Diputados de todos los partidos recibieron a representantes de pueblos originarios, que desde el sábado acampan frente al Congreso de la Nación. La reunión ocurre a un día de la votación por la prórroga a la Ley de Emergencia Territorial Indígena. La norma vence el 23 de noviembre de 2017. En caso de no ser prorrogada, hay 1500 comunidades que quedarían desprotegidas y en riesgo de perder las tierras en las que viven desde tiempos ancestrales.
En un salón repleto, voceros de los pueblos Kolla, Mapuche, Qom, Whichis, Villela, Sanavirones, Guaraníes y Warpes exigieron que la extensión de la norma sea por los próximos cuatro años. “Sólo muertos nos sacarán de nuestro territorio porque para nosotros la tierra es la vida”, dijo Cristina, integrante de una comunidad de Santiago del Estero, frente a más de 25 legisladores.
“Ninguna comunidad va a abandonar sus tierras con ley o sin ley”, explicó Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que agrupa a casi 150 comunidades de la provincia. “La ley es la herramienta necesaria para mantener la paz social en Argentina”, agregó.
El encuentro fue convocado por la diputada Silvia Horne y contó con la presencia de diputados del FIT (Pablo López, Natalia González), PJ-FPV (Héctor Recalde, Oscar Martínez, Silvia Frana, Rubén Miranda), Libres del Sur (Victoria Donda, Graciela Cousinet), Frente Renovador, Movimiento Evita (Leonardo Grosso, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra), y Cambiemos (Horacio Goicochea, Patricia Jiménez, Alejandro Echegaray, Miguel Bazze, Sergio Buil, Paula Urroz), Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Lucila Duré (Partido Socialista), Gabriela Troyano (Partido Socialista). También participaron los senadores Juan Manuel Abal Medina (Movimiento Evita), Liliana Fellner (FPV), Norma Durango (PJ La Pampa), Nancy González (FPV) y María Esther Labado (FPV). La propuesta que se tratará mañana es la extensión de esta ley por un año.
¿Qué se vota mañana?
La ley 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 y daba un plazo de cuatro años para relevar los territorios de pueblos originarios en todo el país. La norma fue prorrogada en 2009 y 2013: en estos once años se inició el relevamiento de 759 de las 1532 comunidades identificadas. De esas 759, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) consideró que 459 comunidades tenían los relevamientos “culminados”. En otras palabras: se les reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública”.
Si bien la ley no contempla la titularización de las tierras, esa resolución es un paso previo imprescindible para avanzar en esa dirección. “El relevamiento es un reconocimiento del Estado de que un territorio es habitado por comunidad. Si la ley no se prorroga, quedan expuestas a posibles desalojos”, explicó a Cosecha Roja Luna Miguens, coordinadora del área de Derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Originarios, Amnistía Internacional, el CELS y otras 15 organizaciones lanzaron una campaña para pedir al Congreso Nacional que prorrogue la Ley 26.160 hasta noviembre de 2021. “El 60 por ciento de las comunidades registradas por el INAI quedarán a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad de ver relevado su territorio. La finalización de esta ley dejaría a las comunidades sin resguardo ante la posibilidad de ser desalojadas”, sostiene un informe de Amnistía Internacional.
Fotos: Maria Eugenia Olazabal
