Por María del Valle Aguilar, Mariano Barragán y Mariana Fernández Camacho (*)

“Si les damos el cupo a ustedes, a los discapacitados, a los ex combatientes, etcétera… ¿qué hacemos con los normales?”, interpeló punzante un ex ministro a las compañeras de la cooperativa La Paquito durante sus recorridas pedagógicas por los pasillos parlamentarios explicando las “bondades” de dar apoyo a una ley de inclusión laboral trans.

Es que a pesar de las varias iniciativas presentadas y de un minucioso trabajo de cabildeo, no se logró aun convertir en ley la incorporaciónobligatoria de personas travestis, transexuales y transgénero para cubrir puestos de trabajo en el Sector Público del Estado Nacional. Reflotar los proyectos legislativosvigentes permitirá cierta reparación a la histórica situación de vulnerabilidad de la“población T”.

“El Estado tiene la obligación moral, ética y humana de reparar tanto dañoocasionado a nuestro colectivo, y sin una legislación específica que nos proteja yque nos facilite el ingreso al mercado del trabajo (público y privado) seguiremos siendo parias sociales condenadxs a la marginalidad y a la violencia”, sentencia Stella Beatriz De Vita, trabajadora sexual, integrante de la Asociación de MujeresMeretrices de la Argentina (AMMAR).

Urgencia de legislar para enmendar hacia atrás, pero también para apechugar la razzia que implica, en el nuevo contexto económico, el sostenimiento y la competitividad de experiencias productivas creadas en los últimos años -a partir deprogramas de los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Producción- como una saludable fuente de ingresos para muchas personas trans. El desafío, entonces, es luchar por un proyecto de inclusión en el marco de un modelo de exclusión.

“Creo importante vincular nuestras condiciones de vida con el hecho de que asumirnuestra identidad de género y expresarla tiene un costo muy alto. Por estos motivosse necesita una ley de cupo laboral, porque el sector político no razona nuestrasidentidades con nuestras realidades. Por eso también las organizaciones trans militamos en el Legislativo mostrando lo urgente que es aprobar la ley que elEjecutivo no desarrolla”, explica Alba Rueda, desde Mujeres Trans Argentina.

 

Identidades de segunda. Una característica que diferencia a esta comunidad de otros grupos oprimidos esque muchas veces las propias familias no respetan sus identidades. Marlene Wayar, directora del periódico travesti El Teje, describe el desarraigo familiar: “Somos la nena o el nene de mamá y papá hasta el momento de develar el deseo de mismidad y de construirnos allí y no en el mandato de los otros”.

La escuela también es un espacio de agresión y humillación, empeñado en expulsar. En la investigación “Ley de Identidad de Género y acceso al cuidado de la salud de las personas trans en Argentina”, realizada en 2014 por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) y la Fundación Huésped, las cifrasno dejan dudas: entre la población trans mayor de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y7 de cada 10 hombres abandonaron el nivel secundario. La discriminación y la falta de dinero se tildan como las principales causas de esta deserción escolar en masa. Además, existe una clara relación entre el nivel educativo alcanzado y la edad enque comienza a manifestarse públicamente la identidad.

Una vez afuera del sistema educativo, la prostitución se presenta con exclusividad y en tiempo récord: “A nadie parece resultarle llamativa la devoción que tendríamos las travestis por ejercer la prostitución. Es pensar que existimos sólo para prostituirnos, que nos encanta pararnos en una esquina con frío y desnudas para sacarle 10 pesos a un taxista”, retoma Rueda.

En otras palabras: el reconocimiento de identidades que no representan la visión dicotómica de inteligibilidad social varón-mujer desterró al colectivo trans de ámbitos familiares, educativos y laborales, y sobre todo lo expuso a situaciones deviolencia institucional, social y cultural.

La evaluación, de octubre de 2016, sobre el cumplimiento de la CEDAW respecto de la “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina” también le pone números a los testimonios:

-Una de cada tres personas trans vive en hogares pobres, en particular en la región Noroeste del país.

-El 83% de las personas trans y travestis encuestadas fueron víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial.

-El 34% de las mujeres trans y travestis viven con VIH.

-La expectativa de vida es de 35 años en la Argentina.

