“Diana Corazón / Acá tenés las travas para la liberación”, coreaban decenas de personas entre abrazos y lágrimas en el Palacio de Tribunales. Unos minutos antes un tribunal había leído la sentencia que condenó a cadena perpetua al asesino de Diana Sacayán. Hubo que esperar algunos días más para conocer los fundamentos de ese fallo, el primero de la historia judicial argentina que le puso nombre a esa clase de crimen: travesticidio.
Diana Sacayán era una militante por los derechos humanos y la igualdad. Hoy se cumplen tres años del día en que Gabriel David Marino la asesinó de 13 puñaladas en su casa del barrio de Flores. Tenía 39 años, siete más que la expectativa de vida del colectivo travesti-trans en Argentina.
Diana era travesti, descendiente de diaguitas y conurbana. Nació en Tucumán. Tenía nueve meses cuando su familia se trasladó a Buenos Aires y se instaló en Gregorio Laferrere, en la zona oeste del conurbano bonaerense. A los 17 asumió su identidad de género. Se dedicó a la prostitución y padeció la violencia policial.
La activista travesti, periodista y trabajadora social Marlene Wayar la recuerda como “un torbellino de lucha y energía”. En La Matanza se convirtió en una referente social y política todo terreno: militó por los vecinos de su partido, luchó contra la contaminación del Ceamse, quedó a las puertas de ser electa Defensora del Pueblo de ese municipio del Conurbano bonaerense en 2012 y ese mismo año se convirtió en la primera travesti en recibir el documento con su identidad de género autopercibida de la mano de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Diana fue todo eso y mucho más. Fundó el Movimiento Antidiscriminatorio por la Liberación (MAL) e impulsó la Ley de Identidad de Género y la Ley de cupo laboral travesti trans -aprobada unos meses después de su muerte- que establece que el uno por ciento de los y las empleadas de la administración pública de la provincia de Buenos Aires deben ser personas travestis y trans.
“El motivo del asesinato fue el odio del imputado hacia la víctima por su identidad de género travesti y su calidad de miembro del equipo de programa de diversidad sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas y dirigente del movimiento antidiscriminatorio de liberación”, dijo Luciana Sánchez, abogada querellante por la familia Sacayán durante el juicio.
El 3 de junio de 2015 Diana encabezó la primera marcha por Ni Una Menos. Entre la marea del colectivo de mujeres, travestis y trans llevaba un cartel con la consigna “Basta de travesticidios” y el pañuelo verde en el cuello exigiendo aborto legal, seguro y gratuito.
La potencia de su discurso fue proporcional a la potencia de la lucha del colectivo LGBTQI. El activismo acompañó cada una de las audiencias. En la última jornada siguieron el juicio desde afuera: había tanta gente que no entraban en la sala de tribunales.
“Diana era única. La lucha que hoy seguimos como continuidad de su militancia la mamamos y aprendimos de ella”, dijo a Cosecha Roja su hermano Sasha, actual coordinador del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), quien se cargó al hombro el reclamo de justicia. La sentencia histórica no cerró el reclamo de justicia. Hay otro proceso judicial abierto en el que se investiga las responsabilidad otros dos procesados, Félix Alberto Ruiz y Federico Cardozo.
Unas horas después del veredicto, sus familiares y el activismo organizó una conferencia de prensa. Para hacer un balance del juicio pero sobre todo para discutir sobre el travesticidio social: “Llamamos travesticidio social a todo el abandono que el estado permitió. Ya somos forzadas a prostituirnos, pero más allá de subirnos a un auto y que nos mate un cliente en la zona roja o en una esquina, las travas nos morimos todos los días. ¿Cuántas de nosotras nos fuimos a los 14 años de nuestras casas, nunca más volvimos y nuestras familias no saben nada de nosotras? ¿Cuántas de nuestras compañeras están abandonas en las cárceles? La prostitución es el corazón en este cuerpo que es el travesticidio social y la prostitución es el problema madre”, dijo la militante travesti Alma Fernández.
“Haber conseguido que la justicia utilice tanto la figura de crimen de odio como la violencia de género sin excluir a ninguna de las dos es una conquista política. Nuestras compañeras travestis-trans tienen derecho a vivir una vida sin violencia”, dijo la abogada Luciana Sánchez.
