Por Jessica Pishko
En la mañana del 28 de mayo de 2014, alrededor de las 8:20 a.m., policías uniformados derribaron la puerta de Sheila Kimball en el condado de Kennebec, Maine, y la arrestaron.
Sheila estaba descalza y vestía un pijama de felpa rosa. No pudo cepillarse el pelo ni ponerse los zapatos. La policía la esposó. “Vas a estar bien”, recuerda que le gritó un oficial cuando ella le dijo que las esposas estaban demasiado apretadas. La llevaron al tribunal, donde esperó sentada en el pasillo, todavía esposada.
Pero Sheila no estaba acusada de ningún delito. Fue arrestada para obligarla a declarar contra su esposo, Richard Kimball, quien estaba siendo juzgado por un incidente de 2013 durante el cual, dijo Sheila, le golpeó la cabeza contra el piso.
Sheila logró sacar a Richard de la casa esa noche y llamó al 911 y le dijo al operador: “Me golpeó como si fuera una bolsa de boxeo”. La policía llegó y encontró a Richard sentado en la entrada de la casa, descalzo, fumando un cigarrillo y con los nudillos de la mano derecha hinchados. Sheila estaba dentro de la casa con un ojo morado, moretones alrededor del cuello y protuberancias visibles en la cabeza.
Su hermana la llevó al hospital, donde el personal examinó sus heridas e implementó un kit de violación. Richard fue arrestado y detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Kennebec debido a su historial criminal.
Ocho meses después, cuando llegó el momento del juicio, Sheila ya había decidido no testificar contra Richard y planeaba no ir a la corte. No confiaba en la policía debido a que, en episodios de violencia anteriores, en su opinión, no la habían tratado con respeto.
En una entrevista dijo que no estaba segura de poder costear el viaje hasta Augusta para asistir al juicio. Por mensaje de texto le comentó a una amiga que estaba enojada por cómo la policía la había tratado en el pasado y que se negaba a ir a la corte. No quería participar de ello. Creía que esa era su prerrogativa como víctima.
Pero el fiscal del condado no opinó lo mismo. Sheila, todavía en pijama, fue llevada al estrado. Ella se negó a responder cualquier pregunta más allá de su nombre. “Pensé que tenía derecho a no testificar”, dijo. “Me sentí realmente estúpida”. El juez declaró a Sheila en desacato y le ordenó pasar 24 horas en la cárcel.
Richard se declaró inocente, pero fue declarado culpable y recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel y le reconocieron 44 días como tiempo cumplido. Durante la audiencia de sentencia, el juez dijo que probablemente la propia Sheila “era parte del problema”.
La idea de que las víctimas tienen la responsabilidad de ayudar a enjuiciar a sus abusadores está profundamente arraigada en el enfoque que el sistema legal adopta para abordar la violencia doméstica. Incluso mientras les miembres de la comunidad, les defensorxs y les líderes electes de todo el país debaten los méritos y la viabilidad de retirar fondos a los departamentos de policía, el apoyo a los arrestos por violencia doméstica sigue siendo relativamente alto, como producto de una larga guerra llevada adelante tanto por feministas como por quienes sostienen discursos de mano dura y punición. Aun cuando esto signifique el arresto y encarcelamiento de sobrevivientes de violencia doméstica, como Sheila, si se considera que son un obstáculo para el enjuiciamiento.
Pero, cada vez más, las víctimas y sus defensores argumentan que la policía y les fiscalxs a menudo no ayudan en situaciones de violencia doméstica y que, por el contrario, a menudo incluso generan daño. Sus voces se han amplificado en las últimas semanas mientras el movimiento para desfinanciar a la policía recorre la nación.
“La violencia de pareja se utiliza a menudo como una justificación para mantener la estructura policial, pero ese argumento no está respaldado por la evidencia que producen las ciencias sociales”, señaló por correo electrónico Leigh Goodmark, profesor de derecho en la Universidad de Maryland y codirector de una clínica que representa a las víctimas de abuso. Nos citó estudios que muestran que las sobrevivientes de violencia doméstica son menos propensas a denunciar el abuso cuando piensan que conducirá a un arresto, así como investigaciones señalan que la policía a menudo no simpatiza con las víctimas.
