Denuncia por el psiquiátrico cordobés pasó a la Fiscalía Anticorrupción

Cosecha Roja.-

Foto: Télam.-

Es por las pésimas condiciones en que viven los pacientes del área de salud mental del Hospital Regional Ceballos, de Bell Ville. La Justicia investiga el accionar del gobernador De la Sota, funcionarios y autoridades sanitarias.

Mujeres rapadas para evitar los piojos y pacientes que duermen en el barro. Ancianos desnudos que pasan sus días bajo techos que se caen a pedazos. Cocineras que trabajan demasiado cerca de cloacas rebalsadas y nidos de murciélagos. Son algunas de las escenas que tienen lugar a diario en el hospital psiquiátrico de Bell Ville, al sudeste de Córdoba,  y que motivaron la denuncia de la legisladora Liliana Montero, presidenta del bloque del Frente Cívico. Ayer Montero denunció penalmente a Juan Manuel de la Sota y a otros funcionarios. Hoy la causa pasó a la Fiscalía Anticorrupción y será unificada a una denuncia previa.

El abogado patrocinante, Carlos Nayi, explicó a los medios que el 10 de octubre del año pasado ya habían realizado una presentación ante la Justicia por el tema, pero desde entonces la situación se agravó. La denuncia apunta al gobernador de la provincia de Córdoba y a los ministros por abandono de persona y violación de los deberes de funcionario público.

El Hospital Regional Ceballos, situado a sólo 200 kilómetros de la capital de la provincia, tiene 267 internos, de los cuales 104 están judicializados. De ellos, 35 tienen causas penales y conductas que podrían resultar peligrosas para otros pacientes, más vulnerables. Para 80 de ellos hay un promedio de tres enfermeras, por lo que la situación resulta imposible de controlar. Seis pacientes murieron en condiciones que aún están siendo investigadas por la Justicia, según explicó a los medios Gustavo Calzolari, ex médico del Hospital y vocal de la Asociación de Psiquiatras de Córdoba. Calzolari se fue de la institución después de haber realizado numerosas denuncias que quedaron en la nada. El año pasado, el ministro de Salud, Carlos Simón, visitó el hospital, invitado por Calzolari.  Pero la situación siguió empeorando.

Originalmente, la presentación realizada ayer por Liliana Montero recayó en la Fiscalía del Distrito 1, a cargo de José Mana. Hoy al mediodía pasó a la Fiscalía Anticorrupción por cuestiones de competencia. Ahora está en manos de Gustavo Hidalgo. Fuentes de esta Fiscalía explicaron por qué se decidió trasladar la causa. “Los delitos denunciados están dentro del ámbito penal económico. El fiscal Mana entendió que no se trata del delito de abandono de persona. Los delitos denunciados están dentro del ámbito penal económico.” Se acusa de incumplimiento funcional a parte de los responsables denunciados. Desde la fiscalía precisaron que el delito de omisión de los deberes de funcionario público, artículo 249 del Código Penal, conlleva multas de carácter pecuniario e inhabilitación para ejercer el cargo público de un mes a un año.

Si bien la causa está en estadio inicial, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción adelantaron a Cosecha Roja que piensan unificarla con otra que llegó hace pocos días. Y si bien todavía no es pública, se refiere a los mismos hechos. Según explicaron, se trata de la denuncia realizada por Montero el año pasado, que habría tramitado el mismo pase de competencia y por eso demoró tanto.

En declaraciones radiales, de la Sota sostuvo que desconoce la situación del hospital porque no recibió los informes solicitados. También se refirió a los pacientes: “son personas que están en un nivel irrecuperable de demencia, que se autodañan, que si están vestidas se arrancan la ropa, que comen hasta lo que defecan… Yo sé que algunas cosas se han ido haciendo, otras no y creo que son injustificables, pero en cualquier manicomio del mundo estas personas no tienen cama ni elementos para comer.”

La denuncia de Montero alcanza al gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota; al exgobernador, Juan Schiaretti, al jefe de gabinete, Oscar González, y al ministro de Salud, Carlos Simón, entre otros funcionarios del ejecutivo provincial. También están denunciados el director del Hospital, Guillermo Tomás, y funcionarios del poder judicial que no respondieron a las denuncias anteriores.