Ana Soffietto – Cosecha Roja.-
A Hugo Peña lo encontraron atado a la puerta de un auto con el cordón de su zapatilla en el medio de un descampado, luego de un paso fugaz de apenas veinte minutos por una comisaría de La Rioja. Aquel día se había llevado el coche de su papá para enseñarle a manejar a dos amigas, pero algo salió mal y rozaron el auto de un expolicía. A su madre le dijeron que Hugo se había suicidado aunque sabía que lo habían asesinado. Dieciséis años después, aún no hay justicia.
Con mucho dolor, Mirta Herrera recordó el episodio una vez más ante cientos de personas en el Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, que se realizó ayer en el Congreso nacional. “La policía nos mata a nuestros hijos y los jueces nos matan a todas las familias al no haber justicia”, denunció Herrera.
En el día nacional de la lucha contra la violencia institucional militantes de todas las provincias del país se reunieron para debatir un nuevo modelo de seguridad. Familiares de víctimas fueron protagonistas de una jornada que se extendió durante todo el día. Milagro Sala, Luis D’Elía, Fernando “Chino” Navarro, Alejandra Gils Carbó, Horacio Pietragalla, el padre Carlos Molina (titular de la Sedronar) y Rosa Bru (presidenta de la Asociación Miguel Bru) fueron algunos de los tantos que abrieron el debate en las mesas de trabajo.
“Estigmatizar la pobreza y ubicar en ella la totalidad de los problemas que tenemos los argentinos es buscar invisibilizar los logros de esta década”, afirmó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en la apertura de este encuentro organizado por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
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En la Sala de los pasos perdidos del Congreso nacional estaba repleta de jóvenes. En una mesa coordinada por Julián Froidevaux, subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, los linchamientos dejaron de ser noticias urgentes para ponerse en el centro del debate. La estigmatización social de los jóvenes y trabajadores y el vínculo con los medios de comunicación, la policía y la justicia fueron los ejes de la conversación.
Luego de escuchar a Miriam Herrera, Horacio Cecchi, periodista de Página/12, señaló que cuando se habla de violencia institucional suele ponerse el foco en la policía y la injusticia de muchos jueces, pero no se habla de los medios, cuya información se toma como verdadera y así legitima discursos.
“Llamamos linchamientos a lo que es un homicidio agravado, motín a un reclamo, muerte por motín a una masacre, presos peligrosos a víctimas de Estado, puertas giratorias a lo que es hacinamiento”, denunció y remarcó la importancia de definir pautas para la función periodística.
El director de Juventud de la Nación, Joaquín Cortez, coincidió con Cecchi y agregó que “la estigmatización de los jóvenes no es de ahora, tiene que ver con una cultura adultocéntrica, que existe sobre todo en los medios y en algunos dirigentes políticos. Desde esa cultura, hay una perspectiva negativa del rol de los jóvenes”.
“Neutralizar el robo de una cartera o un celular con un homicidio agravado por alevosía y ensañamiento es significativo, pero no menos significativo es que ese acto merezca por parte de un sector de la sociedad frases comprensivas tales como ‘la gente está cansada’”, dijo Ricardo “Patán” Ragendorfer, periodista de Tiempo Argentino. Los medios son tanto formadores como formados por el “espíritu público”.
En diálogo con Cosecha Roja, el diputado nacional y coordinador del Encuentro, Leonardo Grosso, explicó que “los medios siempre toman las fuentes policiales y no se tienen en cuenta las situaciones de extremo dolor para conseguir una nota”. Por eso, desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional “se está avanzando en un preproyecto de código de ética o manual de estilo periodístico para discutir con periodistas y familiares de todo el país el nivel de responsabilidad con que hablamos de la violencia”.
En el panel también participaron Pedro Mouratian (presidente del INADI), Florencia Saintout (decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata), Esteban Castro (secretario general de la CTEP) y Cecilia Merchán (referente de la Corriente La Colectiva).
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Durante la tarde también se reflexionó sobre el derecho de acceso a la justicia. Adela, de 22 años, se acercó a participar de esta mesa de trabajo y contó luego a Cosecha Roja que “fue muy positivo el encuentro porque mostró cómo la corporación judicial cercena las posibilidades de acceder a la justicia en caso de gatillo fácil, por ejemplo”.
Al caer la tarde, todos los participantes se reunieron para celebrar la jornada. Las sonrisas desbordaban por ser tantos y de tantos lugares del país. “No queremos mano dura / no queremos represión /queremos para los pibes / trabajo y educación”, fue el canto que empezó tímidamente algún grupo y luego entonó toda la sala. Cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo entró al recinto estallaron los aplausos de los 1500 militantes que la esperaban. Ante la mirada atenta de todos ellos Estela de Carlotto leyó el documento de cierre: “La seguridad es un tema demasiado complejo para dejarlo solo en manos de policías y abogados penalistas. Queremos debatir un nuevo código penal y un código procesal penal, la reforma policial y penitenciaria, rediscutir la reforma policial y la construcción de los dispositivos de prevención. Basta de violencia institucional”.
Foto 2: Fernando Carrera / Infojus Noticias
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