Milenio.-

Fosas clandestinas. Sitios de destrucción química y mecanizada de cuerpos. Cabezas sin dueño y extremidades huérfanas. Osamentas. Cadáveres que fueron dañados a propósito para que nunca se les pueda identificar. Un resumen de la barbarie que se configura en herida permanentemente abierta. Al final del sexenio, incontables personas han sido víctimas de una de las acciones más atroces que pueda emplear el crimen organizado: la anulación.

En paralelo a la cifra global de personas que han sido enviadas a la fosa común, cientos de cuerpos de víctimas de homicidio han tenido otros destinos, desde formar parte de esfuerzos de propaganda e intimidación del narcotráfico hasta peor aún, integrarse a la lista de los borrados: hombres y mujeres a las que se trató de desaparecer en fosas clandestinas o destruyendo sus restos. Una práctica terrible que, en muchas ocasiones, ha tenido éxito.

Una investigación de MILENIO, basada en archivos policiales y medio centenar de solicitudes de transparencia presentadas ante autoridades estatales y federales permite rastrear el ascenso y expansión de tácticas de desaparición forzada por parte de la delincuencia a lo largo del sexenio. Es un fenómeno que toma velocidad en 2009 y 2010 y llega a cifras récord en 2011 y 2012.

Archivos desclasificados de la Policía Federal y la PGR advierten que un número imposible de definir de personas han sido eliminadas de la faz del país, disueltas en lo que solo puede describirse como “centros de procesamiento”: espacios creados por el crimen organizado para, literalmente, desaparecer todo rastro de sus víctimas.

La práctica, que salió a la luz en 2009 con el descubrimiento en Tijuana de un predio utilizado para desaparecer los cuerpos de asesinados —se estima que alrededor de 300 personas tuvieron ese fin ahí—, es más extendida de lo que se cree y abre un enorme hueco en la posibilidad de identificar a todos los desaparecidos del sexenio.

Datos entregados a este diario vía la Ley Federal de Transparencia revelan que el gobierno federal ha documentado la existencia de al menos 15 sitios para la destrucción de cuerpos en 11 estados y el Distrito Federal (INFOMEX/Policía Federal/ 041310081112). Dentro de ese total se encuentran dos contabilizados por la Procuraduría General de la República (INFOMEX/PGR/0001700170612).

Los sitios descritos en ambas respuestas de transparencia no pertenecían a delincuentes comunes y corrientes. En específico, la petición de información se refería a centros hallados “en el combate al crimen organizado”, de los cuales dos fueron ubicados por fuerzas federales en Ciudad Juárez, Chihuahua; uno en Pachuca, Hidalgo; uno en Puente de Ixtla, Morelos; tres en el Distrito Federal; uno en Durango, Durango; uno en Acapulco, Guerrero; otro en Piedras Negras, Coahuila; uno más en Villagrán, Guanajuato; y uno último en Uruapan, Michoacán. De dos más, se desconoce la locación exacta.

Subsecuentes peticiones de información para ampliar los datos sobre estos sitios —número de restos hallados, mecanismos de destrucción desglosados, direcciones exactas— están aún pendientes en el sistema de transparencia de la Policía Federal.

Pero de las descripciones que ya hay —entre ellas la utilizada por esa corporación para referirse al sitio hallado en Piedras Negras en junio de 2011— se puede adquirir una idea de lo difícil que será no sólo identificar los restos, sino calcular con precisión cuántas víctimas terminaron en estos centros, que pueden ser tan extensos como el predio de Tijuana o tan pequeños como un simple tambo repleto de combustible.

“Cantidad de cuerpos encontrados: se desconocen. Cantidad de partes humanas: se desconoce. Método utilizado para la destrucción: disuelto. Tambos agujereados. Botones metálicos de pantalón y restos de lo que podrían ser huesos humanos muy pequeños”, se expone en el expediente del sitio de Coahuila.

En el mismo sentido, los casos de cadáveres destruidos o mutilados intencionalmente para eliminar sus identidades también han sufrido un incremento. Es posible dar cuenta de este salto debido a que la División de Seguridad Regional de la Policía Federal mantiene un meticuloso banco de datos sobre cuerpos hallados por todo el país en circunstancias inusuales, sometidos a distintos métodos para evitar su identificación. Es decir, borrarles.

