Por Anna Dorn
Foto: Ye Jinghan en Unsplash
Hace una semanas, estaba tomando unos tragos con amigxs cuando recibí un mensaje sobre una persona que en ese mismo momento estaba disparando en el supermercado “El comerciante Joe” (Trader Joe’s) que quedaba en la misma calle. Nos acercamos todxs a la pantalla de un celular para ver las novedades en Twitter. Era una toma de rehenes. Empezaron a aparecer videos de la policía rescatando niñxs de los automóviles estacionados en la zona y de gente trepando por las ventanas del supermercado para poder salir. Finalmente, escuchamos que una mujer inocente había sido asesinada.
La manera ambigua en la que había sido redactado el tweet me permitió a mí, una defensora penal, entender que esa mujer había sido asesinada por la policía.
Al día siguiente, mis sospechas fueron confirmadas. Leí que la persona que portaba el arma de fuego empezó a disparar a la policía mientras entraba al supermercado. Dos oficiales le devolvieron los disparos, y uno de estos impactó en la mujer, una empleada del supermercado, matándola instantáneamente.
“¿Cómo puede ser que la policía abra fuego en medio de un lugar abarrotado de gente, en una tarde de sábado?”, preguntó l* vecin* de la víctima al diario Los Angeles Times. “No era un lote vacío. No era un depósito abandonado. ¿Qué clase de protocolo se requiere para poder disparar en un área comercial que está plagada de personas?”
El Departamento de Policía de Los Ángeles es la fuerza policial que genera más muertes en todo el país. Pero esto no es una anormalidad. Desde agosto de 2018, 625 personas fueron asesinadas por oficiales de la policía estadounidense; en 2017, mataron a 987. Solía pensar que aquello que motiva a una persona a convertirse en oficial de policía no es muy diferente a aquello que se requiere para ser un* criminal violent*: un deseo de adrenalina, cercanía con armas, y conflictos de alto riesgo.
Según el Centro Nacional para Mujeres y Vigilancia, al menos el 40% de los oficiales de policía han cometido actos de violencia doméstica en sus propios hogares. Esto significa que existe una mayor cantidad de oficiales de policía que jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que son violentos contra miembros de sus propias familias. A la luz de estas estadísticas, resulta ridículo que continuemos esperando que la policía disminuya la violencia, especialmente en el entorno hogareño.
En décadas anteriores, la policía solía responder a la violencia doméstica simplemente pidiéndole al presunto perpetrador que se calmara, yéndose luego. En los ‘70 y ‘80, las activistas feministas comenzaron a demandar a los departamentos de policía por no tomar la violencia doméstica con seriedad. Esto impulsó una reforma en la manera en la que se respondía, lo que creó un conjunto de nuevos problemas.
Te puede interesar:
En 1994, el Congreso aprobó la Ley de Violencia contra las Mujeres (Violence Against Women Act o VAWA), una pieza legislativa que implicó el gasto de 30 mil millones de dólares para financiar la contratación de cien mil nuev*s oficiales de policía en todo el país. Asimismo, aproximadamente la mitad de los estados promulgó leyes de arresto obligatorio que suponen que la policía tiene que arrestar al menos a una persona ante una llamada por violencia doméstica.
Este cambio hacia un modelo más punitivista ignoró que el aparato policial y el sistema de justicia penal a veces no están preparados para proteger a las mujeres de las agresiones y, en muchos casos, solamente las exacerban.
La escritora Victoria Law explicó que muchas de las feministas que hicieron lobby para la sanción de la VAWA silenciaron incontables historias de mujeres cuyas llamadas al 911 tuvieron como consecuencia una mayor violencia. Describió un caso en el que una mujer negra, en 1999, terminó con la nariz rota y el bazo fisurado luego de llamar a la policía para protegerse de su novio violento. “A menudo, las conquistas legislativas de feministas blancas y adineradas”, escribió Law, “lograron muy poco en términos de detener la violencia contra mujeres de menos recursos, o las más marginalizadas”.
