Los resultados del informe sobre narcotráfico y adicciones que presentó la Universidad Católica Argentina fueron aprovechados por los medios para fortalecer el discurso de la criminalización de los consumidores. Los principales titulares decían: “Advierten el crecimiento del consumo en los barrios humildes”, “aumento exponencial de la venta de drogas”, “Argentina es un país de fabricación, tránsito y consumo”. Nadie llegó a leer las conclusiones: allí los investigadores explicaron que la lucha contra el narco no puede ser con represión a las víctimas y que la prevención de las adicciones es un problema de salud.
Según el Barómetro del Narcotráfico y las Adiciones en la Argentina de la UCA, que analiza la percepción sobre la circulación de drogas, “nadie nace drogadicto”. Los consumos problemáticos son resultado de la ineficacia de las políticas de prevención y asistencia al adicto, de la vulneración del derecho a la vivienda, a un medioambiente sano y al trabajo digno. Por eso, en contra de la política de seguridad del gobierno, “la lucha contra el narcotráfico no puede fundarse en una acción represiva”, escribieron.
El informe dirigido por el sociólogo Agustín Salvia analiza la percepción sobre el consumo y tráfico de drogas en las ciudades de más de 80.000 habitantes. A lo largo de cinco años (desde 2010 a 2014) se registraron 28.415 testimonios que advertían sobre el crecimiento del tráfico de drogas. “Se trata de una investigación de las representaciones: es decir si los vecinos saben o no saben dónde se vende drogas en el barrio”, explicó a Cosecha Roja Alfredo Fernández, el secretario ejecutivo del Instituto de Investigaciòn sobre Jóvenes, Violencia y Adicciones.
Al analizar los resultados, Fernández dijo que “es necesario trabajar desde una perspectiva de la salud, centrada en los derechos de las personas, su acceso a la cultura y al deporte. Se trata de un problema sanitario y no estrictamente criminal”. A fines de diciembre, el IJóvenes presentó un informe en el que mostró cómo en los barrios del conurbano y del interior del país, el consumo problemático siempre está relacionado con la desigualdad.
IJóvenes trabajó en 40 barrios populares de 17 distritos de la Provincia de Buenos Aires y registró historias de pibes con consumos problemáticos de sustancias, organizaciones territoriales que proponen alternativas y dispositivos de prevención y tratamientos. “El de la UCA nos parece un trabajo muy riguroso y valioso y hay varias coincidencias con el informe que presentamos en 2015. Las familias que necesitan asistencia no encuentran las respuestas necesarias. El Estado tiene que ofrecer más herramientas basadas en la perspectiva de la salud”, dijo Fernández.
Edith Benedetti, la presidenta Presidenta de la Fundación Salud, Educación, Derechos Humanos y Ambiente, dijo a Cosecha Roja: “Es necesario pensar que un adicto suele ser un sujeto con los derechos vulnerados: sin una vivienda digna, acceso al agua, al entorno sano. En general, son personas cuyo derecho a la salud fue vulnerado”.
Los consumos problemáticos están vinculados al acceso desigual a la vivienda digna, la falta de servicios básicos y el hacinamiento. “En hogares donde son más precarias las condiciones socioeconómicas, educativas, laborales y residenciales se registran mayores índices de drogadicción” afirma la investigación. Además, las políticas de prevención deben “mejorar la calidad educativa, crear un hábitat inclusivo, acceder a mejores escenarios de vida y de empleo”.
Si bien la percepción de la venta de drogas se incrementó en todos los estratos sociales (altos, medios y bajos), no se dio de una manera simétrica: mientras que en los barrios medios y altos del Área Metropolitana de Buenos Aires la observación de la droga creció un 19% entre 2010 y 2014 en los barrios vulnerables ascendió al 64%. En contra del imagen que proponen los medios, la marihuana o la cocaína no son los consumos problemático que más afectan a los sectores populares. Las drogas legales, como el alcohol, tienen una mayor incidencia.