Estos casos han pasado de 37 en 2008 a 255 en 2012. Coahuila registra cinco. El Distrito Federal, tres. Durango, donde incluso se ha descubierto el uso de maquinaria para acelerar la destrucción de cadáveres, tiene 23 casos. Nuevo León lleva 13. Sinaloa, 30, y Veracruz, hasta el momento, 19.

De la información se desprende un dato adicional. La entidad en la que más se recurre a tácticas hiperviolentas no está en la frontera: es Morelos, particularmente Cuernavaca y Cuautla, que se han convertido en el epicentro nacional de esas prácticas. Las fuerzas federales han documentado en ambas ciudades 50 intentos por borrar las identidades de cadáveres o desfigurarles en extremo.

Al mismo tiempo, otro método utilizado para tratar de desaparecer cuerpos ha despegado casi verticalmente. Es el de las fosas clandestinas, cuyos casos más emblemáticos son los de Durango y Tamaulipas. Pero esa es una práctica que hoy es casi nacional. Cientos de personas enterradas han sido halladas por fuerzas de seguridad en 27 de 31 estados.

De seis fosas clandestinas contabilizadas por la PGR en 2007 se pasó a 84 en 2011, el grueso concentradas en Durango, Chihuahua y Guerrero. Pero hay más cifras que complementan los datos de la procuraduría: confrontada con reiterados hallazgos, la Secretaría de la Defensa Nacional también comenzó a contabilizar el número de cuerpos recuperados en 2011.

Desde ese año, el Ejército tiene documentadas operaciones para el salvamento de 160 cadáveres a los que se trató de enterrar y desaparecer en el desierto o la selva, en carreteras y campos despoblados o en viviendas utilizadas como casas de seguridad. La Marina, en tanto, lleva registros de 12 fosas clandestinas descubiertas por sus elementos, mientras que la Policía Federal calcula 56.

Y esos son solo los números federales. Algunos estados han iniciado sus propios conteos, según se pudo obtener de las solicitudes de información que no fueron rechazadas por las procuradurías estatales, el grueso de las cuales se negó a proporcionar datos al respecto.

Pero de las que sí contestaron sobresale la procuraduría de Chihuahua, que posee un registro sumamente detallado del número de cuerpos hallados en fosas clandestinas de 2007 a la fecha en esa, la entidad más afectada por la violencia en el sexenio.

En total, 168 cadáveres fueron descubiertos, según se desprende del oficio UIFGE I-303-2012, en el que se incluyen los nombres de predios, carreteras y lotes baldíos usados para ese fin, que no es otro que desaparecer un cuerpo. Muchos de esos registros pertenecen, por supuesto, a Ciudad Juárez.

La dependencia chihuahuense ha contabilizado también cuerpos “calcinados por completo en un intento por dificultar su identificación”. Son 92, de los que 50, nuevamente, pertenecen a Juárez.

Zacatecas ha hecho lo propio y ha llevado sus datos a otro nivel. Su procuraduría tiene ahora un banco de información de cadáveres a los que se les destruyeron las huellas dactilares con ácido o calcinación para imposibilitar, al menos por esa vía, su identificación. En 2006 solo seis personas cayeron en esa categoría, pero para 2011 la cifra casi se había multiplicado por 7: 42 cadáveres no tenían las yemas de los dedos. Con datos actualizados hasta agosto, 2012 ya rompió esa cifra, con 43 personas no identificables, sobre todo en los registros de Plataforma México.

Hay otros casos dentro de este complejo y amplio panorama de no identificados. Miles de mexicanos eludieron la fosa común pero terminaron en los anfiteatros anatómicos de las escuelas de medicina. Sus cadáveres, sin identificar, fueron donados después de que nadie les reclamara de los servicios médicos forenses. 2 mil 11 cuerpos han sido entregados para estudio de la ciencia, la mayor parte en el Distrito Federal.

Los documentos de todas las solicitudes, en las que se incluyen las direcciones de las fosas clandestinas halladas, estarán disponibles para la consulta del público en milenio.com.

