Por Gabriel Ganon*
Mientras la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut conmociona a la población y provoca una crisis política en el gobierno nacional, en Rosario el juez Federal Vera Barros ordenó la detención de una veintena de policías involucrados en la desaparición forzada del joven Franco Casco. En Buenos Aires, la ministra Patricia Bullrich dijo que “no tiraría gendarmes por la ventana” y en Santa Fe Pablo Farías, Ministro de Gobierno Provincial, exigió “prudencia” a los jueces para no “estigmatizar” la fuerza. ¿Por qué el caso Maldonado nos recuerda a los desaparecidos de Santa Fe?
Que no se tiren urnas al río Paraná
En el recuerdo quedaba el 3 de septiembre de 2007, cuando asumió Hermes Binner y finalizaron los 24 años de administración justicialista. El primer gobernador socialista prometía un cambio histórico y afirmaba que su victoria exhibía el cansancio de la ciudadanía de que se tiraran urnas al río. Nadie volvió en Santa Fe a hablar sobre aquel construído mito popular que permitía imaginar a funcionarios policiales, arrojando votos opositores al agua en la oscuridad de la noche. Sin embargo, de lo que sí se hablaría es de un estado directamente involucrado en la desaparición en las aguas del río no de votos sino de los propios votantes.
Los records del gobernador Bonfatti
El sucesor de Binner, Antonio Bonfatti, no paró de sumar récords a su currículo: cinco desapariciones forzadas (Franco Casco, Luciano “Pichón” Escobar, Roberto Yrusta, Valentín Reales y Natalia Acosta), 25 homicidios cada 100.000 habitantes, el primer puesto en el ranking de muertes por violencia institucional y un jefe policial, Hugo Tognoli, condenado por dar protección a narcotraficantes. Como si fuese poco emulando los tiempos de Feced en la oscura dictadura Bonfatti entregó la dirección de la seguridad a ex Comandantes de Gendarmería. El actual gobernador Lifschitz mantiene esa política en la actualidad
Coincidencias fatales: gendarmería
Cuando ocurre una desaparición forzada no es consecuencia de la violencia que caracteriza a las fuerzas de seguridad sino de lo que los perpetradores saben o presumen: existe una coyuntura cultural, política, comunicacional y judicial que les otorgará impunidad. En los casos santafesinos, aterra las formas coincidentes que asume el encubrimiento para frustrar la investigación. Esos discursos políticos/judiciales, imágenes de filmaciones hábilmente truncadas, pistas y testigos falsos, y lo peor, el calvario que transitan los familiares de las víctimas volvieron a nuestra memoria al preguntarnos ¿Dónde está Santiago?
Los casos de Santa Fe
Natalia Acosta
Desapareció el 29 de mayo de 2009 cuando ejercía la prostitución en “Místico” (local de strippers de la peatonal santafesina). Recorrer el expediente judicial revela sin dudas la participación policial, judicial y política en el encubrimiento de su desaparición. Por eso, “Místico” no fue allanado ni se secuestraron cámaras de seguridad internas y externas. Policías, fiscales y jueces desviaron la atención sobre el club. ¿Por qué? Porque sus dueños mantienen aún hoy fuertes lazos con el poder local: Marcelo Boscarol, municipal y hermano del Diputado provincial Alejandro (UCR/Cambiemos), y Oscar Burtnik, juez de la Cámara Penal de Santa Fe. No por nada el local formaba parte de la cartilla de bares, restaurantes, hoteles, etc que el municipio promocionaba para el TC 2000. Ni Boscarol ni Burtnik fueron llamados hasta el día de hoy a declarar en el marco de la investigación. Nadie ha sido imputado aún por los hechos.
Roberto Agustín Yrusta
Tenía 32 años y estaba detenido en la cárcel de Bouwer (Córdoba). Era víctima de torturas físicas y psicológicas (asfixia con una bolsa de nylon, golpes, amenazas, traslados y cama de sujeción encadenado) que derivaron en un pedido familiar de traslado a Santiago del Estero. De un día para el otro lo llevaron sin conocimiento de su familia a las celdas de castigo de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda, Santa Fe. Sus familiares lo buscaron en Santiago del Estero, en Córdoba, etc nadie les daba respuesta. Estuvo desaparecido por varias semanas.
