seguridad federales y provinciales a través del área de búsqueda de paraderos, dependiente de la Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio.

Martín Fresneda, Secretario de DDHH de la Nación, dijo a Cosecha Roja: “Tenemos un compromiso institucional para garantizar la justicia y la no repetición”. La Secretaría puso a disposición el Programa de Asistencia a las Víctimas y el de Violencia Institucional para articular entre todos los ministerios. Fresneda denunció: “Hago responsable a la justicia provincial, es muy difícil encauzar la investigación después de tanto tiempo pero no pierdo las expectativas”. Pablo Pimentel, presidente APDH La Matanza, celebró que el juez Salas no dilató los tiempos y convocó para el viernes a las 10 de la mañana, una reunión para comenzar a poner en práctica el trabajo articulado.

– ¿Sabés qué es eso, de la puerta, que dice “desaparecido en democracia”?
– No, ni idea, recién llego.

Así conversan dos empleadas del Juzgado mientras suben al ascensor. Se refieren al cartel que amigos y familiares de Luciano colgaron en la puerta, antes de entrar. En marzo, el juez Francisco José Terrier dijo en una entrevista en Radio Vorterix: “No sé de qué me está hablando. ¿Luciano Arruga quién es?”. Era el juez cuyo fallo hizo que el Ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados tuviera que resolver la situación de los ocho policías implicados en la causa. “¿Qué Luciano? ¿qué me importa?”, le dijo esta semana un policía a uno de los dos pibes detenidos que son testigos de la causa. Se lo dijo mientras le pegaba.

Luciano Hazan, coordinador del programa Verdad y Justicia, también se puso a disposición. “Está actuando el Programa Nacional de Protección de testigos y se hará un pedido concreto para hacer un mapa de riesgo frente a los amedrentamiento que sufrieron”, dijo Fresneda.

Durante las más de cuatro horas de audiencia se leyó al recurso de habeas corpus y hablaron Vanesa y la mamá de Luciano, Mónica Alegre. Contaron las reiteradas humillaciones por las que tuvieron que pasar en estos casi seis años. “Esto sienta un precedente: más allá del caso de Luciano queremos que ayude a otros familiares y que puedan hacer un recorrido menos tedioso que el que nos tocó a nosotros”, dijo Orieta.

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Luciano tenía 16 años y trabajaba de changas cuando lo desaparecieron. Ya lo habían detenido en septiembre de 2008, con la excusa de “averiguación de antecedentes” mientras cartoneaba cerca de la casa. En el destacamento policial lo golpearon, igual que al mes siguiente cuando lo detuvieron y acusaron de robar un mp3. Orieta contó que aquella vez escuchó a un policía preguntarle a otro “¿qué hacemos con este chico?”. También oyó a Luciano gritar desde la celda por los golpes. Cuando salió y quiso señalar al policía que le pegaba, le respondieron claro: “Negrito, callate porque te vamos a volver a meter”. El 31 de enero fue la última vez que lo detuvieron. Pero no hay registro: el libro de ingreso de detenidos fue adulterado. Ahí empezaron las desprolijidades de la investigación.

Durante los primeros 45 días sin saber nada de Luciano, a la familia nadie le daba bola. El primero en prestarles atención fue Pablo Pimentel, presidente APDH La Matanza. “Nos llamó la atención la ausencia del Ministro Granados en la audiencia: es fundamental que pueda dar explicaciones de todas las falencias que se han encontrado”, dijo Pimentel a Cosecha Roja.

La causa estuvo caratulada como “averiguación de paradero” durante cuatro años. En febrero de 2013 -a cuatro años de la desaparición- el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense suspendió a ocho policías -Sotelo, Díaz, Herrera, Borrego, Vázquez, Fekter, Márquez y Zéliz-. La causa pasó a la Justicia Federal con la carátula “desaparición forzada de persona”.