Foto: Católicas por el derecho a decidir Facebook.
Por María de los Ángeles Roberto*
El 9 de julio un colegio católico de Santiago del Estero hizo marchar a sus estudiantes de primaria con paso marcial, música militar de fondo y el pañuelo celeste al cuello. El padre Juan Cruz Fariña, representante legal de la escuela, sostuvo que la institución estaba orgullosa de haber realizado esa marcha. Habría que avisarles a los padres de esos niños que los cuiden bien porque en Santiago del Estero hay curas que abusan de menores y están sueltos: el párroco Julián Ruiz estuvo preso durante 15 meses por el delito de abuso sexual con acceso carnal de un joven de 17 años. Pero la Justicia santiagueña solamente lo procesó por grooming a pesar de que el delito fue comprobado. Sus abogados defensores actuaron rápidamente para limpiar el nombre del cura y nunca se le inició un juicio canónico.
El 17 de julio, en un martes verde organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el grupo de “Cristianas y Cristianos por la Vida Plena y el Derecho a Decidir” realizó un acto ecuménico frente al Senado de la Nación para expresar su apoyo al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Su proclama establece que “no existen razones bíblicas, teológicas o pastorales para penalizar a las personas que pasan por la experiencia de un aborto. Ni tampoco para condenarlas a cursar un embarazo no deseado”. Llevaron los pañuelos verdes y sostuvieron velas encendidas del mismo tono mientras leyeron un documento para exigir “desde la fe, la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”. El documento tiene la firma de 300 miembros de distintas denominaciones como la iglesia católica, metodista, luterana, valdense, reformada y otras comunidades de fe.
Mientras se realizaba ese gesto ecuménico en la calle, Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, movimiento autónomo de católicas y feministas, fue interrumpida tres veces en su exposición frente a los senadores. No es casual que apuraran a Marta para que terminara. Ella representa la voz diferente de la iglesia católica, una iglesia cuyo líder, el Papa Francisco, comparó el reclamo del aborto con el nazismo. Marta explicó claramente que la iglesia católica en tanto actor político está mostrando todas las fichas en contra de esta ley, en contra del movimiento feminista, en contra de las diputadas y diputados que aprobaron la ley. Ante la pregunta solapada de uno de los senadores sobre qué sucedería el 8 de agosto si no se sancionaba, Marta respondió que el movimiento feminista no es algo improvisado, es uno de los más fuertes de la Argentina, uno de los más sólidos, por eso hay que prestarle atención. Ese movimiento feminista es el que logra unificar las voces de las distintas iglesias ante un solo reclamo por el #AbortoLegal. Algo que ningún varón de ninguna iglesia cristiana ha realizado hasta el momento.
El 18 de julio, un sacerdote de Resistencia, Rafael del Blanco, afirmó en una entrevista radial con Ernesto Tenembaum que la diputada del Chaco, Aída Ayala estaría excomulgada de la iglesia católica por haber votado a favor del proyecto el 13 de junio. La diputada está recibiendo presiones y amenazas por parte de sectores católicos ligados a la iglesia de su provincia después de su voto positivo en la Cámara Baja. El cura confesó que no recordaba el número del artículo del Código de Derecho Canónico (CDD) que determina la excomunión latae sententiae pero que esta pena le correspondía, según él, no sólo a la mujer que aborta, sino también a los legisladores que votaran a favor de la ley. Incluyó en la lista al presidente de la Nación por abrir el debate sobre el aborto. Para cubrir el hueco de información que le faltó al cura, transcribo el canon 1398 del CDD “Quien procura el aborto, con concreción de su efecto, incurre en excomunión latae sententia”. La excomunión latae sententia es una pena que aplica la iglesia católica de manera automática por el mismo hecho de haber cometido el delito y que sanciona a la persona con la prohibición de celebrar o recibir los sacramentos o realizar actos de gobierno dentro de la iglesia. Este castigo no se aplica al presidente que habilita el debate sobre el tema porque debatir no es procurar un aborto, de su actuación no deriva necesariamente la comisión de un aborto. Por ejemplo, quien tiene ideas a favor del aborto no incurre en delito según este artículo del Derecho Canónico porque no procura con un resultado concreto la acción. Lo mismo se aplica para los legisladores. Si ellos votan a favor no estarían contra este canon del CDD porque justamente la ley es para evitar los abortos clandestinos. Por eso no son pasibles de excomunión en términos de la religión católica, que no es la única en nuestro país, ni la que debiera regir el destino de los habitantes de la República Argentina. Para eso tenemos una constitución y un código de leyes civiles.
Si profundizamos en la doctrina canónica, la diputada Aída Ayala podría invocar el artículo 220 del CDD: “A nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad” y denunciar así al cura Rafael del Blanco porque él violó este artículo al afirmar públicamente que ella estaría excomulgada de la iglesia. El religioso incurre en el delito de difamación según el Derecho Canónico. Lo mismo podrían hacer los senadores y el presidente de la Nación. Aunque sabemos que la curia está más preocupada porque no se lesione la buena fama de curas acusados de pedofilia y de proteger la intimidad de esa persona que en sancionarlos por el delito. Casos como los del cura Grassi son ejemplos contundentes. El sacerdote fue separado de toda función pastoral de la diócesis pero no fue expulsado del estado clerical tal como lo contempla el canon 1395 parágrafo 2 del CDD. Hace dos años se le abrió una investigación judicial a un sacerdote de Las Garcitas, Chaco, por supuesto abuso contra uno o más monaguillos y hasta el momento no hay avances en la causa. Sin embargo, para amenazar a legisladores y al presidente con la excomunión —que es la pena eclesiástica más severa— son veloces.
A pesar de esta jerarquía católica anquilosada y corrupta, hay otra iglesia que marcha por las calles mientras canta junto con lxs pibes: “Aborto legal, en el hospital”. Esa iglesia acompaña a la agenda feminista en la lucha por la separación de la Iglesia del Estado, tal como lo leemos en el párrafo final de la proclama del grupo ecuménico “Cristianas y Cristianos por la Vida Plena y el Derecho a Decidir”: “Como personas de fe promovemos el Estado Laico y nos negamos a que creencias personales o grupales sean erigidas como leyes que sometan a las personas con derechos vulnerados. No queremos más muertes por abortos clandestinos, tampoco la inequidad que la mera despenalización implicaría para un gran número de personas sin recursos para acceder a prácticas seguras. Desde nuestra fe exigimos la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aborto legal, seguro y gratuito. #AbortoLegalSeguroYGratuito #SeráLey”.
es profesora en Letras, magister en Sagradas Escrituras (ISEDET), con una Diplomatura en Prevención de la Trata de Personas (UCA). Es miembro de la Iglesia Evangélica Metodista, integrante del Paro Internacional de Mujeres 8M y del equipo de Comunicación de Madres Víctimas de Trata.
