La justicia absolvió a la médica acusada por el delito de aborto consentido seguido de muerte pero la condenó a un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitaciones por ser autora penalmente responsable de lesiones culposas. Según el juez José Colabelli, no se pudo comprobar que hubiera un “embarazo en el vientre materno” de la adolescente pero sí que la médica tuvo responsabilidad en la muerte. El mensaje disciplinador no avala la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo ni resuelve por qué murió Maira.

En la lectura de la sentencia, Colabelli dijo: “No se veía feto ni saco ni embrion. Está duda no fue zanjada por ninguna de las partes. Al no tener la certeza de que hubiera un embrión, consideré que no había delito y por lo tanto la absolución”.

Y agregó: “Había pus en el útero. Fue producido en un aborto que quedó incompleto y esto produjo casi seguro la muerte de Maira. Abril tuvo intervención pero no la vinculo directo en la muerte: Maira sale del quirófano y no va a Unidad de Cuidados Intensivos sino a sala general. Ahí se produjo un desequilibrio que llevó a la muerte. Durante el debate no fue aclarado si cuando fue derivada al otro hospital la situación era irreversible. Pero si hubo impericia en el deterioro de la salud por no haber producido las actuaciones diligentes”. 

Como no leyó los fundamentos, no quedó explicado entonces por qué Abril tuvo “impericia en su proceder”. Y no se resolvió por qué falleció Maira. Ahora la defensa de la médica apelará la condena.

Colabelli es un juez polémico. En 2004 le iniciaron juicio político, lo destituyeron y en 2010 logró volver al cargo. Lo acusaban por su actuación en el episodio “Vuelta al Río”, en el que ordenó desalojar a comunidades mapuches.

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Maira tenía 17 años y estaba embarazada de siete semanas. Los últimos días de noviembre de 2015, tomó valor y se acercó al Hospital Sub-Zonal de El Maitén, acompañada por su prima. Fue hasta allí a pedir la interrupción legal de su embarazo. Sabía que su pedido está contemplado por los Códigos Civil y Penal de la Nación, por las leyes provinciales y el Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo.

En el hospital la escucharon. Una trabajadora social y un equipo de médicos evaluaron su caso. Maira estaba segura de que no quería seguir adelante: “si no me ayudan a abortar, me mato”. Abril, una de las doctoras residentes del hospital, apoyada por el equipo médico y siguiendo el marco legal y el protocolo, le suministró misoprostol. El consentimiento de Maira, que quedó por escrito en la historia clínica, y las causas que la llevaron a esa tomar esa decisión, no figuran en la causa porque se perdieron.

Cinco días después, Maira comenzó a sentirse mal y fue al Hospital de Esquel. Los médicos le hicieron dos cirugías y constataron que su útero estaba completamente sano y que no tenía ninguna infección. Pero a las pocas horas de salir por última vez del quirófano, Maira se desestabilizó y murió. Fue entonces cuando los papás se enteraron de que la chica había abortado y el caso se judicializó.

La Fiscalía de Esquel determinó, a partir del certificado de defunción, que la muerte se produjo como consecuencia del proceso incompleto del aborto “al no haber retirado los restos del embarazo del útero que generaron un cuadro de shock séptico refractario que provocó la muerte de la joven”.

Sin embargo, los médicos de El Maitén no encuentran ninguna causa que conecte la práctica del aborto con la muerte de Maira. “Es muy grave que no se sepa de qué murió. La Fiscalía no indagó, se basó en el único antecedente que fue el aborto y en medio de la investigación cambiaron un peritaje”, dijo a Cosecha Roja Julieta Galván, de la Multisectorial de Esquel y de la Colectiva Mujeres por el derecho a decidir. “Se está intentando acusar a la práctica y a la médica para que cada vez haya más objetores de conciencia”.

Desde el comienzo del juicio, la Comisión Nacional de Residentes de Medicina General, la Federación Argentina de Medicina General, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pidieron la absolución de la médica y denunciaron persecución “por parte del juez machista”. La perito Stella Manzano, quien cuestionó el certificado de defunción de Maira, dijo: “Este caso me recuerda mucho al de la joven que estuvo presa en Tucumán, de Belén donde salieron a la luz de todas las irregularidades judiciales que jueces y fiscales permitieron. Hay un fin disciplinador y machista”.

Como en el caso de Belén, tanto el nombre de la adolescente como el de la médica fueron cambiados para proteger sus identidades. Sin embargo, la antiabortista Mariana Rodriguez Varela, famosa por la campaña del “bebito” en el balcón, difundió el caso con los nombres y apellidos reales y publicó un video en el que habla la mamá de Maira. La Fundación Provida, que asesora a la familia de la adolescente, presentó dos amicus curiae: Nutrir y Más Vida, dos fundaciones que hicieron circular un video que criminaliza el aborto.

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