Por Claudia Arriaga.-
La activista mexicana Adelaida Salas Salazar sufrió varias amenazas de muerte. El motivo: acompañar a mujeres víctimas de violencia. Los ataques empezaron con llamadas y mensajes de texto, y terminaron con un asalto a las oficinas de la organización que encabeza. Ahora su vida está en peligro: con la excusa de la pandemia, el estado le quitó la custodia que tiene desde 2017.
“Nos lleva a pensar que están actuando en común acuerdo con nuestros agresores. Las denuncias están paradas, no hay avance a dos años y las amenazas son continúas” explicó la activista.
Salas Salazar es representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y representante legal de Ni una Más A.C., una de las organizaciones que promueve la Alerta de Género en Yucatán.
En el 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobierno de Yucatán brindarle medidas de protección en respuesta a las amenazas de muerte que había recibido.
Ante esta situación Amnistía Internacional exhortó al gobernador de Yucatán Mauricio Vila a regresar las escoltas que cuidan de la activista:
“Instamos al gobierno de Yucatán a que restablezca de inmediato las medidas de protección de Adelaida de acuerdo con los más altos estándares internacionales de derechos humanos” se lee en el texto.
El Gobierno del Estado de Yucatán se limitó a comentar a través de Twitter que se asignó un elemento policíaco para su custodia. La activista Adelaida Salas detalló que se trata de una sola persona que la sigue a la distancia y no garantiza su seguridad.
Otras víctimas desprotegidas
Además, también retiraron la protección a las mujeres sobrevivientes la violencia feminicida. Tal es el caso de Greta Martínez Corona, víctima de golpes y violencia sexual por su expareja, quien fue privada de su libertad en su propia casa.
A consecuencia de las lesiones desarrolló trastorno de ansiedad, perdió la capacidad del habla y su cabello y cejas se decoloraron completamente.
Cada mes y medio tiene que renovar el trámite para solicitar protección. En esta ocasión le fue negada: “Por más que he explicado mi situación, reiteran que lo importante ahora es la contingencia de la pandemia”, señaló.
También se quedaron sin protección el padre, la hermana y hermanos de Emma Molina Canto, quien en el 2017 fue víctima de feminicidio por dos sicarios en la puerta de su casa.
La mujer había pedido medidas de protección a la Fiscalía General del Estado en 2015. En el 2016 la inscribieron en el Registro Nacional de Víctimas, pero la ayuda nunca llegó: la asesinaron antes. Y ahora la familia teme por sus vidas.
El exesposo y autor material del crimen permanece en prisión por lavado de dinero y continúa con el juicio por feminicidio.
Esta nota se produjo en el marco de la Beca Cosecha Roja. Foto: gentileza El diario de Yucatán.-
