Nancy Montiel estaba en su casa cuando estacionó el patrullero. Los dos oficiales de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) bajaron en el barrio Raffo del Partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y le dijeron que había novedades de la denuncia que había hecho contra dos varones por abuso sexual de su hijo de 17 años. Nancy se puso contenta. Eran las ocho y media de la noche del 3 de septiembre de 2020 y sus doce hijes estaban en la casa, donde también funciona un almacén.
—¿La van a traer de vuelta? Porque ella no tiene Sube— preguntó su hija Mayra Gomez a los oficiales. Le contestaron que sí, que se quedara tranquila.
Nancy agarró la carpeta con los papeles de la denuncia.
—Parece que tienen detenido a uno de los abusadores, no sé si es tu tío o el otro— le dijo a Mayra y salió de la casa con su hijo a recibir las buenas noticias.
Nunca volvió. Cuando llegó a la Comisaria N°1 de General Rodríguez se dio cuenta de que no había ningún abusador detenido: la encerraron en un cuarto junto a su hijo y le dijeron que estaba acusada de homicidio por un llamado anónimo. El muerto era uno de los hombres a los que había denunciado.
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Nancy espera hace más de un año el juicio oral. Tiene 47 años y está presa en el Penal de Los Hornos. Las pruebas contra ella son tres palas que la Policía encontró en su casa. Tiempo después pudo decir que la amenazaron para que confesara el crimen.
La causa por el abuso sexual contra su hijo está a punto de cerrarse. Claudio Montiel, el otro acusado y tío del adolescente, fue declarado inimputable. Vive a 15 cuadras del pibe que lo denunció.
“Le decían que un llamado anónimo la acusó de asesinar a Palavecino”, cuenta Mayra a Cosecha Roja a un año de la detención de su mamá. Nancy estuvo detenida junto a su hijo menor de edad más de 12 horas. Después la llevaron a la Comisaría de Mujeres de Ituzaingó, donde estuvo cinco meses incomunicada.
“Está previsto en el código de procedimiento que por un periodo de 48 horas (renovable por otras 48 horas) se puede incomunicar a un detenido que presente riesgo de eludir la Justicia, pero es inconcebible una incomunicación durante tanto tiempo”, explica Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. La Comisión intervino al inicio de la causa con un escrito de urgencia pidiendo la excarcelación.
El caso de Nancy Montiel tiene una serie de eventos que se concatenan y suceden en poco tiempo. El 1 de septiembre ella denuncia el abuso de su hijo de 17 años. Días antes él le confesó que su tío y José Palavecino lo habían violado.
Durante semanas Nancy recorrió pasillos judiciales y policiales esperando novedades en la causa. Los hombres vivían cerca y el temor a que sucediera algo la movilizaba. Una de esas veces, enojada por la falta de respuestas, Nancy dijo: “Si la Justicia no hace nada, yo no me voy a sentar a ver como mi hijo está deprimido y con su vida arruinada mientras los abusadores andan libres”. Para su hija Mayra, esas palabras la colocaron como sospechosa. “Hubo muchas irregularidades y al principio no sabíamos bien porque la acusaban. Ella ni siquiera pudo declarar ni presentar pruebas en su defensa”, cuenta.
La familia de Nancy se organizó para pedir su libertad. Cortaron la Ruta 7 y recibieron el apoyo de distintas organizaciones sociales y feministas de la zona. Las marchas estuvieron dirigidas a la Unidad Fiscal N° 9 a cargo de Alejandra Rodríguez y a la Unidad Fiscal N°10 a cargo de Gabriela Urrutia, donde se investigó el abuso.
Para Natalia Pérez, integrante de las Defensorías de géneros, Feminismo Clasista y de la Campaña “Libertad para Nancy”, la elevación a juicio fue “extremadamente rápida comparada con todo lo que esperamos en casos de abuso o femicidios”. Ella cree que “quisieron sacarse el caso de encima” cuando se visibilizaron todas las irregularidades de la causa.
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Después de la instrucción la causa fue elevada al Juzgado de Garantías N°2 a cargo de Gabriel Castro, el mismo que fue cuestionado el año pasado por su actuación en el femicidio de Camila Tarocco en Moreno. La joven fue asesinada por su ex pareja, a quien había denunciado por violencia de género y que, pese a tener prisión domiciliaria y una orden de restricción, se acercó a ella y la mató. El cuerpo apareció en una bolsa de consorcio semienterrada en un descampado.
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Mayra Gómez tiene 30 años y es mamá de tres niñes. El 24 de septiembre por la mañana un patrullero la fue a buscar para declarar, igual que sucedió la noche anterior con su mamá. Ahí se enteró de la causa por homicidio. “A mi hermano también lo amenazaron toda la noche. A la Policía no le importó tenerlo encerrado”. El joven todavía tenía miedo por el abuso. Al día siguiente un peritaje de parte determinó que su relato era certero. Esa prueba inició el pedido de prisión de Claudio Montiel, a quien detuvieron intentando llegar al partido de Tigre. Se había cambiado el aspecto. Estuvo preso siete meses pero en abril de este año salió en libertad porque, según la defensa, sufre de un trastorno psiquiátrico que le impidió ser consciente del abuso.
