Por Gabriela Cruz en La Palta
Fotografías: Elena Nicolay // Ignacio López Isasmendi
Una silla negra y una foto en blanco y negro encima. A la par, otra silla negra y otra foto en blanco y negro encima, y así decenas de sillas se extienden formando filas y filas, una detrás de la otra. Cada foto muestra un rostro. Cada rostro tiene un gesto: una sonrisa, una carcajada, una mirada seria, un cigarrillo en la boca o en la mano. Como cada jueves y viernes, desde el 5 de mayo del año pasado, un grupo de militantes de organismos de derechos humanos prepara la sala y la acondiciona para una nueva audiencia. Una nueva audiencia que es diferente a las de otros juicios que se realizan en esa misma sala. Cada fotografía en esas sillas es un acto más de justicia; son los rostros de los cientos de desaparecidos por el terrorismo de Estado que siguen presentes en la lucha de sus hijos, sus hermanos, sus padres e incluso sus nietos.
El viernes pasado la escena de las personas acomodando las fotografías en las sillas se repitió y apenas pasadas las 9.30 la sala de audiencias ya estaba lista. Algunas diferencias eran evidentes, como la cantidad de asientos que esta vez se ocupaban; otras diferencias eran más sutiles, como las sonrisas entre nerviosas y expectantes, o los abrazos más largos y apretados que de costumbre. La sentencia de la megacausa Operativo Independencia estaba prevista para las 15, pero durante la mañana se esperaba que al menos tres imputados hablaran haciendo uso de su defensa material. Finalmente, eso no ocurrió y la sala quedó vacía hasta un poco más de las 14. Afuera, en la esquina de las calles Chacabuco y Crisóstomo Álvarez, las vallas estaban listas para cortar el tránsito. Los carteles, las banderas y las fotografías en blanco y negro iban ocupando el espacio público.
“Condenar a Roberto Heriberto Albornoz a la pena de prisión perpetua”, dijo el secretario del Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) Mariano García Zavalía. La sala permaneció en silencio mientras García Zavalía leía la extensa lista de delitos y víctimas por las que ‘El Tuerto’ recibía una nueva sentencia a perpetua. La misma condena recibieron Luis Armando De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Jorge Omar Lazarte, Miguel Ángel Moreno y Enrique José Del Pino. A estas seis perpetuas se sumaron las penas de 18 años para Néstor Rubén Castelli, de 16 años para Jorge Gerónimo Capitán, de 10 años para Manuel Rubén Vila y de 4 años para Pedro Adolfo López. El ambiente silencioso de la sala comenzó a cambiar ante la primera de las 7 absoluciones y a partir de ahí se intercalaban los aplausos en el público según acompañaran a uno u otro sector. Los absueltos fueron José Ernesto Cuesta, Ramón César Jodar, Francisco Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, Alberto Alfredo Svendsen, José Roberto Abba y Omar Edgardo Parada.
La lectura del fallo se extendió por casi dos horas. Afuera de la sala una multitud escuchaba la sentencia a través de parlantes dispuestos a este fin. Familiares y sobrevivientes que llegaron a la capital tucumana desde las localidades del sur de la provincia y desde otras provincias como Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba, y militantes de diferentes partidos políticos coparon la esquina del TOF. El frío inusual para esta altura del año se fue intensificando conforme avanzaba la jornada. En medio de la lectura de la sentencia la llovizna se hacía cada vez más persistente, pero nadie se movía. Unos se resguardaban bajo paraguas, otros se cubrían con capuchas o pañuelos. Las lágrimas se confundían con las gotas de agua y los cantos en repudio a las absoluciones empezaron apenas se anunció que los fundamentos del fallo se darían a conocer el 8 de noviembre.
Lo que las condenas y las absoluciones dicen
Las condenas fueron de 4 años a prisión perpetua. En todos los casos, el Tribunal integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga sostuvo que los delitos estaban calificados como lesa humanidad. “Ello implica que se ha tenido por acreditada la existencia de un plan destinado a cometer un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, señala la fiscal ad hoc Julia Vitar. “En este caso esta definición jurídica se plasma en que en Tucumán existió un plan de violación sistemática a los derechos humanos y esto no es algo que lo afirman únicamente los familiares las víctimas o la comisión bicameral, sino que también es un pronunciamiento de la Justicia”, agrega la letrada, que a continuación analiza las absoluciones otorgadas por los jueces.
Dos de los imputados, Francisco Orce y José Abba, fueron absueltos por el principio de la duda. “Es decir que las pruebas que se produjeron en el debate no consiguieron rebatir el estado de inocencia y generar un convencimiento en los jueces sobre la culpabilidad de los imputados”, explica Vitar, que además señala la preocupación por el fundamento de las otras absoluciones. “Para el resto de los absueltos se consideró la existencia de un error de prohibición, es decir que el tribunal entiende que los imputados no conocían o no entendían que cometieron un error a la hora de actuar y pensaban que estaban autorizados por la ley, cuando en realidad las conductas que se les imputaban eran conductas prohibidas”, advierte la fiscal. Esas conductas son las señaladas como privación ilegítima de la libertad, torturas, violaciones y abusos sexuales. “La verdad es que esto es una forma encubierta de justificar las acciones durante el Operativo Independencia”, asegura Vitar, que coincide con el análisis de otros abogados que señalaron que es una manera solapada de apelar a la obediencia debida.
