Cómo investigó la Justicia el crimen de odio de Diana Sacayán

Cosecha Roja.-

A menos de dos meses del travesticidio de Diana Sacayán, hay dos sospechosos, procesados y detenidos. La investigación fue producto de un trabajo articulado entre el fiscal Matías Di Lello, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (Dovic) y organizaciones LGTBIQ. “Teníamos trabajo previo con la fiscalía, habíamos capacitado a los funcionarios judiciales en crímenes de odio y teníamos vínculos con la sociedad civil. Colaboramos con la fiscalía en la resolución el travestido gracias a todo ese trabajo de fondo”, dijo a Cosecha Roja Malena Derdoy, titular de Dovic.

La policía encontró el cadáver de Diana el 13 de octubre, con 27 heridas en el cuerpo. El Consejo Nacional de las Mujeres le avisó al equipo de Dovic y empezaron a trabajar: conversaron con UFEM y con Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional) y se comunicaron con el fiscal. Después fueron a la escena para contener y acompañar a la familia y los amigos. Incluso, había quienes se habían enterado del crimen por la televisión.

A sólo dos días del crimen, Mariela Labozzetta -titular de UFEM- dijo que se investigaba “a partir de la hipótesis de femicidio, es decir de que la muerte fue en razón del género, por odio de género”. La causa está en el Juzgado de Instrucción 33 y quedó caratulada como un homicidio agravado por violencia de género. A David M. y a Félix R. (los procesados) los detuvieron porque siguieron los datos de los testimonios, los cruzaron con las cámaras de seguridad y la información de las antenas de celulares y de una rueda de reconocimiento. El fiscal trabajó con el protocolo de investigación de femicidio de la UFEM.

“Tratamos de complementar el enfoque con los Principios de Yogyakarta -que permiten interpretar la legislación internacional de DDHH de orientación sexual e identidad de género-  y con el vínculo con las organizaciones”, dijo a Cosecha Roja Raúl Salinas, Coordinador del programa Especial para la Asistencia de Víctimas de Violencia Policial. Esa una de las cuatro áreas de Dovic -las otras son la de trata, violencia de género y de acompañamiento a niños y niñas víctimas de maltrato y abuso sexual-. “Las áreas dialogan entre sí, interactúan de manera permanente. El abordaje del caso de Diana fue desde los equipos de violencia de género y  policial”, contó Derdoy.

A Diana ya la conocían. El 27 de agosto había denunciado ante la Procuvin violencia institucional por parte de la Policía Metropolitana. La detuvieron cuando iba con cinco personas más en camino hacia La Plata porque se trataba en la legislatura el proyecto de Ley de Cupo Trans por el que ella había militado. Estaban esperando el Metrobus en Alsina y la 9 de Julio y discutieron con una persona que les dijo un insulto transfóbico. “De repente apareció la Metropolitana, no preguntó qué pasaba y atinó a reducirnos usando todo tipo de prácticas violentas, agresivas: a mí me tiraron contra un taxi que venía andando y me empezaron a arrastrar. Yo intentaba zafarme porque no quería me arresten ni que me tiren al piso porque no soy ninguna delincuente”, contó Diana a los medios en aquel momento.

Por ese hecho hay dos causas: una denuncia de los militantes en la Procuvin y una que inició la Metropolitana contra ella y un compañero por “resistencia a la autoridad”. Desde entonces, Dovic se reunía con Diana y con militantes de su agrupación MAL y los integrantes de Abosex. “Venimos desarrollando con la comunidad LGTBIQ una serie de acciones de promoción de derechos, talleres y capacitaciones internas y en el Mocha Celis -el primer bachillerato trans-”, contó Salinas

La consecuencia concreta de aplicar el protocolo de investigación de femicidio es que permite obtener datos del contexto, entender el fenómeno y no interpretarlo como un caso aislado. “Sirve para orientar la producción de medidas de prueba y no pasar por alto factores estructurales de violencia muy útiles a la hora de alcanzar la justicia”, dijo Salinas.

La Dovic acompañó la declaración de familiares y amigos, cuando tuvieron que retirar los restos de la morgue judicial y cuando tocó devolver el departamento de Flores que alquilaba Diana. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, eligió el caso de la militante como uno de los ejes de la reunión anual de fiscales del jueves pasado. Labozzetta dijo durante el encuentro: “La selección de este caso habla de un Ministerio Público Fiscal que trabaja con estrategias generales de política criminal, que tiene capacidad operativa y que se está consolidando en su rol constitucional de defensa y protección fuerte de los DDHH”.

Derdoy contó que desde la creación de Dovic, en agosto de 2014, ya asistieron a más de tres mil víctimas. “Los números muestran la aceptación que hubo internamente. En el caso de Diana, por ejemplo, el fiscal nos dejó acompañar”, dijo. El abordaje es interdisciplinario: hay trabajadores sociales, psicólogos y abogados. “Eso genera un lenguaje nuevo en el poder judicial, que de a poco se va permeando. Muchas veces nos toca ser traductores”, agregó.