Elizabeth Bernstein, profesora de sociología y dedicada a los estudios de género, acuñó la frase feminismo punitivo (o feminismo carcelario) en 2007 para describir la amalgama de herramientas punitivas para alcanzar metas feministas. En “Las Políticas Sexuales del ‘Nuevo Abolicionismo'”, critica a esta corriente por omitir considerar la desigualdad estructural subyacente que origina y promueve la violencia de género.
Law escribió que el feminismo punitivo no logra reconocer que “la policía es usualmente generadora de violencia y que las prisiones son siempre lugares de violencia”. Además, “ignora las formas en la que la raza, la clase, la identidad de género y la condición migrante colocan a determinadas mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad frente a la violencia, y que la mayor criminalización a veces pone a estas mismas mujeres en riesgo de sufrir violencia institucional”.
Unos años después de la promulgación de la VAWA, el Presidente Clinton dictó una reforma en materia asistencia social, que redujo en un 53% el número de personas beneficiarias (la mayoría de las cuales eran mujeres). “El desmembramiento de las políticas de protección social,” escribió Victoria Law, “removió la red de seguridad social que permitía a las sobrevivientes escapar de relaciones violentas”.
Al mismo tiempo, las leyes de arresto obligatorio habitualmente resultan en arrestos dobles, es decir, la policía detiene a ambas partes porque no pueden descifrar quién “agredió primero”. En su libro El Conflicto no es Violencia (Conflict is Not Abuse), la autora Sarah Schulman escribió que a menudo se arresta a la persona equivocada. “Las personas agresoras [mayormente varones] son quienes llaman a la policía, amenazan con acciones legales, mandan cartas documento, o amenazan o solicitan restricciones de acercamiento, como parte de su paquete de estrategias de culpabilización y control unilateral”.
Es más difícil arrestar y condenar a las personas verdaderamente violentas y abusivas, continuó Schulman. Y como las mujeres queer, migrantes, racializadas, trans, o incluso simplemente vistas como “ruidosas o agresivas”, no encajan en los estereotipos de victimización, muchas personas inocentes son arrestadas todos los días. En este sentido, el modelo estatal “protector” se vuelve un método adicional de violencia.
Schuman afirma que, a medida que se producía ese giro punitivo, programas de televisión como La Ley y El Orden (Law and Order) empezaron a hacerse populares, focalizándose en los delitos sexuales y la violencia doméstica. “En un episodio típico, una víctima absolutamente inocente, quien (…) es buena por naturaleza, es acosada/abusada/atacada por un agresor pura e inherentemente malvado”. Trabajé como defensora penal por diez años y ese escenario es completamente irreal.
Tal como escribí en un ensayo sobre la obsesión de las mujeres con el “crimen verdadero” para el sitio La horquilla (The Hairpin)**: “En muchos (…) casos, la culpa es algo impreciso. Raramente hay testigos presenciales; incluso si los hay, la memoria es imperfecta. La ciencia forense es poco confiable. No existe alguien que evidentemente sea un “buen chico”, y nadie es “malvado”. Víctimas y agresores por igual son víctimas de un sistema que repetidamente falla en protegerl*s”.
Para ese ensayo, hablé con el autor Joni Murphy, cuya novela Juventud Doble (Double Teenage) (2016) sigue la vida de dos chicas creciendo en los ’90, durante el apogeo de La Ley y El Orden. La protagonista mira el programa semanalmente con su padre, durante el cual ella cae en la “confortable dinámica” en la que un “ataque brutal” será seguido de un “rápido giro de justicia”. Murphy llamó al procedimiento un “proyecto de sistema” que afirma constantemente que l*s agentes policiales y fiscales distritales están “haciendo lo mejor que pueden” y que “saben cómo encontrar a la persona culpable”.
Te puede interesar:
Desfinanciar la Policía para cambiar el enfoque de la violencia de género
En mi tiempo como defensora penal, en repetidas oportunidades vi a l*s agentes policiales y fiscales distritales mentir, esconder o alterar la evidencia, y perseguir casos en contra de acusad*s inocentes. Vi cómo algun*s fiscales procesaban gente aun en contra de los deseos de las víctimas, solicitaban numerosos aplazamientos y presentaban pedidos de archivo escritos en cinco minutos y usando líneas argumentales como “la persona acusada es culpable porque no es inocente”. En ningún universo podría decir que estas personas están “haciendo lo mejor que pueden”.