Vitar puntualiza su preocupación en dos de los imputados. Por un lado, el caso de Jodar: “era un policía que tenía a su cargo la zona departamental de Trancas y, por ende, tenía personal a su cargo. Sobre todo (debería haberse considerado) la cantidad de testigos de Tafí Viejo que lo mencionan y lo ponderan como un personero del terrorismo de Estado ahí”. Por otro lado, la absolución que le resulta más grave de todas es la de Parada. “Era un militar con el rango más alto de todos los imputados en el juicio y tuvo a su cargo la base que funcionó en Santa Lucía”, dice en referencia a una de las localidades del sur de la provincia más golpeada por el Operativo independencia. En Santa Lucía se instaló una base militar que fue, junto a la Escuelita de Famaillá, epicentro de la ocupación militar. “Fue el principal responsable durante el Operativo Independencia de los secuestros y desapariciones en esa zona, que en este juicio ascendían a alrededor de 20 casos”. Los fiscales, según Vitar, esperarán conocer los fundamentos del fallo para presentar el recurso de casación.
Superar el trago amargo
“Nos queda ir a casación”, dice Carolina Frangoulis. Caro es militante y referente de la agrupación HIJOS – Tucumán (Hijos e Hijas por la Identidad la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Estuvo presente junto a sus compañeros en cada uno de los 12 juicios que ya se realizaron en la provincia, en cada escrache y en cada marcha, incluso cuando la concreción de los juicios era apenas una utopía. “Nos queda un sabor que hoy es amargo, y lo único que lo puede llegar a levantar es saber que en Tucumán los organismos de derechos humanos y la Justicia misma hemos sentado en el banquillo al menos a una parte de los responsables por el Operativo Independencia. Ha sido demostrado, al menos en el marco de este juicio, que los crímenes cometidos durante el año 75 forman parte de los crímenes de lesa humanidad y eso no es un detalle menor”, agrega Carolina con la voz ronca y firme que se quiebra y se recupera al pensar cómo vivió esta sentencia.
“A la previa la viví con muchos nervios y además de una manera muy diferente porque nunca me hubiera gustado llegar acá sin Natalia”. Natalia Ariñez era para ella mucho más que una amiga y compañera de militancia. Esta hermana de la vida que había participado y estado junto a ella en todos estos años tenía en este juicio como víctima a su papá. Por esa causa declaró en junio del año pasado. Su muerte, en diciembre pasado, enlutó la militancia en Tucumán y su recuerdo estuvo presente en cada audiencia de este año. “La viví pensando y escuchándola a cada minuto. La tenía en mi cabeza y nos teníamos hablando de la justicia poética”. Natalia se preguntaba e invitaba a todos a reflexionar sobre qué es la justicia. “Cada uno de esos testimonios formaban parte de esa justicia en la que nosotros creíamos y creemos todavía”, dice Carolina refiriéndose a la justicia poética. “Y hoy era el único momento que finalmente la justicia era la justicia legal. Pero finalmente esa justicia no llegó. Creo que de ahí viene ese sabor amargo que se tendrá que transformar también en esa justicia poética que siempre nos termina sosteniendo”, cierra Carito y corre hasta la escalinata de la casa de Gobierno desde donde la llaman para que diga algo al público que marchó al finalizar la lectura de la sentencia. Ahí, en la vereda de la casa de Gobierno, frente a la plaza Independencia, unos cantan y otros hablan. Todos buscan la manera de homenajear esta lucha y de reponerse a la decepción para seguir ganando batallas contra la impunidad.
“La sentencia podría haber dejado un sabor amargo, pero prefiero pensar que deja desafíos”, dice María Coronel, directora del Espacio de la Memoria ‘La Escuelita de Famaillá’. “De la misma manera que fue un desafío y muchísimo trabajo llegar a este juicio, se ha logrado (más allá de lo vergonzoso de algunas condenas) que la Justicia admita que durante el Operativo Independencia se cometieron delitos de lesa humanidad, lo que se viene sosteniendo desde hace 42 años”, agrega, y coincide con sus compañeros en valorar que al fin quede claro, desde la Justicia misma, que no se trató de una guerra. “Ahora nos queda seguir trabajando y militando cada día para revertir las absoluciones, para que sigan adelante los juicios pendientes y para que cada una de las víctimas del Operativo Independencia y sus familiares obtenga justicia. Como siempre, ni un paso atrás”, sostiene la mujer que en la puerta del TOF es abrazada por su hijo de 21 años, un niño que creció al fragor de reuniones y marchas.
Antes de que empiece a leerse la sentencia, antes de que la lluvia amontone a todos bajo los paraguas, dos adolescentes pintan un cartel en la calle: son los hijos de Natalia. Junto con ella mamaron la lucha desde que nacieron. Junto con su papá y su abuela, y junto con los tíos que se multiplicaron con los años, sostienen esa lucha que heredaron y eligen. Ambos sonríen y gritan y levantan el puño para decir “¡Presentes!” cada vez que dicen “30.000 compañeros detenidos desaparecidos”. Y gritan con más fuerza cuando la consigna es “Natalia Ariñez”.
Cuesta que la gente se mueva de la puerta del TOF. Quienes hicieron los cálculos hablan de entre 400 y 500 personas reunidas para este momento histórico. Cuesta dejar ese espacio, pero de a poco se organiza la marcha que llega a la plaza Independencia. Cuesta volver a casa ese día después de una jornada que cayó con el peso de 16 meses de audiencias y el sabor de las absoluciones, pero la certeza de que no se bajan los brazos. “Nos queda Operativo II para el año que viene. Nos queda casación después de los fundamentos”, dicen los abogados y los militantes. “Nos queda seguir luchando porque todavía nos falta saber dónde están los que nos faltan”.