MAPA DE LA HIPERVIOLENCIA

Para esta investigación, que se hizo de forma simultánea al esfuerzo de contabilizar el número de personas enviadas a fosas comunes (publicado por este diario hace dos semanas), se presentaron durante tres meses solicitudes de transparencia ante secretarías de Seguridad Pública, procuradurías generales y tribunales superiores de Justicia de 29 estados y el Distrito Federal, además de dependencias federales como el Cisen, la PGR, Policía Federal y las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina.

En algunos casos, nuevamente hubo estados que buscaron clasificar la información o dificultar el acceso a los datos, como Veracruz, Aguascalientes y el Estado de México, cuya Agencia de Seguridad Estatal reconoció solo haber encontrado siete cuerpos en fosas, mientras que la procuraduría dijo nunca haber concentrado datos de esa naturaleza.

Por su lado, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal argumentó no tener información de fosas clandestinas o decapitaciones, misma respuesta que la Secretaría de Seguridad Pública, esto pese a que ambas instancias cuentan con estadísticas altamente detalladas en muchos otros rubros de homicidio.

Pero esas omisiones fueron subsanadas con los datos de dependencias federales, que llevan registros separados de los gobiernos estatales. De ahí se desprende, por ejemplo, que en el DF la Procuraduría General de la República ha contabilizado 22 decapitados y una fosa clandestina.

El sexenio que fenece registra algunas de las peores brutalidades de las que se tenga memoria, sin que exista un registro global de ellas. Pero la investigación documental abre la oportunidad de establecer no solo el avance de la práctica de la desaparición forzada, sino trazar también un mapa de cómo la hiperviolencia se ha extendido en el país desde que en septiembre de 2006 seis cabezas humanas fueran lanzadas a la pista de baile de un centro nocturno en Uruapan, Michoacán.

Es una versión a nivel cártel de la doctrina militar estadunidense de sobrecoger a un enemigo mediante el shock and awe, aterrar y sorprender. Así, los datos obtenidos añaden una dimensión adicional a las cifras que apuntan a que el número de homicidios ha descendido. Si las ejecuciones van hacia abajo, la intensidad con la que el crimen organizado perpetra actos violentos —lo que puede catalogarse como hiperviolencia— va en sentido contrario, en aumento.

Si en 2006 hubo 32 decapitaciones en 13 estados, para 2011 la práctica se había extendido a 99 por ciento del país, con 488 casos en 29 entidades, según registros federales. Sumados a datos estatales también obtenidos vía las leyes locales de transparencia, 2 mil 354 personas han sido decapitadas por todo México.

Por estados, la entidad que acapara el mayor número de decapitaciones es Guerrero, con 308 casos documentados por autoridades federales y la Procuraduría General de Justicia. Le sigue Nuevo León, donde 303 personas han sufrido esta tortura. De ellas, 62 fueron enviadas a la fosa común sin haber sido identificadas.

En tercer sitio se halla Chihuahua, con 285 decapitaciones, y después Durango y Tamaulipas, cada uno con 215 y 131. En total, el número de personas que fueron decapitadas y que no pudieron ser identificadas, según información de los servicios médicos forenses estatales, fue de 124.

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Muertos sin reclamar

-Hace dos semanas, MILENIO publicó una amplia investigación de transparencia enfocada a determinar el número de personas que han sido enviadas a la fosa común este sexenio. Después de presentar más de 450 solicitudes de transparencia y de requerir datos a servicios médicos forenses, procuradurías de justicia de 27 entidades y las administraciones de panteones municipales, se pudo calcular una cifra conservadora de 24 mil 102 personas inhumadas bajo las siglas NN, Ningún Nombre.

De acuerdo con esa investigación, Veracruz encabeza los listados de personas sin identificar en cementerios locales, seguido por Nuevo León, Guanajuato, Sonora y Chihuahua. Por ciudades, las que registraron una mayor incidencia fueron Veracruz, Monterrey, Xalapa, Hermosillo y Villahermosa. Estados con altas tasas de violencia como Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Michoacán no dieron datos completos por lo que se estima la cifra final es muy superior.

Esta investigación, titulada “Los Ningún Nombre del sexenio” sigue disponible en milenio.com.

Los datos entregados permitieron establecer que el número de cadáveres sin recuperar de las planchas de los forenses estatales se incrementó sustancialmente hacia finales del sexenio.
(Víctor Hugo Michel/México)

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