Schulman repitió que hablar constantemente del “crimen verdadero” sirve al Estado para enviar el mensaje de que “las personas son o víctimas o agresoras, y por lo tanto la respuesta siempre es la policía (…)”. Concluye que este mensaje “reduccionista, dicotómico, sostenido en lo bueno/malo (…) justifica el poder de la policía y lo presenta falsamente como neutral, objetivo y libre de valoración”. En vez de desentrañar las causas estructurales de la violencia, nos compromete con un ” énfasis simplista y frecuentemente destructivo sobre quién tiene razón y quién está equivocado”. Al final, nos focalizamos en castigar al agresor malo como una manera de probar “nuestra propia honradez”.
“La ley está diseñada para proteger al Estado”, Schulman escribió, “no a las personas que son violentadas por el Estado”. Un ejemplo famoso son las leyes constitucionales conocidas como “parar y cachear”, las cuales habilitan a la policía a realizar libremente perfiles raciales. El modelo centrado en la parte agresora también permite que el Estado acceda más fácilmente a los hogares de las personas pobres, resultando inevitablemente en un aumento del encarcelamiento de las personas racializadas. En lugar de empoderar a las mujeres y otros grupos marginalizados, el modelo punitivo pone su suerte en las manos de la policía.
L*s jueces/zas no son mucho mejores que la policía y l*s fiscal*s. Un ejemplo del libro de Schulman narra la experiencia de su amiga Lillian, una abogada de víctimas de violencia doméstica. Lillian le contó a Schulman sobre un caso en el cual un varón golpeó a su pareja hasta el punto de dejarla hospitalizada tres veces. Lillian mostró las declaraciones juradas del hospital y el registro policial para probar la violencia, pero l* juez/a desestimó el caso, garantizándole al varón la tenencia compartida de l*s niñ*s. “Esa es la realidad diaria de Lillian”, Schulman escribió, “donde casos reales y corroborados de violencia física prolongada no son creídos por el sistema judicial.”
Esta anécdota me recuerda a mi propia experiencia como secretaria en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia, luego de la facultad de derecho. Mientras Lillian trabajaba en un “área rural”, el Tribunal Superior del Distrito de Columbia es conocido por ser una de las cortes más progresistas y cultas del país. Dicho eso, yo estaba horrorizada constantemente por los prejuicios evidentes que operaban.
Nunca olvidaré una experiencia que tuve en la justicia de familia, viendo a una mujer luchar por la custodia de sus hij*s.
Esta mujer estaba comprensiblemente sensible, llorando y afectada, mientras trataba de expresar sus argumentos. Su ex marido, por el contrario, estaba relajado y sereno. Él se comportaba como l*s abogad*s enseñan que deben actuar, la manera a la que l*s jueces/zas responden bien y respetan: como si nunca hubiera experimentado una emoción en su vida.
La jueza con la que yo estaba trabajando ese día me llamó a su despacho. “Ella está mintiendo,” dijo de la mujer que había pintado una viva imagen de un padre violento y ausente, rogando por la custodia completa de sus hij*s.
“¿Disculpe?”, le pregunté. “Ella está tratando de usar esas lágrimas para manipularme y yo no lo creo,” dijo, antes de marcharse de la oficina.
Un ejemplo de la incapacidad del sistema penal para proteger a las mujeres de la violencia puede ser visto en el reality show Encanto Sureño (Southern Charm) del canal Bravo TV, que sigue la vida de siete miembros de la alta sociedad de Charleston mientras derrochan sus herencias. Al político Thomas Ravenel, condenado por delitos graves y enfrentando varias acusaciones de abuso sexual, se le dio la custodia total de sus hij*s durante la disputa legal con la madre de sus hij*s, Kathryn Dennis. Él no sólo le negó a Dennis el acceso a sus hij*s, a quienes mantenía en la cochera donde eran cuidados por una niñera, sino que, con autorización judicial, la hizo someterse a análisis aleatorios para detectar la presencia de estupefacientes. Cuando su situación legal era mencionada en medio de cualquier conversación, Dennis lo describía con exactitud: “es la dinámica del club para ‘caballeros’ “.
