A Martin Alejandro John, de 63 años, los vecinos y vecinas del paraje Las Golondrinas, en la Comarca Andina, lo conocían como Tino. Lo querían mucho y sabían de su estado de salud mental: padecía trastorno bipolar. El 27 de mayo, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la Policía de Chubut entró a su casa y lo mató de un tiro en la cabeza.
Tino tomaba una medicación que le permitía hacer una vida normal. Pero el último tiempo, los incendios en la Comarca que afectaron su chacra le provocaron un stress que lo desestabilizó.
El día anterior a su asesinato, alguien denunció que Tino estaba disparando tiros al aire. La policía local intentó ingresar a su chacra, pero él se los impidió. Su familia consiguió calmarlo.
“En todo momento los hijos de Tino estuvieron en contacto con el comisario de El Hoyo, Sr. Omar Martínez (jefe a cargo del operativo) y el mismo estaba al tanto del trastorno psiquiátrico que padecía Tino”, difundió la familia en un comunicado.
Tino solía estar más tranquilo por las mañanas. Así que los tres hijos habían acordado con el comisario que irían a la chacra por la mañana del 27 de mayo, para poder contenerlo. Establecieron que primero entraría la familia junto a personal de salud mental y en última instancia, si fuera necesario, actuaría la Policía.
Pero alguien no cumplió con la parte del trato y nada salió como esperaban. A los hijos nunca les avisaron que iba a intervenir el GEOP y jamás apareció ningún médico ni profesional de la salud mental.
En una entrevista para FM Patagonia Andina, Claudia Costa Basso, la pareja de Tino durante los últimos 15 años relató los hechos así:
Cuando estaba a más o menos 300 metros de la casa vi unos bultos y pensé que eran jabalíes. Entonces lo llamé a Tino y me dijo “Ahí salgo a buscarte”. “Sí, por favor, porque me da miedo”, le contesté y seguí caminando. Y veo que esos bultos se meten en la cuneta y un traje militar. Pasé caminando delante de ellos mirando hacia adelante y Tino me estaba esperando al lado de la casa con Bruno, el chico que lo estaba ayudando a hacer el galpón.
Y de repente escucho “Señora, señora” y ahí me dió miedo y me acerco a Tino. Ni un beso le alcancé a dar, y le dije que nos metiéramos adentro.
Entramos con Tino y a Bruno le perdimos el rastro. Alcancé a dejar a la perrita en la pieza y miré para el costado y entraban dos camionetas. Y de golpe, se abrió la puerta y entraron como 20 personas con casco, con fusiles y armas, a los gritos. Tino agarró el rifle y se fue para arriba. Yo le agarré la mano y me dijo “Quédate ahí”.
Los tipos gritaban y no me acuerdo si ellos dijeron su nombre o algo o “dónde está” y yo les dije “afuera”, para que se vayan. Tiraron las puertas de la habitación a las patadas. Yo estaba en la escalera queriendo ir para arriba y me agarraron: me pusieron en el living y me pusieron precintos. Me tiraron los brazos para atrás, la nuca para abajo y me precintaron. Y ahí se escuchaban balas, y de golpe se escuchó silencio.
Claudia seguía maniatada. Nadie le habló, ni le dio una orden de allanamiento ni respondió a sus gritos de “¿Qué hicieron con mi marido?”. La tuvieron así una hora.
Cuando llegó la fiscal de turno, la soltaron y le mostraron la orden de allanamiento.
La policía no dio la voz de alto en ningún momento. La cuneta estaba a 15 metros más o menos de donde estaba Tino paradito con el ayudante, y no tenían ningún arma. ¿No hubiera sido el momento de decir “Atención Policía o algo asi?” Por lo que yo entiendo, si tenés una orden de allanamiento, la das antes de entrar a una casa y no después de haber matado a alguien. Podrían haber golpeado la puerta. Yo no entiendo este ataque feroz. Lo fusilaron. Después me enteré que le habían dado un disparo en la cabeza. Son fuerzas especializadas… ¿Dónde estudian? Porque si tenés que neutralizar a una persona que no es delincuente, que estaba alterado y estaba tirando tiros el día anterior, podes tirarle a una pierna, supongo. Porque aparte estos cobardes entraron de a 20 al cuartito donde estaba Tino y le tiraron una bomba lacrimógena. Él tenía un rifle pero le tiraron con bombas: parecía el ataque contra Bin Laden.
