Por Sara Delgado en La Opinión Austral
“Me dijo que me quería y que quería formar una familia” dice “X” mientras la rescatan de una casa donde estuvo esclavizada durante seis meses.
El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez procesó sin prisión preventiva a un hombre, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La particularidad del caso es que él y la victima integran la comunidad gitana, donde todavía hoy, muchas mujeres no deciden sobre su unión matrimonial.
Las reacciones que generó este caso el año pasado, cuando trascendieron los allanamientos y la posible explotación de una joven en la comunidad romaní de Río Gallegos llegó a la crónica policial, intentaron ordenar los hechos en una dimensión cultural, como si existiera una suerte de muro invisible que divide a quienes son gitanos y quienes no, con reglas diferentes, como si acaso las leyes y la justicia estuviesen impedidas de penetrar esa barrera.
Entonces, hubo miembros de la comunidad gitana que se acercaron a La Opinión Austral a dar su versión de los hechos, asegurando que todo fue un mal entendido y que la chica se arrepintió del arreglo matrimonial, pero que por ella se había pagado la dote.
Recientemente, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez emitió un duro fallo sobre el caso, con mirada de género para atacar uno de los delitos con fuerte raigambre en el sur argentino como es la trata de personas con fines de explotación sexual.
La víctima vivía en Santa Fe cuando en enero del 2020, M.G comenzó a escribirle por Facebook y rápidamente iniciaron una relación a distancia por WhastApp, con la promesa de llevarla a la capital de Santa Cruz para casarse y tener hijxs.
Ella se dejó caer sin dudarlo en las redes del amor romántico, al punto que huyó de su casa el 13 de enero, día que viajaron en avión hasta Río Gallegos.
“X” es una chica particularmente vulnerable, no solo porque es pobre y analfabeta funcional, sino además porque padece una enfermedad y sus condiciones de vida eran precarias.
Durante el primer mes, todo fue color de rosas, sin embargo entrando en el segundo de convivencia en un pequeño salón con una cama y baño, M. G., le reveló sus verdaderas intenciones.
Eso que llaman amor…
En su fallo, el juez dijo que la chica recibió golpes, amenazas y humillaciones de todo tipo, pero también que “la obligo a hacer tareas en el hogar”. Y este no es un tema menor, sino que marca la subordinación de las mujeres sobre temas que históricamente cayeron sobre sus espaldas por amor o la fuerza, aunque los límites a veces resultan confusos y ahí está el éxito que perpetuó el mecanismo.
La construcción de un hombre exitoso, reconocido entre los suyos no duró mucho. M.G prácticamente no tenía ingresos, ya había estado unido a otra mujer y la cosa terminó mal. Por eso, le dijo a “X” que tenía que “prostituirse para generar ingresos, reforzando la situación de dominio construida al impedirle entrar y salir del domicilio con libertad y a monitorear de manera constante sus comunicaciones”, se lee en el fallo al que accedió La Opinión Austral.
Ella no tenía acceso a su celular, de tanto en tanto lograba comunicarse con su madre mediante aparatos prestados, en los que le decía que su pareja le pegaba y la quería obligar a acostarse con otros hombres de la comunidad.
El 7 de agosto, la mujer se presentó en el centro Territorial de Denuncias de Rosario, para pedir que le trajeran a su hija de vuelta a casa porque su pareja quería que se “prostituya para que coma”, que la “golpeaba”.
Entre los diversos testimonios que tuvo el Juzgado Federal, aparece el del papá de “X”, que contó que en una conversación, M. G., le pidió 300 mil pesos si quería de vuelta a su hija y lo amenazó con m mandarla en pedacitos.
Prostitución, pedacitos. Imposible no ir al 5 de septiembre de 2008, cuando Elizabeth Adaro apareció en bolsas negras esparcidas por la ciudad, después de que un cliente la atacara en una obra en construcción. Elizabeth, como “X”, fue traída por un varón desde otra provincia. En Perico, Jujuy, dejó un hijo.
Con la denuncia de la mamá, el fiscal de Rosario comunicó de inmediato lo que sucedía a sus colegas de Río Gallegos, donde el fiscal federal ordenó la intervención de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz.
Esa misma noche fueron a buscarla. Lloró de alegría y suplicó que no la dejaran volver con M. G., incluso le dijo a una trabajadora social que la entrevistó, que se consideraba “víctima de un engaño”, porque él la había seducido y le hizo creer que sería feliz a su lado.
Para el juez no caben dudas: es trata, porque cuando ella puso un pie en Río Gallegos, ya le debía el dinero del pasaje, cada taza de té, cada bocado.
Le sacó dos anillos de oro, diciendo que con eso pagaría los pasajes que le debía, permanentemente la amenazaba de muerte para que no huyera y le retuvo el documento.
En la causa se incorporó un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, del ministerio de Justicia y DDHH de la nación, en el que queda claro que “X” tuvo una vida difícil, era la victima perfecta, porque no podía ejercer sus derechos, no los conocía y fue muy fácil para M. G, dominarla.
“Un lugar desconocido para ella, sin contacto directo con otras personas más que con él, bajo su techo y manutención, fueron los ardides empleados para cercenar progresivamente sus espacios de libertad, que en un principio se mostraron con el cumplimiento de la propuesta de formar una familia en común, pero que con el tiempo evidenciaron ser parte de un plan para someterla”, escribió Vázquez en su fallo.
Luego del rescate, la Subsecretaria de la Mujer le garantizó un hotel, al tiempo que a él le allanaron la casa para recuperar el DNI y el celular de “X”. Dicen quienes saben de este tipo de delitos, que en causas de trata, esconderle el documento a las víctimas es de manual. Sin eso, no pasan un control, no salen de la ciudad.
Ni el juez federal ni el secretario Penal, Carlos Cerezoli, estuvieron dispuestos a hacer una lectura de la barrera cultural que supone la comunidad romaní con quienes no la integran. Por el contrario, no sería correcto aceptar que esa situación los habilite a desconocer las leyes.
Incluso en nuestro país hay fallos sobre el matrimonio acordado de menores con adultos de la comunidad gitana, que fueron sancionados por trata y explotación de menores, entendiendo que “el estilo de vida que llevaban, inconsistente con sujetos incomunicados y asilados de las normas sociales”, y el “móvil exclusivamente económico que guiaba el accionar de los imputados”, no puede ser avalado.
Así, el juez Vázquez entendió que “X” fue víctima de “violencia de género, actos de agresión al amparo de una situación de desigualdad propia de un sistema de relaciones de dominación de los hombres por sobre las mujeres”, y advirtió que la perspectiva de género “no es una ideología ni una opción, es una forma de ver la realidad”.
Por eso, procesó a M.G., sin prisión preventiva por el delito de “trata de personas con fines de explotación sexual y servidumbre, agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, engaño, violencia, intimidación y amenaza”, trabándole además un embargo por un millón de pesos y obligándolo a asistir al taller “habilidades para la vida”, donde van a rehabilitarse los varones que ejercen violencia de género