Semejante precariedad viene de la mano de enfermedades, y entonces los prestadores privados ofrecen una atención de menor calidad y a menudo les cobran más que a otros grupos de la población. Quienes ni siquiera pueden acceder a esta marginación y utilizan los servicios públicos de salud padecen las deficiencias generales del sistema más los agravantes particulares: “Un reclamo histórico de nuestra comunidad es que nos pedían el VIH antes de atendernos para arreglar una muela. Es como si por ser trans ya venimos con determinadas enfermedades que el resto no tiene”, denunciaba Mónica Vidos por el aire de FM La Bemba.

 

Presentes, ahora y siempre. Aunque todavía necesita ser reglamentada, en septiembre de 2015 el Senado y laCámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14783, que establece que toda la administración pública provincial debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, apersonas travestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad para ocupar un cargo.

La diputada Karina Nazabal, del Frente para la Victoria (FPV), presentó el proyecto con el apoyo de dos importantes referentes del colectivo: Lohana Berkins y Diana Sacayan. Berkins, fundadora de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti yTransexual (ALITT), falleció en febrero de 2016 tras una larga enfermedad. Sacayan fue líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) ydirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). La asesinaron en su departamento un mes después de aprobada la ley. Conocida la noticia de sumuerte, la Cámara de Diputados declaró que la Ley 14783 de Cupo Laboral para Personas Trans se llame Amancay Diana Sacayan.

Berkins y Sacayan eran, además, militantes abolicionistas que consideraban la prostitución como una forma de explotación y no como un trabajo. “El espíritu que Diana y Lohana le imprimieron a esta ley fue el del abolicionismo. A pesar de los intentos de otros sectores por reglamentarla, Diana y Lohana cuestionaban que una persona a los 12 años pudiera elegir la prostitución, que no es otra cosa que el ejercicio de la violencia a cambio de un plato de comida o la supervivencia. Una niña travesti que es excluida de su hogar por manifestar su identidad de género, debería tener la opción de jugar, de elegir un deporte, de proyectar su vida en el marco de las posibilidades que tenga su entorno familiar, jamás puede elegir vivir en situación de prostitución. Esa es la causa que militaba Diana, con el objeto de quitar el velo de la negación de las personas travestis a transitar la vida cotidiana de la sociedad en general y a vivir relegadas en las zonas rojas y a una permanente violencia”, explica Nazabal.

El objetivo sin embargo está pendiente, y así lo resume la diputada: “Es una ley urgente, porque cada día que pasa sin que sea reglamentada es una noche que llegamos tarde para frenar el riesgo y la violencia a las que son sometidas las personas travestis sobreviviendo en la calle sin poder salir de la prostitución”.

 

Pasito a paso. Con la norma de Diana como faro, otros proyectos fueron tomando forma. A nivel nacional existen dos propuestas vigentes -que recogen la iniciativa presentada porATTTA y por la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT)de la Ley Integral Trans-, que proponen un porcentaje del 0,5 del empleo público nacional y un incentivo fiscal para empleadores que tengan el 0,5% de su personal contratado compuesto por personas trans. En la Cámara de Diputados, Soledad Sosa del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) presentó un proyecto de Inclusión laboral Trans; y en el Senado, María Magdalena Odarda, del Frente Progresista presentó la Ley de Cupo Laboral Tran “Lohana Berkins”. Ambos otorgan un cupo en el empleo público nacional del 1%.

En la ciudad de Buenos Aires, el primer proyecto fue de 2014. Y durante 2016 se unificaron propuestas de la legisladora por el FPV María Rachid y de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica para acordar un texto que establecía un cupo del 3%. Sin embargo, el expediente no logró el apoyo del bloque mayoritario del PRO y quedó trunco su tratamiento en el recinto.

“La coyuntura es adversa ahora completamente. La gente del PRO hace hincapié en el presupuesto: ¿cuánto nos va a costar incluir a las personas en el empleo del Estado? Esa adversidad en términos económicos también se encuentra en términos de discriminación estructural. Discriminación estructural del poder político. A la derecha argentina le cuesta incluir al colectivo trans. Somos para ellos un deshonor, somos para ellos enfermas, lo que hay que ocultar abajo de la alfombra”, señala Marcela Tobaldi, dirigente de La Cámpora Diversia y de la Defensoría General de laCiudad de Buenos Aires.

Así las cosas, en octubre pasado se presentaron dos nuevos proyectos con los puntos principales de las iniciativas promotoras. El bloque de izquierda, con autoría de Marcelo Ramal, establece un cupo del 1%. Y semanas más tarde se representó, con la firma de 25 diputados y diputadas pertenecientes a nueve bloques de la Legislatura Porteña, el proyecto de consenso sobre los originales de Rachid y Ferraro.

