La primera vez que Luciana Lago denunció a su ex pareja fue hace diez años. Ella tenía 25, se había recibido como docente de ciencia política y atendía un local de telefonía celular. Él era oficial de la Bonaerense.
—Si te vas te bajo el cargador —le advirtió el policía.
De fondo, la tele transmitía un programa sobre chicas trans. Marcos Gastón Alonso, empleado de la dirección distrital de Investigaciones de Mar del Plata, le había exigido a gritos que cambiara de canal y ella se negó. Hubo gritos, puteadas y una puerta rota a piñas. Hoy Luciana sigue exigiendo que la Justicia la escuche. Ante Cosecha Roja detalla cómo es el laberinto judicial que atraviesa desde hace una década, en la que presentó alrededor de 40 denuncias penales y civiles. A pesar de que le dictaron una perimetral a él y a tres miembros de su familia, el hostigamiento y la violencia continúan. “Denunciar a un policía es luchar contra todo el sistema”, explica.
Luciana logró escapar de la casa con la ayuda de una amiga. Esperó que él se fuera a trabajar, sacó todas sus cosas y se instaló en la casa de sus padres. Dos días después se enteró de que estaba embarazada. Alonso le prometió que iba a cambiar y le propuso matrimonio.
A los pocos días ella viajó con una amiga a Santa Teresita. Él se escondió en el micro y la persiguió. Luciana no lo soportó: al volver presentó la primera denuncia en la Comisaría de la Mujer. “No pasó nada. La policía hace todo lo posible para que no denuncies a uno de ellos”, explicó Luciana.
Durante el embarazo, Alonso repitió las promesas de que iba cambiar y volvieron a vivir juntos. Se casaron y se mudaron a Coronel Vidal, a 65 kilómetros de Mar del Plata, la ciudad natal de Alonso. La convivencia se convirtió en un infierno: él la golpeaba y la amenazaba. Ella tenía miedo y pocos recursos económicos que le permitieran escapar con el bebé. “Me psicopateaba: un día me violentaba y al otro me hacía un regalo”, contó Luciana.
A fin de año, unos días después de una pelea en navidad, llamó a su padre y él la fue a buscar a Coronel Vidal. No se animaba a ir a la comisaría, donde todos lo conocían.
Luciana y Alonso ya no volvieron a vivir juntos. Pero la violencia no paró. A él lo nombraron a cargo del destacamento de Mar Chiquita. “Ahí empezó a utilizar los recursos policiales para hostigarme: me seguía con patrulleros y me mandaba a gente de la fuerza. Iban a mi casa y al colegio donde yo llevaba a mi hijo”, contó. Las denuncias penales no avanzaron. Algunas fueron archivadas y en otras lo sobreseyeron. Igual le dictaron una medida que le impedía acercarse: ahí empezaron a hostigarla los familiares de él. Según contó Luciana, a la hermana, a un tío y a un primo de él también les dictaron una perimetral.
En simultáneo presentó denuncias en la Justicia civil. En las próximas dos semanas se realizarán dos audiencias por la cuota alimentaria y en reclamo de la vivienda que construyeron. A una década de la primera denuncia, Luciana sigue enredada en el laberinto judicial.