En aquellos barrios donde se incrementó la presencia policial no hubo una reducción de la venta de narcóticos. Más aún, los investigadores consideraron que en los barrios vulnerables las fuerzas de seguridad son vistas como parte de las redes criminales: “[Los entrevistados] señalan que cobran coimas a los remises (no habilitados) y un porcentaje a los vendedores de droga para dejarlos “trabajar tranquilos”, es decir, están muy lejos de brindar la protección”. En esos barrios existe un “miedo a la denuncia” por el temor a que las fuerzas policiales tomen represalias. Para Benedetti, “lo peligroso de este tipo de informes es que se promueva una vigilancia sobre un sector en particular”.
Un problema que detectaron los investigadores fue la ineficacia de los dispositivos hospitalarios y que los jóvenes no suelen acceder a los tratamientos médicos hasta que se encuentran un momento límite. “En relación a las posibilidades de que los jóvenes realicen un tratamiento específico, los participantes coinciden en destacar la ineficiencia del sistema para poder llevarlo a cabo”, escribieron las investigadoras Silvia Balzano y Noemí Elena Hourquebie en el informe. Esto muestra que los programas de salud no siempre mantienen la continuidad de los tratamientos.
“Estos nenes hacen de mula. Llevan, traen droga todo el tiempo”, dijo una de las entrevistadas a las investigadoras. El menudeo de droga suele estar vinculado a grupos familiares en situación de vulnerabilidad social que no acceden al trabajo formal. “En las villas no hay grandes narcotraficantes, hay bandas de narcomenudeo, que venden un poco para poder sobrevivir”, explicó Benedetti.
Los sociólogos y antropólogos de la UCA afirmaron que el Estado debe responder con una política integral: “Es necesario establecer un consenso amplio entre las principales fuerzas políticas y organizaciones sociales del país sobre políticas estratégicas que tengan como área prioritaria tanto la erradicación de bandas delictivas como la inclusión social de las poblaciones en riesgo”.
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Algunas conclusiones del informe:
1. La lucha contra el narcotráfico no puede fundarse en una acción represiva sobre las víctimas ni sobre los eslabones más precarios de la cadena sino que debe centrarse y extremar esfuerzos en erradicar las organizaciones delictivas, circuitos económicos y políticos que protegen y promueven la venta y consumo de drogas ilegales.
2. Es necesario establecer un consenso amplio entre las principales fuerzas políticas y organizaciones sociales del país sobre políticas estratégicas que tengan como área prioritaria tanto la erradicación de bandas delictivas como la inclusión social de las poblaciones en riesgo.
3. La prevención del consumo de las sustancias psicoactivas se vincula a la distribución y comercialización de drogas. En este caso, la conducta preventiva debería centrarse en intervenciones que interrumpan y eviten la producción, venta y tráfico de drogas en espacios comunitarios.
4. La prevención de las adicciones debería entenderse como un problemática integral para promover un cambio en la situación actual, a través de una propuesta para el desarrollo de acciones y proyectos preventivos basados en la participación comunitaria y la coordinación de diversas instituciones y actores sociales.
5. El registro de venta de drogas en el barrio desciende de manera poco relevante ante una mayor presencia policial, con excepción de los barrios de nivel socioeconómico medio, donde la presencia de fuerzas de seguridad logra mayor impacto. Esto estaría indicando que en los barrios más pobres o medios profesionales existe un déficit de control, falta de efectividad o connivencia policial con esta forma de comercio ilegal.
6. En hogares donde son más precarias las condiciones socioeconómicas, educativas, laborales y residenciales se registran mayores índices de drogadicción. Mejorar la calidad educativa, crear un hábitat inclusivo, acceder a mejores escenarios de vida y de empleo son factores que reducen de manera significativa en riesgo a adicciones en los sectores más pobres.
7. Crear recursos y fortalezas psicosociales a través de modos adecuados de afrontamiento, de actitudes frente a la externalidad y de contención social, mejoran la calidad de salud tanto física como mental de las personas que se encuentran atravesadas por un contexto familiar con adicciones.
8. Los indicadores emocionales manifiestan una implementación de ayuda desde los profesionales de la salud mental que no se refleja en la concreción de tratamiento o búsqueda de atención por parte de las familias afectadas por adiciones.
Foto: Informe CELS
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