Foto: Yo no miento. Campaña de visibilización contra el Abuso Sexual Infantil
Faltan unas horas para el mediodía. Es 23 de septiembre de 2019 y en Río Tercero, Córdoba, suena el teléfono de Natalia Castaño. La llamada llega desde el jardín de infantes. La maestra le avisa que a su hija de tres años se la llevaron con guardia policial por una orden judicial. Natalia no sabe de qué habla, nadie la notificó. La orden la dictó la jueza Romina Sánchez Torassa, quien ignoró los informes, las pericias y las denuncias de abuso sexual infantil que Natalia había presentado contra el padre de su hija. Y le dio la guarda provisoria a la abuela paterna.
La hija de Natalia sale del jardín en Río Tercero y viaja con la Policía 200 kilómetros hasta Bell Ville, donde vive su abuela paterna.
Casi como una paradoja, Natalia recibe esta noticia un mes después de la inesperada muerte de su madre. Desde entonces, tiene prohibido ver a su hija. Durante ocho meses no tienen ninguna comunicación hasta que la jueza Sánchez Torassa les concede dos videollamadas por semana.
Hoy se cumplen dos años de que a Natalia le arrebataron a su hija por intentar protegerla.
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Cuando Natalia se separó del padre de su hija, él no manifestó interés por ver a la niña. Recién en 2018 la “Niña Sol”, como se la denomina para resguardar su identidad, comenzó a revincularse con él. La Justicia designó a una psicóloga para que la acompañara en ese proceso. En esas sesiones, la niña contó situaciones de abuso por parte de su padre.
Incluso, una de las veces que la Niña Sol volvió de la casa de él, le contó a su mamá que le dolían sus partes íntimas.
La psicóloga presentó un informe al juzgado que preside Sánchez Torassa, pero la jueza no le dio importancia. Natalia recurrió a todas las oficinas estatales disponibles para denunciar la situación por la que estaba pasando su hija.
Mientras intentaba ser escuchada, el fiscal Alejandro Carballo le abrió una causa penal en su contra por impedimento u obstrucción de contacto.
La Niña Sol fue revisada por el Equipo de Programa de abordaje de Abuso Sexual y Consumo de Sustancias (PAICA) del Hospital de Niños de la Provincia de Córdoba. El informe es contundente: detectaron indicadores de abuso sexual infantil por parte del padre en categoría 3, cuando la tabla de probabilidad que utilizan para los casos de abuso va de 1 a 4.
La jueza tampoco consideró el informe del PAICA, un programa con sólida trayectoria en la provincia de Córdoba. En cambio, aceptó un informe elaborado por el equipo técnico de Tribunales que se refiere a Natalia como “madre alienadora”, en alusión al inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP), y concluyó que no existen indicios de abuso.
La insistencia de Natalia por proteger a su hija y denunciar al abusador recibió una y otra vez las negativas por parte de la jueza. Hasta que el 23 de septiembre de 2019 le concedió la guarda provisional a la abuela paterna.
“Mamá quiero volver. Le pido a Dios todas las noches que me lleve a casa”
Este jueves se cumplen 2 años desde que Natalia vio a su hija por última vez. Por eso y para darle visibilidad al maltrato judicial al que es sometida, participó de una conferencia de prensa organizada por el Equipo de Trabajo Justicia por la Niña Sol y acompañada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), la Red Viva y Akelarre.
“Desde mi alma le estoy pidiendo a todo el Poder Judicial que escuchen a mi hija”, dijo Natalia y contó que la primera videollamada que tuvo con ella, luego de ocho meses de incomunicación, fue desgarradora. “Mamá, me quiero volver. Le pido a Dios todas las noches que me lleve a casa”, le dijo Sol.
Natalia no estuvo en los cumpleaños de su hija ni pudo llevarla de la mano a su primer día de clases. “Es cruel no poder abrazarla, contenerla ni estar en esta etapa de su vida, no poder enseñarle a leer y escribir”, dijo.
La Niña Sol no sólo no ve a su madre, sino que está alejada de todo su entorno materno: sus abuelos, su bisabuela, sus tías y sus primxs. Cada vez que habla con su mamá le dice que lxs extraña y que quiere volver.
“Es sistemático lo que pasa con las madres protectoras cuando denuncian los casos de abuso”, destacó la abogada que representa a Natalia, Giselle Videla. “Hoy es ella la que está vista desde la Justicia como una obstructora, acusada penalmente por eso y con riesgo de afrontar una pena de prisión”.
“No sólo no la escuchan a Natalia, tampoco escucharon a la niña que se negó una y otra vez a irse con el padre”, agregó.
Desde la APDH, María Elena Naddeo aseguró que desde un primer momento en el que conocieron el caso llegaron a la conclusión absoluta de que había indicios de abuso sexual infantil. “Pensamos que la actitud de Natalia es una actitud valiente, digna de una madre que está intentando proteger a su hija. Y por eso fue castigada por la justicia y separada de ella”, dijo.
También fue contundente el testimonio del médico psiquiatra Enrique Stola, quien en los últimos días hizo una evaluación psiquiátrica de Natalia. “Natalia presenta un trastorno generalizado de la ansiedad que es una sintomatología esperable en una mujer que ha sufrido la inesperada muerte de su madre y al poquísimo tiempo la pérdida de la guarda de su hija”, dijo y detalló: “No hay ningún trastorno grave en cuanto a su salud mental. Tiene todas las condiciones, psíquicas e intelectuales, para maternar, hacerse cargo de su hija y cumplir satisfactoriamente su rol de cuidadora”. “No hay ningún fundamento psicológico para que esta niña no esté con su mamá”, concluyó.
De la conferencia también participaron y manifestaron su apoyo referentes del movimiento feminista, como Nelly Minyersky, Diana Maffia y Dora Barrancos.
“El Poder Judicial a quien agrede, a quien está humillando y aplastando es a Natalia. Y con Natalia, a todas las madres”, dijo Barrancos. “La salud y la integridad de les niñes es lo de menos para el Poder Judicial, lo que importa es aplastar a esa mujer que es muy cocorita, es muy envalentonada y se anima a poner el dedo en la justicia”, detalló y destacó la importancia de que todo el feminismo apoye y abrace esta causa.
