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Cosecha Roja.-

Noelia Johana Rodríguez desapareció el 4 de mayo de 2014. La última vez que la vieron fue en una fiesta patronal en Guachipas, a 40 kilómetros de Salta. Esa noche también estaba en los festejos del pueblo José Cayetano Sulca, un joven de 22 que vive en un paraje rural de la zona. El operativo montado por la policía para buscar a la chica puso el foco en Sulca: el 21 de mayo ocho policías lo fueron a buscar a la casa, lo llevaron a la dependencia, lo insultaron, lo golpearon y lo picanearon. Querían que confesara dónde estaba el cuerpo, aunque él no tenía no sabía nada. Esta semana la justicia salteña condenó a un subcomisario jefe de Trata de Personas y a un oficial a ocho años de prisión por apremios ilegales y torturas.

“Hace 15 años que trabajo en la justicia de Salta y es la primera vez que condenan a policías por ese delito en la provincia. Que uno sea un jefe de trata es una situación extraña y deficiente. Apenas quede firme, la pena es de cumplimiento efectivo”, dijo a Cosecha Roja el fiscal de la causa Rodrigo González Miralpeix. Rubén Ángel Aguirre, subcomisario y jefe de la División de Trata y Personas, y Rodrigo Iván Andrada, oficial de esa sección, fueron identificados por Sulca como partícipes de las torturas y condenados por el juez Marcelo Rubio a prisión y quedaron inhabilitación de por vida. Otros tres policías fueron absueltos por falta de pruebas.

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Sulca fue el quinto detenido del caso. Cuando lo fueron a buscar, pensó que lo llevaban como testigo. Pero los policías de Guachipas lo apretaron, buscaban sacarle algún dato que sirviera para avanzar en la investigación. Las agresiones primero fueron verbales: “confesá dónde está el cuerpo, vos sabés, hacete cargo”, le exigieron.

Lo tuvieron toda la noche detenido y al día siguiente lo llevaron a la fiscalía de Salta capital para declarar. “Motivado por la presión, se hizo cargo del crimen y dio indicios – bastante vagos- de la ubicación del cuerpo: un campo, al lado del río, debajo de un puente”, contó González Miralpeix.

La versión que contó era “inverosímil”, según el fiscal. Pero los peritos de la policía encabezaron un operativo de rastrillaje de más de 15 horas con Sulca señalando los supuestos lugares donde podía estar el cadáver. Hicieron dos excavaciones y no encontraron nada.

Los policías volvieron a llevar a Sulca a la comisaría. Esta vez los gritos no fueron suficientes, entonces lo golpearon. Después le pusieron una bolsa en la cabeza para intentar asfixiarlo y, cuando ya casi no podía respirar, se la sacaron. Lo amenazaron con un arma que estaba descargada: le apretaron el gatillo simulando un disparo. Y lo picanearon en las piernas, el abdomen, los testículos.

Una vez liberado, el joven viajó 100 kilómetros hasta la localidad de Cafayate. Quería que lo revisara un médico del hospital, estaba dolorido y tenía todo el cuerpo golpeado. El doctor que lo atendió escuchó la historia y le aconsejó que hiciera la denuncia. Así empezó la causa que tuvo cinco policías imputados (Héctor Daniel Orquera, Abel Alejandro Martín y Daniel Córdoba -de la subcomisaría de Guachipas-, Andrada y Aguirre) y terminó con dos condenados.

Sulca vive en Santa Bárbara, un paraje sobre la Ruta 40 en el departamento de Cafayate, y trabaja para el SENASA vacunando animales. “Es un muchacho callado, tiene dificultades para expresarse, es difícil escucharlo porque habla bajito y está asustado”, contó el fiscal.

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No es la primera vez que los policías salteños torturan a presos. En julio de 2012 se viralizó un video en el que se veía a dos hombres esposados y casi desnudos a los que les tiraron baldazos de agua en la cabeza y los asfixiaron con una bolsa de nylon. Cinco policías fueron detenidos. En abril de 2014 una mujer policía le arrancó los aritos a José María Plácido al grito de “puto, sacate eso, sé macho”. Entre varios oficiales le fracturaron el cráneo y el tabique, le pegaron sin parar con el bastón y hasta lo colgaron de las piernas en la Comisaría 20 de Colonia Santa Rosa.

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