Cosecha Roja.-
La justicia condenó a diez años de prisión a Francisco Javier Juárez, el autor material del crimen de Cristian Ferreyra, el militante del Mocase de 23 años. El empresario sojero Jorge Ciccioli, acusado de ser el autor intelectual, quedó en libertad igual que el resto de los acusados.
Los familiares de Ferreyra y los militantes del Mocase marcharon desde el polideportivo de Monte Quemado hasta el salón de fiestas que funcionó como juzgado, igual que el primer día del juicio. Después de escuchar la sentencia se congregaron en la puerta del tribunal.
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Cristian tenía nueve hermanos y trabajaba desde los 10 años porque su papá estaba postrado. Era el que se ocupaba de degollar a los animales, de carnear, de usar el hacha, de hacer los trabajos de fuerza. El 16 de noviembre de 2011 se reunió con Darío Godoy, compañero de militancia en el Mocase, para preparar el encuentro del día siguiente y darle forma a la denuncia por el desmonte contra el empresario Ciccioli. Se juntaron en lo de Darío, en el paraje Campo de Mayo, cerca de San Antonio. Ya los habían amenazado e insultado repetidas veces porque resistían, porque cortaban el alambre de los cercos.
Los empresarios ya habían organizados grupos paramilitares armados con escopetas de guerra. Juárez era uno de ellos y cumplía órdenes de Ciccioli. Ese día llegó a lo de Darío y, cuando lo vieron, intentaron frenarlo. Pero él no dudó y disparó con la escopeta: le dio en la pierna a Cristian y en la rodilla a Darío. Sergio Ferreyra -el primo- escuchó el disparo porque vivía a metros y se acercó corriendo. Vio la sangre. Logró sacarle el arma a Javier y trató de disparar, pero no había más cartuchos.
Cristian pedía que le hicieran un torniquete para detener el sangrado pero nadie supo hacerlo. La ambulancia no llegó y murió porque la bala había atravesado la arteria femoral. A Darío lo trasladó un vecino en camioneta al hospital de Monte Quemado y sobrevivió. Hoy es uno de los querellantes junto con la familia de Cristian y con Sergio Ferreyra.
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación -integrada por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray- juzgó a Juárez por “homicidio simple, amenazas, abuso de armas, lesiones graves y leves”. Al empresario Ciccioli lo acusaban de “homicidio simple en grado de partícipe secundario, lesiones graves y leves y amenazas”. También estaban imputados Palomo Demetrio (con las mismas acusaciones que el empresario) y Carlos y Mario René Abregú, Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez por lesiones graves y leves, amenazas y abuso de armas. Las audiencias se realizaron los martes, miércoles y jueves de noviembre. El Mocase, el CELS y el Instituto de Investigación y Experimentación Política difundieron un diario del juicio.
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Las denuncias contra los empresarios de la zona habían empeorado a principios de 2011. Los integrantes del Mocase decían que el gobierno provincial había autorizado el desmonte que avanzaba sobre la escuela pública. Según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había en el territorio “personas armadas que amenazaban a los pobladores y atacaban la radio comunitaria “corazón de la organización política y social de los grupos indígenas”. Gastón Chillier -director ejecutivo del CELS- presentó un documento ante la Cámara pidiendo que se tenga en cuenta la perspectiva internacional de DDHH en cuanto a la responsabilidad del Estado en velar por los ciudadanos y, además, porque en el caso de los pueblos indígenas existe una “relación única entre su identidad cultural y sus territorios tradicionales”
Según Ciccioli, él había comprado las 2000 hectáreas -dentro de donde se encuentra el Paraje San Antonio- en febrero de ese mismo año al empresario tucumano Emilio Luque. Allí vive la comunidad indígena Lule-Vilela que había logrado detener las topadoras. En los días previos al asesinato de Cristian, habían vuelto a aparecer.
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El juicio empezó el 5 de noviembre. A las 9 menos cuarto de la mañana casi mil personas marcharon desde el polideportivo hasta el salón de fiestas de Monte Quemado, en Santiago del Estero: entre las paredes de ladrillo, bajo los techos de chapa y sobre los tablones de madera acondicionados especialmente, empezó el juicio oral y público por el asesinato Cristian Ferreyra, el militante del Mocase de 23 años. Las 80 sillas blancas de plástico para el público se llenaron y afuera otros cientos esperaron entre banderas y discursos.
Los seis imputados por el crimen estuvieron presentes en la primera audiencia. Ese día Juárez y Ciccioli llegaron con chalecos de la policía porque estaban presos. Los otros cuatro estaban imputados por ser parte de los “matones”. La querella denunció que el asesinato de Cristian fue parte del amedrentamiento a los campesinos que tiene un sólo objetivo: apropiarse de las tierras. “Es el primer juicio en el que están cara a cara con los empresarios que sólo tienen un interés especulativo”, dijo a Cosecha Roja Deolinda Carrizo, de Mocase.
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