“Los proyectos que plantean cupo laboral trans se han trabajado en reuniones de asesorxs de la Comisión de Derechos Humanos. Se escuchó a las organizaciones políticas y sociales que representan a personas trans y travestis. Como esa discusión quedó frenada, luego de unos meses se presentó un nuevo proyecto para reafirmar el apoyo de todos los bloques no oficialistas. Si no avanza es porque el Ejecutivo está dilatando su tratamiento”, denuncia Andrea Conde, Legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el FPV.

Si bien el texto fue trabajado con las organizaciones del colectivo LGBT, finalmenteno se contemplaron varias propuestas. El punto más álgido rondó en torno al porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero a contratar, que bajó inconsultamente del 3% al 0,3%. La explicación de los autores y las autoras es que ese cupo permitirá negociar y apostar a algo posible, para que una vez que se apruebe y se empiece a aplicar sea más fácil subirlo.

Para Alba Rueda, los porcentajes cambian conforme a los proyectos sin relación con la ley de cupo ya sancionada en la provincia de Buenos Aires. “El proyecto de Saltainvolucraba sólo 40 puestos laborales para personas trans y no se logró aprobar. Los porcentajes son un termómetro de las mezquindades de los gobiernos. No son sustantivos respecto al prejuicio del ˋquita de empleo por identidadˊ que nos acusala derecha en nuestro país”.

Marcela Tobaldi también aporta sobre los tejes y manejes alrededor de los porcentajes: “La administración PRO nos dijo que como solo 800 personas trans aplicaron a la Ley de Identidad de Género había que bajar el porcentaje del cupo a 0,3. Yo pienso que es muy injusto y que es insuficiente. Muchas personas que vivenen CABA pero nacieron en el interior no pudieron aplicar a la Ley de Identidad deGénero, porque conseguir la partida de nacimiento rectificada es una situación espantosa y discriminatoria. Se dieron experiencias como la de Tucumán, que nunca quisieron enviar las partidas. Todo eso retrasa los procesos para poder acceder a la ley. Muchas compañeras vienen acá por oportunidades de trabajo, incluso por prostitución, y no pueden acceder a la ley. Por eso, hacer el cálculo del cupo sobre las que pudieron aplicar es falso, es mentira y no está bien. Por otro lado, no existe un censo nacional para personas trans. No sabemos cuántas somos y eso repercute de manera negativa para pedir acceso al trabajo y un porcentaje”.

Militar el cupo laboral trans se enmarca en una lucha más amplia del colectivo porponerle fin a las infinitas violaciones a los derechos fundamentales que padecen porel solo hecho de ser quienes son. Acompañar este camino nos involucra comosociedad y nos despierta a las realidades de una parte de la población condenada avivir la mitad de nuestras vidas.

 

Alternativas laborales en recesión. El 16 de marzo de 2013, abrió sus puertas, en el barrio porteño de La Boca, “LaPaquito”, una cooperativa gráfica que busca generar opciones de trabajo para el colectivo trans. La iniciativa fue impulsada por la Agrupación Putos Peronistas y se dedica al estampado de tela, papel, cerámica y distintos materiales para lacomunicación y difusión de empresas e instituciones. En la actualidad, diez compañeras se hacen cargo de la autogestión productiva.

“Darle vida a La Paquito significó involucrarme más con mi colectivo desde el lugardel trabajo. Además, me parecía que era correcto impulsar esto en el contexto deun gobierno que tomaba como propias las reivindicaciones de la diversidad”, explica la presidenta de la cooperativa, Diana Aravena.

Pero el nuevo contexto económico -tarifazo mediante- tuvo especiales impactos en los emprendimientos de la economía social. Así lo explica Diana: “La recesión y el achicamiento del mercado interno hace que nuestros productos, que no son de primera necesidad, no tengan un mercado como venían teniendo hasta 2015. Además, la venta en ferias sufre la persecución del Estado en la Ciudad y como elgobierno actual no cree en la economía social, ha dejado de hacer compras anuestro sector. Los programas de fomento a la economía social y solidaria estándemorados y recién a partir de las movilizaciones por los tarifazos empezaron a destrabarse. Finalmente, otro problema es la falta de capital de trabajo que, porejemplo, hace que en las actuales condiciones de contratación del Estado se nosdificulte participar porque se cobra a 30, 45 o 60 días”.

 

(*)  Programa de actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con apoyo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Foto: M.A.f.I.A

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