Otros estudios han observado que los propios policías son a menudo los perpetradores de violencia doméstica y sexual, lo que los hace inadecuados como fuente de ayuda, particularmente para las mujeres racializadas, que experimentan tasas mucho mayores de violencia (incluida la sexual), por parte de la policía. Su intervención también puede exacerbar ciertas condiciones como la inestabilidad económica o el trauma.
Sheila, quien le dijo a La Apelación (The Appeal) y a Investigaciones Tipo (Type Investigations) que sufre de dolor crónico, depresión y ansiedad, señaló que esas condiciones empeoraron con su arresto. “Me trataron como a un criminal”, afirmó en una entrevista. “Nunca pensé que una víctima sería tratada de esta manera”.
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La historia de la criminalización de la violencia doméstica es compleja. Durante mucho tiempo, ni siquiera era considerada un delito. La policía rara vez intervenía. En 1976, 12 víctimas entablaron una demanda contra el Departamento de Policía de Nueva York, alegando que ésta ignoraba sistemáticamente las llamadas por violencia doméstica. Una mujer testificó que un agente de la ley le dijo: “No hay nada que podamos hacer. Nuestras manos están atadas. La policía no puede actuar sin una orden de protección. Incluso si la tuviera, si su esposo la violentara y usted llamara a la policía, lo arrestarían y lo liberarían al día siguiente. Esto probablemente lo provocaría aún más y te colocaría en un mayor peligro”.
Pero actualmente, las llamadas por violencia doméstica son una de las pocas áreas de actuación policial en las que el arresto no sólo se alienta, sino que a menudo es obligatorio. Las denuncias telefónicas por violencia doméstica “constituyen la categoría más grande de llamadas recibidas por la policía”, según un informe del Departamento de Justicia de 2009. En algunos lugares, como Maine, donde Sheila fue arrestada como víctima, una gran cantidad de homicidios están relacionados con la violencia doméstica.
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A medida que el movimiento feminista se plegó al movimiento por los derechos de las víctimas, los defensores presionaron por penas cada vez más severas y los discursos de conservadoras de derecha y feministas de izquierda se alinearon. Por ejemplo, en 1983, Jeanine Pirro, quien ayudó a establecer una de las primeras oficinas de enjuiciamiento de violencia doméstica en los Estados Unidos, testificó ante el Grupo de Trabajo sobre Violencia Doméstica del Fiscal General de los Estados Unidos (U.S. Attorney General’s Task Force on Domestic Violence), diciendo: “Creemos que [la violencia doméstica] es un delito y la forma de abordarlo es con la intervención de la justicia penal “. (Pirro luego se convertiría en jueza y comentarista pro-Trump en Fox News).
La preocupación por entonces, como lo es para algunas personas ahora, era que la policía no estaba haciendo cumplir la ley. Como respuesta a eso, los condados y los estados comenzaron a aprobar leyes de arresto obligatorio, que requieren que les oficialxs realicen al menos un arresto ante cualquier alegación creíble de violencia doméstica, incluso si se trata de un presunto delito menor. Además, les fiscalxs implementaron políticas de “no desestimación de causas”, por las que todos los cargos de violencia doméstica deben sostenerse hasta terminar en un juicio o un acuerdo de culpabilidad, incluso si le testigx se retracta. Goodmark, que ha estudiado el tema, calculó que en la actualidad alrededor de 40 condados implementaron esta medida.
Aya Gruber, profesora de derecho en la Universidad de Colorado, Boulder y autora de un libro reciente sobre la intersección del policiamiento y el feminismo, dice que estas políticas ignoran el hecho de que las víctimas pueden estar tomando una decisión racional cuando se niegan a testificar contra sus abusadores. “Los enjuiciamientos por violencia doméstica benefician poco a las mujeres y, de hecho, pueden dañarlas”, explicó, “pero les fiscalxs están convencides de que están salvando la vida de mujeres”.
En el siglo XXI, un número creciente de arrestos por violencia doméstica son de mujeres, muchas de las cuales fueron víctimas. Obligades a cumplir con las leyes de arresto obligatorio, la policía arrestó a mujeres por actuar en defensa propia o en ocasiones arrestaron a ambas partes, una práctica que todavía es común. Incluso hubo acusaciones de que las mujeres recién liberadas ahora estaban “actuando con violencia” contra sus abusadores. Un artículo académico de 2001 sobre la violencia doméstica resumió esta idea al decir: “No todas las víctimas son totalmente inocentes o sin culpabilidad”.
