Fotos: Marcelo Ochoa
Atahualpa Martínez Vinaya era un pibe que vivía en un barrio periférico, pobre, hijo de una inmigrante boliviana y un descendiente mapuche. Lo mataron por la espalda y su cuerpo fue descartado en un descampado, en uno de los tantos caminos rurales que hay en Viedma, la capital rionegrina.
El asesinato de Atahualpa contaba con todos los componentes para quedar perdido en la impunidad: desidia y negligencia policial; mal desempeño de funcionarios judiciales; líneas de investigación que surgieron de comentarios anónimos; acusaciones sin elementos de peso contra tres personas, pobres también y un sin fin de etcéteras.
Pero el crimen cuenta con un sólo elemento que mantiene vigente la búsqueda de verdad y justicia: una familia, que junto a la comunidad, se encargó de motorizar todos los procesos necesarios para no permitir el olvido. A la cabeza de esa lucha estuvo su madre, Julieta Vinaya, quien falleció en octubre del año pasado, enferma como consecuencia del dolor y el manoseo institucional.
Días atrás concluyó el segundo juicio oral y público. El primero se había realizado en 2014, con los mismos tres imputados y basado en una instrucción judicial cargada de irregularidades.
Carlos Morales Toledo, Belén Fernández Barrientos y Felipe Carrasco fueron juzgados dos veces por el homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego de Atahualpa Martínez. En ambas oportunidades fueron absueltos. Pasaron una década clamando por su inocencia, presos dos años y con medidas cautelares, ocho más.
Para llegar al segundo juicio, el Superior Tribunal de Justicia debió anular el primero, luego en 2016 la Corte Suprema de Justicia ratificó esa medida, pero no anuló la instrucción judicial y sobre ésta, la fiscalía a cargo de Hernán Trejo, la querella representada por la abogada Julia Mosquera y el ex juez Favio Igoldi debieron intentar un segundo debate esclarecedor, que no resultó como tal.
Pero antes de eso, para que el STJ reviera el primer juicio, hubo una revisión de la causa por parte de una comisión investigadora en el marco de la legislatura provincial, que se encargó de analizar todas las actuaciones y tomar declaración a testigos e imputados. En ese trabajo quedó plasmado lo que Julieta Vinaya sostuvo durante tantos años: que la investigación inicial fue una farsa.
Hoy, el Estado provincial le sigue debiendo a la familia Atahualpa todas las respuestas: quién lo mató, por qué, dónde y con qué arma, entre muchas más.
A Felipe Carrasco, Belén Fernández Barrientos y Carlos Morales Toledo les deben 10 años de acusaciones falsas.
El segundo juicio sirvió para agotar todas las instancias con los tres imputados y abrir, ahora si, la hipótesis más fuerte, que figuraba en la instrucción desde 2008 pero que fue desestimada por la fiscal a cargo, Daniela Zágari sin razón aparente: que el posible asesino de Atahualpa se llama Leandro Mildenberger, un conocido comerciante de la comarca Viedma-Patagones, relacionado en causas judiciales por venta de estupefacientes.
El Tribunal del segundo juicio, integrado por los jueces Carlos Mussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde, al dar su veredicto de absolución sobre los tres imputados, también pidió que se remitan las actuaciones a la Fiscalía para que analice investigar a Mildenberger.
Se abre una nueva esperanza de llegar a la verdad, tarde, posiblemente sin justicia, pero una razón poderosa para que Atahualpa y Julieta descansen en paz.
De policías y narcotraficantes
Aunque para el Fiscal Hernán Trejo había pruebas suficientes para condenar a dos de los imputados -Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo- a 17 años de prisión por ser autores del crimen (no encontró elementos para acusar a Belén Fernández Barrientos), ni la querella ni el Tribunal convalidaron esa teoría y así quedó asentado en el fallo.
Mildenberger fue señalado por varios testigos. Uno de ellos, de identidad reservada, fue quien más lo comprometió, reiterando lo que había sostenido en la instrucción hace 10 años. Pero además, el ex comisario Alfredo Sosa, quien se desempeñó como jefe de investigación en este caso, lo dijo sin tapujos.
En su declaración testimonial, reiteró lo mismo que había sostenido en el primer juicio. Que a su criterio “quien efectuó el disparo fue (Leandro) Mildenberger” también aseguró que Atahualpa “estuvo en el lugar equivocado” y que el disparo no era para el joven, sino que Mildenberger, la noche del 15 de junio había salido -junto a otras dos personas- a “apretar” pibes por deudas de drogas.
Ante la pregunta expresa por parte de Pedro Vega, defensor de dos de los imputados en la causa, de cómo había llegado a esas conclusiones, el ex policía señaló información que estaba en la instrucción. Se refirió a las escuchas telefónicas en donde otro policía Hernán Toloy, filtraba información “en las escuchas telefónicas, se desprende que hubo otros actores que ayudaron a este hombre a huir, a presionar a testigos, a utilizar policías para poder seguir impune”.
Policías y sospechosos se hacen amigos
-¿Lo conocía a Leandro Mildenberger? ¿Qué relación tenía con él?- preguntó el abogado querellante Favio Igoldi, a Hernan Toloy, que declaró como testigo en la sexta audiencia del segundo juicio por el asesinato de Atahualpa.
-Lo conocía porque su hermano era mi abogado. No éramos amigos, pero teníamos una relación fluida. Lo conocí cuando yo trabajaba en la sección Toxicomanía (de la Policía de Río Negro),haciéndole allanamientos en la casa, esto fue en el año 98.
-¿Charló sobre este caso con Mildenberger alguna vez?
-Si, lo estuve charlando con él porque era uno de los indicados. Cuando nos requieren (una autoridad policial) si podíamos recolectar datos, lo fui a ver a él porque quería ver si nos podía ayudar. Me dijo que no sabía nada del tema.
Toloy, que aún es miembro de la policía de Río Negro, no sólo tiene una relación fluída con un personaje implicado en el narcotráfico. También tiene sobre sus hombres causas por el mismo delito. Como si lo insólito no fuera suficiente. Toloy que está en actividad en la Fuerza, fue el encargado de enviar las notificaciones formales a cada uno de los testigos para que se presentaran a declarar en este segundo juicio.
Alfredo Sosa fue apartado de la investigación antes de llegar al primer juicio, pero además, de manera forzosa fue retirado de la Policía de Río Negro. Él cree que el motivo fue, precisamente, estar cerca de esclarecer el asesinato.
Por la misma época en que reportaba sobre las escuchas telefónicas y las relaciones de un personaje del narcotráfico con la muerte del joven, Sosa elevaba un informe a la fiscal sobre un delito paralelo, que se conoció años después. El oficio daba cuenta de que niñas y adolescentes institucionalizadas eran prostituidas por hombres mayores, a cambio de drogas y dinero.
A pesar de que el oficio estaba en el expediente de la instrucción, no se investigó y el escándalo saltó muchos años después por una denuncia de operadores del Ministerio de Desarrollo Social.
El escándalo se convirtió en una causa judicial, por la cual están presos varios hombres, entre ellos un ex juez, Juan Bernardi, que casualidad mediante, presidió el Tribunal del primer juicio por el asesinato de Atahualpa.
La red de complicidades estaba a la vista y quedó probado en el segundo debate. Por ello, la familia del joven se ilusiona con que el nuevo camino que tienen por delante los lleve no sólo a desenmascarar al autor del disparo, también a todos quienes lo protegieron a lo largo de una década.