El último contacto fue el 7 de febrero de 2013 horas antes de su muerte: estaba alterado, golpeado, pidió que por favor lo sacasen de ahí. Horas después, cuatro meses antes de su libertad, la familia fue informada sobre su supuesto ahorcamiento en la celda. Sin embargo, la autopsia detallaba objetos encontrados en su cavidad anal – entre otras cosas un palo de regular tamaño-. Todo indicaba un empalamiento previo que nadie “advirtió”. Además, cuando le entregaron el cuerpo a la familia tenía ampollas en las manos, los pies hinchados, heridas y hematomas múltiples, un fuerte golpe en la cabeza e impactos recientes de balas de goma. Curiosamente, no registraba marcas de ahorcamiento. Ninguno de los funcionarios que tuvieron a su cargo la investigación tomaron nota de los detalles ni realizaron las medidas de prueba pedidas por la familia. La investigación del juez Sergio Carraro se cerró rápidamente con la versión del suicidio. En 2016 el Comité de Desapariciones forzadas de la ONU reconoció la existencia de violaciones a la Convención. A pesar de la condena al Estado los hechos siguen sin investigarse.
Franco Casco
Desapareció luego de ser ilegalmente detenido el 6 de octubre de 2014 bajo la cuestionable figura del doble A. Luego de la primera manifestación social en la que se pidió por su aparición con vida, el Secretario del Ministro de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, afirmó en sintonía con los fiscales Jorge Baclini y Guillermo Apanowics que “testigos habían visto a Franco pidiendo ropa en una parroquia”, “que tenían filmaciones en las que se lo veía con el torso desnudo corriendo por las calles de la ciudad”. El cuerpo de Franco Casco apareció flotando horas después de las declaraciones. Es el único de todos los casos, como ya se dijo, que se identificaron existieron avances en la investigación
Gerardo “Pichón” Escobar
Desapareció el 14 de agosto de 2015 alrededor de las 6 am a la salida del boliche “La Tienda” en el centro de Rosario. Allí lo golpearon “patovicas” y policías según consta en un registro fílmico prolijamente adulterado. Esas fueron las últimas imágenes de Gerardo con vida. Una semana después su cuerpo apareció flotando en el Río Paraná.
Luego de la autopsia la fiscal dijo que Escobar no tenía lesiones en su cuerpo en contraposición con el informe del perito médico de parte que detectó una fractura peneana, inflamación en los testículos y un golpe fuerte en la nariz con desprendimiento de la base del cráneo. Luego de varios meses la causa pasó al fuero federal. La primera medida que tomó el juez Marcelo Bailaque, hoy apartado de la causa, fue disponer el sobreseimiento y la libertad de las cinco personas detenidas. Aunque la decisión fue revocada por la Cámara Federal de Rosario, hasta la fecha no han existido avances de consideración en la investigación y los supuestos autores siguen en libertad y los policías en funciones.
Valentín Reales
El 15 de noviembre poco después de las 20 Reales de 15 años salió de una casa humilde de Cabín 9 en Rosario. Días después su familia realizó la denuncia por averiguación de paradero y las pocas diligencias de búsqueda que se ha realizado están a cargo del fiscal Apanowicz, quien delegó la investigación en la misma policía que estaría vinculada con la desaparición. El fiscal en ningún momento tuvo en cuenta que desde abril de 2016 Valentín sufrió varias detenciones por la policía del lugar y fue torturado. Según información brindada a las autoridades judiciales por allegados al adolescente la policía y los grupos narcos de la zona estarían vinculados con su desaparición. Esta hipótesis como en los casos anteriores no son tomadas en cuenta por la justicia.
Como lo afirmamos al comienzo, en la medida que desde el centro del poder político, judicial y de las fuerzas de seguridad no se gobiernen políticamente esas fuerzas de seguridad, se sigan construyendo discursos legitimantes que avalan la violencia institucional, se estigmatice a las víctimas, los hechos no se investiguen con diligencia y prontitud, las gravísimas desapariciones forzadas, como lo demuestra lo ocurrido en Santa Fe, se seguirán repitiendo.
* Ex defensor oficial de la provincia de Santa Fe