Casi al mismo tiempo, les fiscalxs y jueces/zas comenzaron a utilizar citaciones judiciales, órdenes de arresto y órdenes de testigos materiales para obligar a las víctimas a testificar contra su voluntad. Un defensor incluso sugirió usar las leyes de tutela para obligar a las mujeres a cumplir con los procesos penales porque carecían de “juicio independiente”, y agregó que “una mujer maltratada está tan controlada que ha perdido su autonomía”.
Esas actitudes sobre las víctimas de violencia doméstica estaban también atravesadas por prejuicios de raza y clase. Las mujeres negras, que son víctimas de la violencia policial contra las mujeres de una forma desproporcionada comparativamente, a menudo se muestran reacias a participar en los abordajes policiales o judiciales sobre violencia doméstica. Las mujeres racializadas y pobres también tienen más probabilidades de experimentar los efectos de las políticas de arresto obligatorio.
Una encuesta de 2015 realizada por la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU), muestra una profunda preocupación por el trato sesgado de la policía hacia las víctimas de mujeres racializadas. Y defensoras como Mariame Kaba y Andrea Ritchie han pedido durante mucho tiempo sistemas sociales que ayuden a las sobrevivientes sin someter a las mujeres racializadas al trauma de la intervención policial.
Incluso hoy en día, existe una tensión entre el deseo de aumentar el castigo por la violencia doméstica (como las sanciones penales mayores para los casos en los que se ejerce la asfixia), y la idea de empoderar a las mujeres para que sean quienes tomen esas decisiones por sí mismas. Aunque la mayoría de las feministas contemporáneas probablemente no culpan a las mujeres por su propio abuso, pueden ver a las mujeres que no quieren participar en el sistema legal penal como irracionales o controladas por sus abusadores.
Mientras tanto, les fiscalxs tienen un incentivo para cerrar los casos de violencia doméstica, que, junto con las agresiones sexuales, son notoriamente difíciles de procesar y “ganar”. En Nueva Orleans, por ejemplo, se desestimó el 83% de los delitos menores de violencia doméstica. En los materiales de capacitación destinados a les fiscalxs del distrito de Luisiana, se les alentaba a realizar un seguimiento de les testigxs y se referían a aquelles que se retractaban como “traidorxs” que “traicionan” a les fiscalxs.
Esta actitud fue resumida por el fiscal de distrito de Nueva Orleans, Leon Cannizzaro, cuando fue citado por un canal de noticias de televisión local sobre un informe de 2017 realizado por la organización Monitoreo Judicial (Court Watch NOLA) que documentaba la palabra de víctimas de violación y violencia doméstica a quienes él había arrestado como testigxs materiales: “¿Es importante no generarle inconvenientes a estx testigx por un período muy corto de tiempo o es mejor para la comunidad sacar al agresor violento de las calles y mantenerlo fuera de las calles?”
En el caso de Sheila Kimball, la fiscal Maeghan Maloney reconoció en una entrevista que asume un abordaje duro contra la violencia doméstica. Ir en contra de los deseos de la víctima no es su preferencia, dijo, pero a veces es necesario. “Es un último recurso”.
Maloney se negó a comentar sobre el caso de Sheila específicamente, pero en declaraciones a la prensa en ese momento, dijo: “La razón [para arrestar a las víctimas] es que el procesamiento no es sólo para ella, sino para la comunidad. Cuando se trata de violencia doméstica, es probable que ella no sea su única víctima. No puedo dejar en sus manos si procesamos o no”.
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Aunque no hay cifras exactas sobre cuántas víctimas son encarceladas o amenazadas con la cárcel (mucho menos de aquelles que están amenazades con investigaciones de los servicios de protección infantil o enjuiciamiento penal por delitos no relacionados), los datos sugieren que hay un patrón en todo el país que apunta a la utilización del arresto y la cárcel para obligar a las víctimas a que cumplan los procesos penales.
La Asociación de Fiscalxs de Distrito de Louisiana (Louisiana District Attorneys Association) estimó que de 2012 a 2017, en 750.000 casos se otorgaron 150 órdenes para testigos materiales, incluidas algunas víctimas de agresión sexual o violencia doméstica. Se siguen utilizando órdenes de arresto para encarcelar a las víctimas incluso años después de que se haya desestimado el caso principal.
