El juez Ricardo Farías investigaba una causa de corrupción policial en la ciudad de Buenos Aires cuando ordenó allanar la seccional 35 en el barrio de Nuñez. A fines de agosto, llegó al edificio de la calle Cuba al 3100 acompañado por el fiscal José María Campagnoli: iban a verificar si ese era el escenario del video en el que unos policías explicaban cómo repartir los “trapitos” en las cercanías de la cancha de River. Al abrir cajones del despacho del comisario Norberto Villarreal encontraron un cuaderno naranja espiralado marca América: tenía las anotaciones del reparto de coimas que les pedían a los comerciantes de la zona para darles “seguridad exclusiva”. En los punteos a mano estaban las siglas de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (SSM) y la Dirección General de Comisarías (DGC), antes liderada por el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar. A la luz de lo encontrado, lo de los trapitos se convirtió en una anécdota y Potocar quedó detenido (ocho meses después).

El video fue una de las primeras pruebas que recibió Campagnoli durante la investigación. En el expediente que alimenta desde abril del año pasado hay recibos, listas con los montos entregados por los locales del barrio, los cuadernos con los repartos y testimonios de policías que detallan los procedimientos de recaudación e incriminan a varios comisarios. El fiscal elaboró una lista de los comercios y pudo identificar que pagaban entre 700 y hasta 900 pesos semanales.

Ahí aparecen todos los hoteles alojamientos de la zona, un Carrefour express, Tienda de Café, Boutique de Pizzas, un gimnasio Megatlón, la heladería Chungo y el Club Náutico Buchardo (frente a la ex Esma), entre decenas de comercios. En el local de Chungo, ubicado a cinco cuadras de Puente Saavedra, los empleados llevaban una contabilidad interna con los pagos a proveedores. Uno de los rubros decía: “Policía Federal Argentina”. Hasta marzo de 2016, entregaban 2.300 pesos y desde entonces, 3.000. En el outlet de ropa de montaña Salomon y Wilson, la recaudación era de 25.000 pesos. Ese fue el monto mayor encontrado por Campagnoli.

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En cada una de esas recorridas semanales, los policías en patrullero y los de la Brigada de Investigaciones de esa seccional (que son también los que aparecen en el primer video) recibían su pago y entregaban un recibo categoría “C” a nombre de la “Asociación de Amigos de la Comisaría 35 de la PFA”. Bajo la línea de puntos para poner la cifra recaudada un leyenda decía “agradece a usted la inestimable colaboración” y otra remarcaba que es un “concepto de adhesión voluntaria”. Todo quedó sellado con fecha y bajo la palabra “contabilizado”. A cambio de la “seguridad”, los comisarios y subcomisarios también recibían vouchers o tarjetas para consumir en los locales.

En el cuaderno naranja están manuscritos desprolijos las leyendas “Sub” – se sospecha que aluden al subcomisario de la 35- y “Gorda” -que parece señalar a la comisario inspector Susana Aveni de la Circunscripción VII, acusada de ser la líder de esta asociación ilícita. Ahí también aparecen la SSM y la DGC, a las que supuestamente se le asignan cinco y cuatro mil pesos respectivamente. Allí están registradas dos personas que se llevaban 20.000 pesos. Uno de ellos de apodo “Gusano”.

En la causa hay dos subcomisarios imputados, Marcelo Stefanetti y Hernán Korvacevich, quien explicó que Villarreal llegó en la 35 por orden de Potocar y Aveni, y que había que aumentar la recaudación. Por eso subieron la cuota para dejar trabajar a los “trapitos” los días de partido. Para no levantarles contravenciones, les pedían 500 pesos a cada uno. Un cabo primero que declaró en la causa como testigo confirmó que el dinero recaudado lo llevaban a “los distintos organismos superiores”, entre ellos la mencionada DGC, Asuntos Internos y la Circunscripción VII, de Aveni.

Potocar quedó detenido esta mañana cuando se presentó en los Tribunales, ocho meses después del allanamiento. El fiscal Campagnoli sospecha que es el líder de una asociación que exigía dinero a los comerciantes y “trapitos” de Núñez y Saavedra a cambio de protección y de seguridad. El ahora suspendido jefe de la flamante Policía de la Ciudad tiene 58 años. Lo presentó a fines de diciembre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Con una trayectoria de 35 años y con vínculos cercanos a las comisarías, era la apuesta del oficialismo en el lanzamiento de la nueva fuerza.

El día de la asunción, Rodríguez Larreta destacó su perfil de graduado en la Academia del FBI y su maestría en Criminología. Duró cuatro meses en el cargo pero no es la primera vez que el hombre fuerte de una fuerza seguridad en un gobierno macrista debe ser separado. En las cercanías del gabinete de Larreta ayer aún recordaban con trauma lo que sucedió con “el Fino” Palacios, designado como primer jefe de la Metropolitana, que no llegó a asumir. El ex comisario estaba acusado de encubrimiento de sospechosos del atentado a la AMIA.

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