Cosecha Roja.-

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó ayer la ley que limita las excarcelaciones en los delitos con armas de fuego. Organismos de Derechos Humanos denuncian que se trata de una norma inconstitucional. Con esta medida, sostienen, “el poder político insiste en la demagogia punitiva” y se incrementa el poder de acción de la bonaerense, “que redunda en detenciones ilegítimas, plantado de prueba y, en los casos más extremos, ejecuciones”.

El texto aprobado por la Legislatura bonaerense pone límites a las excarcelaciones en los casos de portación ilegítima de armas de fuego en tres casos: cuando se porten armas ilegalmente y haya resistencia o evasión a un procedimiento; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por de delitos cometidos con armas; o en el caso de que los imputados gocen de una excarcelación anterior.

El 22 de noviembre, la Cámara de Diputados provincial dio media sanción al proyecto por amplia mayoría. Cuando el texto de ley estaba en el Senado, organismos de Derechos Humanos –entre ellos el Cels y la Comisión por la Memoria-, funcionarios judiciales y legisladores pidieron que se convocara a una audiencia pública para discutir el tema. Ayer, el Senado convirtió el proyecto en ley sin audiencia pública.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Justicia Ricardo Casal. La justificación es que con esta nueva ley se podrá controlar la circulación de armas ilegales y de esta manera reducir los delitos más violentos.

La directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Paula Litvachky, rechazó los argumentos del gobierno provincial. “Hay una preocupación legítima sobre estas dos cuestiones, pero es falso lo que están diciendo”, explicó, “esta ley no va a servir para reducir el mercado ilegal de armas y los delitos violentos”.

Para la especialista del CELS, el proyecto aprobado “convalida las lógicas de funcionamiento del trabajo policial en línea a las detenciones ilegítimas, el plantado de pruebas y las ejecuciones”. “Le da un guiño a la función policial en algo que la policía hace muy mal”, explicó.

El CELS, junto con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y otras organizaciones firmaron un comunicado en repudio a la sanción de esta ley.

“Nuevamente, el poder político insiste en la demagogia punitiva que procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal”, dice el comunicado. “Las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y controlado por las mismas autoridades policiales”, agrega el texto.

El proyecto rescata una norma ya existente en el Código Penal, que forma parte de las llamadas reformas Blumberg, un paquete de medidas de mano dura sancionadas en 2004 por el Congreso Nacional ante la presión mediática que generó el caso Axel Blumberg. Para Litvachky, esto “implica un retroceso en la misma dirección que aquellas reformas que ya mostraron su fracaso”.

Una ley inconstitucional

Otro aspecto criticado por los organismos de Derechos Humanos y algunos legisladores es la contradicción existente entre la norma aprobada y los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos tribunales sostienen que no pueden existir delitos que no sean excarcelables. La única posibilidad de privar de libertad a una persona sin condena es que exista peligro procesal. Es decir, que el acusado pueda entorpecer el juicio o fugarse.

Para Litvachky, el Poder Legislativo está intentando definir una serie de delitos no excarcelables, cuando la función de determinar si se dicta o no la prisión preventiva es una facultad de los jueces. “Es muy probable que los jueces declaren la inconstitucionalidad”, agregó.

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