La ley está diseñada para proteger a quienes la crean, y a aquellos que la sostienen: varones blancos.
Schulman escribió que la desigualdad estructural crea vulnerabilidad tanto para las personas como para el Estado. “La opresión”, escribió, “que es por definición un estado de vulnerabilidad, termina produciendo incluso más vulnerabilidad”. Y las personas vulnerables continúan siendo el blanco principal del sistema penal.
La información muestra que el número de mujeres encarceladas ha aumentado sustancialmente en las últimas décadas. En 1970, 5.600 mujeres estaban encarceladas a nivel nacional. En 2013, había alrededor de 210.000 mujeres en cárceles estadounidenses. Muchas de esas mujeres fueron psicológica y sexualmente violentadas antes de ser arrestadas, muchas veces por sus parejas. En Nueva York, el 67% de las mujeres que fueron condenadas por matar a alguien que conocían, estaban respondiendo a situaciones previas de violencia. En California, un estudio encontró que el 93% de las mujeres que mataron a sus parejas habían sido víctimas de violencia. La mayoría reportó que había recurrido a la violencia para salvarse ellas mismas o a sus hij*s.
Mientras tanto, el “homicidio íntimo” es una de las causas más comunes de muerte para las mujeres negras en EEUU.
Shulman propone apostar a un modelo más centrado en la víctima, o lo que es conocido como justicia restaurativa. Conceptualizada por primera vez por el criminólogo Howard Zehr en 1990, la justicia restaurativa reconoce las limitaciones del sistema punitivo. Más que el castigo, la meta es ayudar a l*s agresor*s a reconocer el daño que causaron y alentarles a repararlo en la medida de lo posible. Esta práctica surgió para responder el descuido de la justicia penal hacia las víctimas y sus necesidades.
Para otro ensayo en esta serie, hablé con una Defensora Pública que me dijo que castigar al acusad* no ayuda a sanar el dolor de la víctima. “¿Qué tal si ahorramos dinero a la sociedad y salvamos la vida de gente,” propuso, “aplicando tratamientos sostenidos en evidencia como la Terapia Cognitiva Conductual, para ayudar a sanar los traumas de l*s supuest*s agresor*s y l*s supuest*s víctimas, que se encuentran indudable y profundamente traumatizad*s?”
Fracasar en lograr un abordaje adecuado de las causas de la violencia íntima tiene implicancias enormes. El pasado otoño, la Radio Pública Nacional, reportó que aproximadamente el 50% de quienes protagonizaron episodios de disparos en masa en Estados Unidos y durante los últimos años, también han sido responsables de episodios de violencia doméstica. Cerca de ese mismo tiempo, la revista Fortuna (Fortune) escribió: “Aunque a menudo parece que no hubiese una razón para los disparos en masas, existe al menos algo en común entre muchos perpetradores: un historial de violencia contra las mujeres en sus vidas”.
La tragedia reciente en el supermercado Trader Joe’s comenzó como una situación de violencia doméstica en la casa de su protagonista, en el Sur de Los Ángeles. Se llamó a la policía y, al final de cuentas, una mujer inocente fue asesinada.
Si queremos evitar que incidentes como éste ocurran en el futuro, tenemos que revisar radicalmente la manera en la que en este país se responde a la violencia íntima en la pareja.
*Originalmente titulado “The Case Against Carceral Feminism. Reworking our approach to domestic violence” y publicado en Gen.medium.com. Traducido por Ludmila Azcue.
Quienes traducimos no compartimos necesariamente todas las ideas formuladas por les autores de los artículos
**Nota de traducción: La autora hace referencia a su trabajo “Why Are Women Obsessed With True Crime?”, publicado el 02/05/2017 en The Hairpin.