En el condado de Washington, Tennessee, que tiene menos de 150.000 personas, aproximadamente una víctima de violencia doméstica fue detenida mensualmente bajo órdenes judiciales de testigxs materiales, hasta que un canal local de noticias transmitió un informe que exponía la práctica.
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Aun así, no hay mucha evidencia de que el uso de la policía y la fiscalía ayude a disminuir la prevalencia de la violencia doméstica. Después de que un estudio de 1984 en Minneapolis señalara que los arrestos y el enjuiciamiento tenían un efecto disuasorio sustancial, uno de sus autores cuestionó los hallazgos originales tras una investigación adicional y dijo en 1992: “El arresto obligatorio tiene tanto sentido como querer combatir el fuego con gasolina”.
Hay quienes señalan que a menudo un abordaje centrado en la intervención policial se elige a expensas de otras soluciones, como la financiación de refugios y servicios. Por ejemplo, la Ley de Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA), que fue parte de la ley sobre delitos de 1994 (Violent Crime Control and Law Enforcement Act o Ley de Control y Persecución de Delitos Violentos), proporciona amplios fondos para arrestos y enjuiciamientos criminales, pero una proporción mucho menor para proveer servicios. Inicialmente, solo el 15% de los fondos de la VAWA se destinó a servicios sociales para sobrevivientes, y el número es similar en la actualidad.
El uso de arrestos para asegurar a las víctimas como testigxs parece ser particularmente común cuando son extremadamente vulnerables, ya sea por su profesión, consumo problemático de drogas o su estatus socioeconómico, lo que exacerba la preocupación de que las personas son sometidas a vigilancia excesiva sean las mismas que están siendo arrestadas como víctimas.
A partir de la década de 1990 y hasta el próximo milenio, se ordenó a la policía de Las Vegas que arrestara a les trabajadores sexuales, especialmente a menores, para asegurar su cooperación en el procesamiento de sus proxenetas. Los eufemísticamente llamados “arrestos por cortesía” y las detenciones de tiempo indefinido, según Geneva Brown, una jurista y activista, se traducían en “explotación y victimización”, particularmente si se considera que se trataba de adolescentes, a menudo provenientes de hogares abusivos, a quienes se les pedía proporcionar información a la policía sobre la industria del sexo.
En los últimos años, ha habido una creciente preocupación por estas políticas y un impulso, aunque mesurado y esporádico, para modificar las leyes y prohibir el encarcelamiento de las víctimas. En el condado de Harris, Texas, una víctima de violación fue arrestada y retenida en la cárcel del condado de Harris durante 27 días, clasificada equivocadamente como delincuente sexual, y se le negó tratamiento y medicación. En respuesta, tanto el fiscal de distrito del condado como el alguacil fueron destituidos de sus cargos y, en 2018, Texas aprobó una ley que prohíbe el encarcelamiento de víctimas de violación.
Muchos estados ya han comenzado a limitar de alguna manera el uso de órdenes judiciales de testigos materiales. En la década de 1990, les legisladorxs del estado de Nueva Jersey enmendaron la ley para evitar que les testigxs fueran encarcelades. Otros estados restringen la duración de las detenciones; en Arizona, por ejemplo, el límite es de siete días.
Pero las reformas a menudo se quedan cortas. En Nueva Orleans, varies demandantes se presentaron como querellantes en una causa, aún pendiente, contra la oficina del fiscal de distrito por arrestar y amenazar con regularidad a testigxs y víctimas. Incluso cuando los funcionarios electos de la ciudad exigieron que se detuvieran estos arrestos, un informe publicado por la organización Monitoreo Judicial mostró que, en 2019, les fiscalxs intentaron arrestar al menos a un puñado de víctimas por no testificar o comparecer (casi todas mujeres negras).
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Durante mucho tiempo, quienes trabajan con sobrevivientes de violencia doméstica han señalado los peligros para las víctimas que optan por una respuesta penal, explicando que su decisión de no testificar es a menudo racional: “Sabemos que los agresores toman represalias contra las víctimas de violencia doméstica que buscan responsabilizarlas a través del sistema de justicia penal”, dijo Allison Smith-Burk, directora de políticas públicas de la Coalición contra la Violencia Doméstica (Coalition Against Domestic Violence) de Georgia. “Ciertamente no deberían ser encarcelades o sancionades de ninguna forma por tomar esta decisión”.