Mayra cuenta que su hermano tuvo una recaída al enterarse. Los vecinos le mandan fotos de Montiel cuando sale a pedir cosas en el barrio “por mandato de Dios”. Las fotos lo muestran haciendo las compras o armando un Arca de Noé en la vereda de su casa.
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José Palavecino tenía 40 años y vivía en la calle. Nancy lo ayudaba con mercadería y comida. Era une de les 200 vecines que pasaban por la olla popular y merendero “El fatiga” que Nancy había armado en medio de la pandemia.
Palavecino estaba desaparecido desde mediados de septiembre. La búsqueda estuvo a cargo de Alejandra Rodríguez de la UFI N° 9. El 24 por la tarde, casi un día después de la detención de Nancy, encontraron el cuerpo en un descampado a unas pocas cuadras de su casa. La llamada de una vecina denunció “olores putrefactos”. Al día siguiente Montiel quedó detenido. Nancy llevaba incomunicada dos días.
De esas primeras horas no hay registro en la causa, según cuentan familiares y compañeres de la Campaña “Libertad para Nancy Montiel”. La defensa fue muy difícil de organizar. Nancy estaba asustada por el trato y las acusaciones hacia ella.
“Al principio hubo una inactividad y ahora estamos en esta situación”, dice su abogado Ariel Rodríguez Petersen. Esa inacción dejó en el camino irregularidades sin registrar: la forma en que la llevan detenida, los cinco meses que estuvo incomunicada en una comisaría y la negación en dos oportunidades del pedido de prisión domiciliaria. La estrategia a futuro es pedir nuevamente la domiciliaria y “demostrar que Nancy no estaba en el lugar de los hechos de los que se la acusa, porque hay testigos que acreditan que no estaba ahí”, dijo el abogado. La causa está caratulada como “Homicidio calificado por ensañamiento, alevosía e insidia”. El Código Penal prevé penas de prisión perpetua para ese tipo de delito.
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Mayra atendía el almacén la noche que Nancy Montiel fue llevada engañada de su casa a la comisaría. Estaban sus tres hijes, la pareja de Nancy y los 5 hijxs menores de ella. Entre ellxs una adolescente de 16 años con retraso madurativo. “Por su situación todavía usa pañales y es como si tuviera 5 años. Le doy de comer, todo”, cuenta Mayra. Los primeros meses la niña sufrió mucho. “Adelgazó, lloraba todo el día, no podía dormir”. Presentó informes médicos en la causa contando los problemas de salud de la niña. “Ni siquiera tuvieron en cuenta la Ley 24.660 que te da derecho de estar con prisión domiciliaria en un caso como el nuestro, con mis hermanos chiquitos y mi hermana con su problema de salud”, agrega.
Mayra está estudiando y se dedica a cuidar de sus hijes y hermanes menores. Hace changas y cobra la asignación universal por hijo. La pareja de su mamá changuea como chapista y sus hermanos mayores la ayudan como pueden.
En febrero el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad le otorgó un subsidio por única vez de 30 mil pesos. “Fue lo único que logramos. Eso y una jurisprudencia que le pasaron al abogado para que use de referencia en la defensa de Nancy”, cuenta Pérez. El subsidió se consumió en medicamentos y algunos materiales para arreglar la casa.
El segundo pedido de prisión domiciliaria fue hecho por la defensa en abril de este año ante el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Mercedes. En junio el juez Eduardo Losada lo negó.
El Departamento Técnico Criminológico sugirió “la inconveniencia” de incluir a Nancy en el régimen de morigeración de la prisión preventiva. No tuvo en cuenta el informe integral criminológico que dice que es merecedora de un “concepto institucional bueno”: no tiene problemas en el trato con superiores ni con pares, hace cursos de oficios y retomó los estudios para terminar el secundario. Los informes médicos que presentó la defensa dan cuenta de una situación de salud que requiere cuidado: tiene hipertensión, una hernia de disco y miomatosis uterina.
—La perspectiva de género no debe reclamarse o pensarse solamente para los casos en que las mujeres son víctimas, sino también en aquellos en que son imputadas en determinadas condiciones, fundamentalmente cuando se trata de mujeres pobres, jefas de hogar, de familias numerosas, de hijos con discapacidades, como Nancy— dice Margarita Jaque a Cosecha Roja. Para ella la mirada de la Justicia debe tener en cuenta el entorno: “Quienes no tienen recursos son los que menos pueden eludir la acción de la Justicia. Los que eluden están en otros sectores, no en los más pobres”.