El lunes 31 de mayo, cientos de vecinos y vecinas se autoconvocaron frente a la Delegación Comarca Andina del Ministerio Público Fiscal, en la localidad de El Hoyo, para reclamar justicia. Presentaron una nota dirigida al Consejo de la Magistratura de Chubut para que iniciara de oficio una investigación por la orden de allanamiento supervisada por el fiscal general actuante Carlos María Díaz Mayer.
El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, avaló el despliegue del GEOP y tuvo comentarios desafortunados: “Para mí es uno de los finales más trágicos que pudimos tener, pero el accionar de la policía de Chubut fue extremadamente correcto”, dijo y agregó: “Lamento profundamente eso y lamentaría también que por no actuar se haya lastimado, herido o matado a un civil, a una persona, a un tercero o a un policía”.
El 21 de junio, Massoni fue interpelado por miembros de la Legislatura Provincial para que brindara detalles del operativo.
Este martes, mientras si viralizaban videos viejos y llamadas al 911 con pedidos de auxilio de Chano Charpentier, se cumplieron dos meses del asesinato de Tino en Chubut. Familiares, vecines y organizaciones sociales y de derechos humanos convocaron a una conferencia de prensa y movilización, donde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.(APDH) Regional Noroeste de Chubut anunció que se constituyó como querellante de la causa.
“El crimen de Tino Johns es consecuencia de una política y no es un hecho aislado. No es un exceso policial. No es que un grupo de policías se volvió loco y fue a asesinar a un vecino, sino que es consecuencia de una política represiva de mando dura que lleva adelante el gobierno de (el gobernador) Mariano Arcioni, de la mano del ministro de Seguridad, Federico Massoni”, denunció Nelson Avalos, dirigente de la APDH.
Ávalos informó que, como querellantes y junto a los abogados de la familia John, se preguntan por qué siguen actuando en la investigación el mismo fiscal y los mismos funcionarios judiciales que ordenaron el allanamiento. “Es una pregunta que nos hacemos a dos meses. El 31 de mayo firmamos un petitorio y uno de los puntos era que los funcionarios que habían ordenado el allanamiento no deberían estar investigándose a si mismos”, dijo.
“También nos preguntamos por qué no se agotaron las instancias con personal especializado de salud mental y si existen en la provincia de Chubut protocolos para afrontar este tipo de casos. Porque esos errores terminaron con la vida de Tino John”, agregó.
Como planteó la familia en un comunicado, la investigación sobre las circunstancias de su muerte “indica que todo el proceder policial y judicial fue irregular, dado que fueron violadas, entre otras, tanto la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 así como la Resolución N° 506/13, aplicable a casos de personas con padecimiento mental”.
Con el caso de Chano, que llegó a las tapas de los diarios por la popularidad del ex Tan Biónica, comienzan a conocerse otros en todo el país donde las fuerzas de seguridad intervienen en situaciones de salud mental y/o consumos problemáticos y todo termina siempre igual: mal.
El martes 13 de julio, el tucumano Matías Nicolás Ruiz fue detenido por la Policía de Salta en esa ciudad. Estaba desnudo y pedía ayuda. La Policía lo retuvo esposado por más de una hora. La ambulancia llegó tarde, cuando Matías Nicolás ya estaba muerto. En su cuerpo hay marcas de golpes y una muy significativa: la de un borcego en sus extremidades.
El 18 de julio, la trans Fátima Belén Barrios, de 27 años, murió en una comisaría en Formosa, por una supuesta sobredosis. Pero su familia denunció que el cuerpo estaba lleno de moretones y sangre. Tres días después, en Paraná, Entre Ríos, la trans Victoria Nuñez, de 29, murió luego de que seis policías la esposaran y presionaran contra el piso. Su familia había llamado al 911 porque Victoria tenía un ataque de pánico.