Hay otras razones más allá del miedo a las represalias. En algunos casos, las víctimas dependen de sus parejas por motivos económicos o de cuidado de les niñes. Otras víctimas los aman o quieren mantenerlas fuera del sistema penal. En ocasiones, es posible que una víctima no quiera testificar contra su abusador si eso implica el riesgo de que cualquiera de las dos personas enfrente la deportación.
Pero más allá de desaprobar las políticas que encarcelan a las víctimas, el movimiento actual ha empujado a académicas y defensoras feministas a cuestionar la utilidad del sistema penal como solución a la violencia doméstica. “El hecho de que la policía haya sido la única respuesta no significa que sea la mejor”, dijo Goodmark, profesora de derecho de Maryland.
“Reconociendo cuán tóxica puede ser la intervención del sistema penal, el daño que puede causar a las víctimas y lo poco que hace para garantizar la seguridad, no hay justificación posible para mantener su estructura actual y sí hay muchas razones para sugerir que un mundo con policías menos financiadas produciría mejores resultados para las víctimas de la violencia”, escribió en un correo electrónico. “Lo que tenemos que hacer es determinar exactamente qué es lo que queremos de la policía en el contexto de violencia de pareja (una intervención de primera respuesta, por ejemplo) y encontrar sustitutos menos dañinos y más efectivos”.
Activistas en Minneapolis, donde el Consejo Municipal ha pedido la disolución del departamento de policía por completo a raíz del asesinato de George Floyd, han sugerido una combinación de unidades móviles de crisis, servicios para víctimas y acciones para desescalar la violencia. Su plan de acción coloca las necesidades de las víctimas ante todo y en el centro: “Las personas que sufren violencia doméstica necesitan tener garantizada su seguridad personal y la de otros miembros de la familia afectados por la violencia”.
Tanto Goodmark como Gruber, la profesora de derecho de Colorado, ven la inversión en servicios como una forma de prevenir la violencia, destacando instancias como el Programa de Inversión Familiar de Minnesota (Minnesota Family Investment Program), que brinda asistencia básica a las familias trabajadoras.
Gruber señala que, para realmente evitar la intervención de la policía, las víctimas y sus defensorxs deberán enfrentar algunas verdades sobre las raíces de la violencia interpersonal: “Algunas personas quieren que [su abusador] se pudra en la cárcel”, dijo. “Hay que decir que cualquier programa tiene costos, y promover abordajes que excluyan a la policía puede tener como costo que algunas víctimas no puedan obtener lo que requieren para poder darle un cierre a lo que experimentaron”.
Sin embargo, por ahora, muchos servicios para víctimas de violencia doméstica siguen dependiendo de que las víctimas cooperen en el juicio y encarcelamiento de sus agresores. En Honolulu, en 2016, la fiscalía principal abrió un refugio para mujeres donde la admisión requería que las mujeres aceptaran testificar contra sus abusadores. El grupo local de violencia doméstica retrocedió, diciendo que no apoyaba esta decisión. El refugio estaba programado para cerrar el año pasado, y el Consejo Municipal decidió reutilizar el espacio para destinarlo a aquelles que necesitaran refugio.
Para Sheila, las consecuencias del juicio y la detención son aún más traumáticas que la violencia doméstica que sufrió. “Mi vida entera está patas arriba por esto, mientras él va estar bien”, dijo. “Me tomó un tiempo no sentir miedo cuando alguien golpea a mi puerta”.
Mientras tanto, nadie se ofreció a arreglar su puerta. Dijo que el grupo local de apoyo a víctimas de violencia doméstica le sugirió que se mude y cambie su dirección, pero ella tiene familiares en el área y no se quiere ir.
“No creo que alguna vez vuelva a ser la misma persona”, dijo, reflexionando sobre su arresto. “No fui yo quien cometió un delito. Nunca olvidaré cómo me trataron esas personas “.
*Originalmente titulado “The defund movement aims to change the policing and prosecution of domestic violence” y publicado en The Appeal, un medio sin fines de lucro que produce noticias e informes sobre cómo la política pública, la política y el sistema legal afectan las poblaciones más vulneradas de EEUU. Traducido por Ileana Arduino.
Quienes traducimos no compartimos necesariamente todas las ideas formuladas por les autores de los artículos.
